Policíametropolitana telamLos organismos de Derechos Humanos denunciaron al estado argentino ante la Corte Interamericana por las pistolas Taser de la Policía Metropolitana: aunque el gobierno de la ciudad dijo que no iba a comprarlas, “no hay un solo acto, norma o indicio que” diga que están “encuentre vulnerando principios y garantías constitucionales, contenidos en normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”

Así lo explicaron en el escrito ante de la CIDH, institución a la que acuden luego de agotar todas las instancias judiciales en el país: “La Ciudad puso en duda las pruebas que demostraron acabadamente que las armas Taser resultan ser un elemento de tortura y muerte. Minimizó su uso, e intentó explicar que al tiempo que se elaborara un protocolo todo tipo de controversias respecto a su uso quedarían saldadas”.

En marzo, la Corte suprema de Justicia de la Nación rechazó dar lugar al recurso de queja presentado por el Observatorio de Derechos Humanos porteño con el acompañamiento de la Defensoría General y varios organismos de Derechos Humanos. Y habilitó a la Policía Metropolitana a usar las pistolas Taser, consideradas en el mundo como instrumentos de tortura. Así lo decidió hoy. “El fallo no explica por qué la fuerza puede equiparse con Taser y esta causa merecía una explicación”, dijo entonces a Cosecha Roja Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto de la ciudad.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda argumentaron que el recurso extraordinario presentado era “inadmisible” y que, por ello, desestimaban “la queja”. “Es llamativa la velocidad con que tomaron la decisión y la respuesta que dieron: quiere decir que no trataron el caso”, dijo a Cosecha Roja el abogado Demián Konfino.

En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia había dado vuelta las dos sentencias que prohibían la compra de las Taser. El ODH presentó un recurso extraordinario – junto a la Defensoría, Abuelas, HIJOS, CELS, APDH, CHA y Amnistía Internacional, entre otros- que suspendió preventivamente la medida y en septiembre se lo rechazaron. Argumentaron que se habían “adelantado al reclamo”, que no se había demostrado la existencia de daños concretos y que restaba esperar la definición de un protocolo de actuación para el uso de esa clase de dispositivos, según difundieron desde el Centro de Información Judicial. “¿Hay que esperar una víctima para interponer una acción? Eso va en contra de la acción preventiva del amparo”, dijo Konfino en aquel momento. A fines de octubre los notificaron del rechazo y presentaron un recurso de queja para que la causa pase a la Corte Suprema.

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Las Taser están consideradas un arma no letal pero en la practica pueden matar. El uso va en contra del tratado de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas al que Argentina adhirió en 2004. Según un informe de Amnistía Internacional, más de 600 personas murieron en Estados Unidos por descargas de pistolas Taser en manos de policías, entre 2001 y 2014. La Organización para las Naciones Unidas las cataloga como un instrumento tortura. Produzca o no la muerte, sea o no letal, el sólo hecho de dispararla provoca un “sufrimiento excesivo” y busca “doblegar la voluntad” de la persona.

“Los que las defienden dicen que si hay una persona con un cuchillo, esa pistola podría salvar una vida. De ahí surge la idea de que en el uso de esas armas subyace una actitud humanística. Pero son un instrumento de tortura, como una picana, te hacen desmayar y te dan convulsiones”, explicó a Cosecha Roja el periodista Ricardo Ragendorfer. Según los expertos, puede producir la muerte cuando se la aplica en personas medicadas o con problemas cardíacos.

En Estados Unidos, las Taser rara vez se usan como alternativa a las armas de fuego. Más bien, se disparan en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones. En noviembre de 2007 un policía le ordenó a Jarrel Gray -un afroamericano de 20 años- que mostrara las manos y que se tirara al suelo. Según la versión oficial, Jarrel se negó y el agente le aplicó dos descargas en el pecho con una pistola Taser. El joven cayó al piso boca abajo y recibió una nueva descarga aunque ya no podía moverse. Murió dos horas después en un hospital. Los amigos contaron que sufría de sordera parcial y que pudo no haber escuchado las órdenes de la policía. Un año después, un tribunal justificó el uso de la Taser.

Andrew Meyer quería hacerle una pregunta al senador John Kerry en la Universidad de Florida, en septiembre de 2007. La policía del campus intentó sacarlo del salón, lo tiró al piso y le aplicó una descarga con una Taser por “resistencia física”.

Baron Pikes estaba en el suelo, esposado y rodeado de policías. Como desoyó la orden de levantarse, recibió seis descargas con una Taser. Después lo subieron al patrullero y le dieron una vez más, directo en el pecho. Cuando recibió las últimas dos descargas ya estaba muerto: tuvo un paro cardíaco por las nueve descargas de 50.000 voltios.

Keith Graff estaba en el suelo cuando la policía de Phoenix, Arizona le aplicó la pistola Taser durante 84 segundos a corta distancia, sobre el pecho desnudo. Murió por un “delirio con excitación”. El gobierno local tuvo que pagar dos millones de dólares por la demanda que impuso la familia del joven de 24 años.

En las recomendaciones que hace el Comité contra la tortura sobre la situación de cada país, advierte preocupación cuando se trata de las armas Taser porque su uso puede llevar al abuso de la fuerza. Y la Metropolitana es una policía creada como “una fuerza de choque propia” que ya tiene un  historial de abuso: represión, violencia institucional y desalojos. Luego de la toma del Parque Indoamericano en 2010, la justicia investigó a 41 agentes por la muerte de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las heridas de bala de plomo contra otras cinco personas. En el desalojo de la Sala Alberdi hubo fotógrafos y trabajadores de prensa heridos con balas de plomo y por el caso hay tres policías procesados con prisión preventiva por “tentativa de homicidio agravado” y otros delitos.

En la represión en el hospital Borda 32 médicos, pacientes y trabajadores resultaron heridos. Por la represión, hay un agente de la Metropolitana procesado. En diciembre la justicia dictó el sobreseimiento de los responsables políticos de la Ciudad.

Cuando desalojaron el barrio Papa Francisco, el diputado Horacio Pietragalla vio cómo cinco policías de la Metropolitana arrastraban de los pelos a un pibe. “Fuimos a hablar con el responsable de la fuerza. De atrás, otros policías me pegaron piñas y me tiraron al piso. Después empezaron a disparar. Eran barrabravas, no canas”, contó a Cosecha Roja en aquel momento.

En mayo el oficial de la Policía Metropolitana Enzo Fabián Álvarez fue condenado por la justicia a la pena de prisión perpetua por rematar en el piso a un ladrón que había detenido en el barrio de Chacarita. Cuando Bruno Germán Pappa estaba en el piso el agente le disparó en la cara y lo mató. Otro policía a ver qué pasaba y Álvarez dijo: “No te apures que ya es boleta”.

El 7 de febrero ‘Robertito’ Autero, un pibe de 16 años que vivía en la calle y que andaba por la zona de Parque Rivadavia con tres amigos. El oficial de la Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres los encontró tratando de abrir un auto estacionado y dio la voz de alto. Ellos corrieron pero el agente disparó. Otro policía (de la Federal) detuvo a uno y los otros dos escaparon. El cuerpo de Robertito quedó tirado en Rosario al 300.

El 15 de diciembre del año pasado un patrullero de la Metropolitana chocó y mató a Nehuén, un joven de 18 años que iba en moto por La Boca. La versión del policía que manejaba es que iban a 37 kilómetros por hora. Los testigos dijeron que pasaron rapidísimo: al cuerpo de Nehuén lo arrastraron 23 metros. Y en diciembre de 2015, un agente le disparó tres balas a Lucas Cabello en un conventillo de La Boca.