El exilio del rufián. El juez Irygoyen, que reemplaza a Bruno, le da un nuevo impulso a la investigación. En marzo de 2001, se allanan las cajas de seguridad bancarias de Martins y de sus familiares sospechados de integrar la organización: encuentran gran cantidad de dinero y tres videos. Irygoyen ordena decodificar los diálogos de las cintas. En dos de ellas, Martins dialoga con hombres que podrían ser testigos de los juicios que enfrenta. El tercero es más comprometedor: se ve a uno de los camaristas que debe intervenir en la causa en “Top secret”, uno de los club nocturnos de Martins, con una prostituta sentada sobre las rodillas. El circuito de televisión cerrada, con el que el ex agente filma a los habitués de sus antros, es una de las primeras lecciones que le enseñó su jefe en la central de inteligencia, Jaime Stiuso. Por esos días, se supo que Stiuso -aún hoy activo en la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE- y un ex comisario de la policía Bonaerense, había ofrecido 750 mil pesos por un tape similar, que mostraba al juez Norberto Oyarbide en el local Spartacus, y le ofrecían a su dueño una cuota mensual de 70 mil más para instalar un sistema de espionaje sexual.

Sin embargo, los últimos artilugios de Martins no bastan para desanimar al fiscal Campagnoli. La acusación inicial se amplía a cohecho, falso testimonio, encubrimiento, asociación ilícita, corrupción y prostitución de menores. La cárcel efectiva puede no estar muy lejos. Es hora de cambiar de aires. El 18 de mayo de 2002 Raúl Luis Martins deja el aeropuerto de Ezeiza rumbo a México para no regresar más. No tiene mucho en su nuevo destino: algunos contactos y la fidelidad de unos pocos amigos.

Con Martins fuera del país, su equipo de abogados encabezado por Facundo Álvarez (hijo de Teodoro Álvarez, defensor del represor de la dictadura argentina Aníbal Gordon) sigue operando la causa judicial, con una batería de nulidades y recusaciones. Un tiempo después se eleva a juicio oral, pero el Tribunal Oral la anula por un error técnico. Remarca la “falta de fundamentos jurídicos” de una orden de intervención telefónica dictada por el juez Pablo Bruno contra Roberto Mirasoles, acusado de ser uno de los testaferros de Perciavalle, porque se apoyó en un informe policial violando “las garantías constitucionales”. A pesar de las pruebas que había en otro expediente judicial por el presunto pago de coimas al juez Oyarbide, la única condena que Martins se lleva a México son dos años y medio de prisión en suspenso, por la retención indebida de una camioneta.

La denuncia actual de su hija Lorena demuestra que su padre logró restablecer su red prostibularia a control remoto: hasta que estalló el escándalo hace un mes, Martins tenía siete prostíbulos en funcionamiento en la capital aregntina, pagaba 35 mil pesos mensuales a once dependencias de la Policía Federal, y otro tanto a jefes e inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para escapar a las clausuras, aparte de haber aportado fondos a la campaña del alcalde reelecto, Mauricio Macri.

El siglo de las luces. Según el Instituto Nacional de Migración, el fugitivo entra a México el 19 de mayo de 2002 por Tijuana –el Far West, como lo recordaría el mismo muchos años después- con una visa de turista por 180 días. Allí abre su primer prostíbulo y logra poner en marcha, en esa tierra lejana, su lógica de supervivencia. El 13 de noviembre de ese año entra a Cancún todavía como turista, pero con el título de director general de la empresa Café Ja Penco SA, con tiempo para renovar la visa hasta el 18 de mayo de 2003. Nunca le hizo falta.

En junio del 2004, el Instituto Nacional de Migración (INM) detecta el vencimiento de su nueva visa de trabajo. A través de la Secretaría de Gobernación, libran la alerta migratoria bajo el expediente SDRM 6495/2004. El pedido pone a prueba las aptitudes de los nuevos amigos del zar. El juez Segundo de Distrito, Alfonso García Lanz -también acusado de brindarle protección al cartel de los Zetas- emite un amparo para protegerlo. La Procuraduría General de la República (PGR) lo investiga como cabeza de una supuesta red trasnacional de prostitución y trata de blancas, con base de operaciones en The One, Cancún, y en el centro nocturno Maxim, enclavado en Playa del Carmen. Las investigaciones nunca avanzan.

Señalar la relación de Martins con Los Zetas es una constante en todas las acusaciones en su contra. Lo ratifica su hija en cada declaración, además de la travesti Alejandra Deraux -que actuó en The One- y la periodista Lydia Cacho en su libro “Las esclavas del poder”. Según los testimonios, Los Zetas le dan seguridad y, a cambio, Martins les entrega chicas.

El 15 de enero de 2004, cuando aparece muerto en Cancún el noruego Peterson Kenneth Turbjorn, alias Mike Arturo Wilson García, todos hablan de un crimen con el “sello narco”. Mike era novio de Lorena Martins, quien extrañamente se va del país a unos días de los hechos. Hasta antes de su muerte, Pederson vivía en los condominios Maralago, en departamento 10-D a pocos metros de la casa de Raúl Martins. Su cuerpo, con dos balazos en la cabeza, aparece en el interior de una camioneta Grand Cherokee abandonada en la zona hotelera, junto a dos pasaportes con su foto y distintos nombres, y tres licencias de conducir. Dos de ellas estaban expedidas en Sonora y en Sinaloa, a nombre de Michael Tyler González, una tercera identidad.

Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado pronto se desvanecen. Los medios de la época hablan de “instrucciones de las altas esferas del gobierno del estado” para acallar el crimen. Un informe policial -al que accedió la periodista Lydia Cacho- demostraba que el principal sospechoso era el padre de Lorena.

El 3 de agosto de 2006, cuando la redacción del diario de Cancún “Por Esto!” sufre un ataque con granadas, todos sospechan que es un mensaje de Los Zetas. Algunas versiones señalaron que el atentado se había planificado entre whiskys en uno de los boliches de Martins.

El señor de los videos. En febrero de 2007, distintas agencias estatales mexicanas lo ponen en la mira. El Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República, reportan sus operativos a la Secretaría de Gobernación. Se planea capturar a Martins durante la Operación Quintana Roo, promovida por el gobierno federal. La investigación comienza cuando el dueño de los centros The One y Maxim es denunciado por su ex abogado, Claudio Lifschitz, hasta ese entonces su mano derecha. “Los mejores clientes de The One”, dice el abogado ante la prensa y la justicia, “son narcotraficantes, empresarios y políticos”.

Lifschitz -él mismo denunciado varias veces por tráfico de mujeres- da detalles certeros. Habla de los lazos de Martins con el gobernador local. Los periodistas que cubren el caso chequean el dato sin mayor esfuerzo. Pero nunca lo atrapan. Se supone que varios agentes de la delegación Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración (INM) lo alertan a tiempo. Martins desaparece de la escena y sus abogados apelan a la Ley de Amparo. Desde entonces, han interpuesto más de 20 amparos que le permiten seguir al frente de la actividad prostibularia.

Cada vez que parece a punto de caer, la investigación se desvanece. Muchos repiten que hizo lo mismo que en Argentina: grabar vídeos, apoyarse sobre las cintas donde aparecen los funcionarios filmados en las mismas mesas que los capos narco, bebiendo del mismo whisky y rodeados de las mismas mujeres. Resta saber si ahora, que su propia hija arremetió contra él, aquel viejo truco aprendido en los años de la dictadura argentina vuelve a salvarlo.

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