Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-
Durante el gobierno del ex presidente José “Pepe” Mujica, Uruguay legalizó la producción, distribución y comercialización de marihuana: la ley habilita el cultivo casas y clubes cannábicos, y la producción estatal para venta en farmacias. El objetivo es hacerle jaque al narcotráfico y encarar la problemática desde la salud pública. Fue el primer país de la región que propuso una política de drogas en línea con el fin del paradigma del prohibicionismo. Esta semana la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU cargó contra la legalización de la marihuana y dijo que “afectará negativamente la lucha contra la droga”. Martín Collazo, militante de Proderechos -la ONG uruguaya que militó la ley- dijo a Cosecha Roja: “Es una oficina de burócratas, no son un espacio de representación política del pueblo”.
“La JIFE excedió sus funciones en varias oportunidades, al punto de inmiscuirse en la soberanía de los estados miembros. La declaración no sorprende porque siempre adoptaron una posición muy conservadora defendiendo a las convenciones como si fueran palabras sagradas”, dijo a Cosecha Roja Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Civil Intercambios. Cuando en 2011 Bolivia se retiró de la Convención Única sobre Estupefacientes porque no les aceptaron que mascar coca era una costumbre milenaria, la JIFE puso el grito en el cielo. Cuando en 2009 la Corte Suprema argentina consideró inconstitucional la persecución penal de quien consume drogas (Fallo Arriola), la JIFE se horrorizó.
A Uruguay se la tienen jurada desde que empezaron a discutir la reglamentación de cannabis. Ya en 2013 el presidente de la JIFE, Raymond Yans, trató al país de “pirata”. En el informe que presentaron en Viena en 2014 denunciaron que la ley iba en contra de la Convención. El entonces representante uruguayo ante la OEA, Milton Romani, respondió que el análisis era “sesgado” y que el organismo estaba “obsesionado por las iniciativas de cambio de la región”. Según Touzé, en sus declaraciones “parecía que sólo Uruguay se portaba mal pero no decía nada de la legalización de los estados de Washington y Colorado”. En el informe presentado el martes, junta toda todas las experiencias dentro de la misma bolsa y expresa “honda preocupación”.
La JIFE es un órgano “independiente y cuasi judicial” que se ocupa de velar por el cumplimiento de los tratados de drogas internacionales pero siempre sujeto a las normas internas de cada país. “Su función es reunir evidencia científica, evaluar y elaborar documentos y presentarlos ante la comisión de estupefacientes”, explicó Collazo. La declaración en contra de la legalización uruguaya se da en un contexto muy particular: la semana que viene habrá una reunión preparatoria de la Ungass-una sesión especial de la ONU sobre drogas- que se hará el año que viene.
“Durante las últimas reuniones de Naciones Unidas se revisó la política de drogas mundial. Hay mucha expectativa de la sociedad civil y los estados miembros de que se pueda cambiar algo. Esperamos que la región siga construyendo el consenso necesario para que Latinoamérica sea pionera en políticas de drogas que respeten los derechos humanos. El informe de la JIFE vuelve a endurecer la posición: creo que es una reacción a que hay movimiento”, dijo Touzé.
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En mayo de 2014 se reglamentó la ley que aprobó el Congreso en 2013. En ese momento se creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que se ocupa de otorgar las licencias y controlar el cultivo. Todos los uruguayos mayores de 18 años que se registren podrán comprar en las farmacias marihuana. También podrán cultivar en sus casa o juntarse con otros, formar un club cannábico y tener hasta 99 plantas.
En mayo comenzó el registro de los clubes cannábicos. El primero en hacer el trámite fue la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay. Collazo contó que si bien los clubes y el autocultivo funcionan, aún hay problemas: “Hay un desfasaje entre la voluntad política y lo que hacen los policías en la práctica, muchas veces por desconocimiento de la ley”. Los oficiales siguen entrando a las casas y secuestrando plantas que, después, los jueces les ordenan devolver.
A fines de enero se seleccionaron las cinco empresas -tres locales y dos extranjeras- que producirán y comercializar marihuana. Deberán envasar al vacío paquetes de 5 a 10 gramos. El máximo que los usuarios podrán comprar es 40 gramos. El polígono de plantación de tierras estatales ya está definido: son 24 hectáreas en Libertad (San José). “Si en un mes no se termina de entregar las licencias, por los tiempos de cultivo, vamos a llegar a los dos años de aprobada la ley sin marihuana en las farmacias”, alertó Collazo.
Foto de tapa: Télam
Fotos interior: Camila Chaia
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