Por Sebastián Ortega / @ElFantasista_
A simple vista la escena del departamento de Ezeiza parecía la de un suicidio: el cuerpo tendido sobre la cama con una herida de bala en la sien derecha y un arma al lado. Cuando el fiscal recibió los informes de autopsia y de balística, la causa dio un vuelco: el cuerpo de Gisela Dupertuis, policía bonaerense de 32 años, tenía golpes, había impactos de bala en las paredes y signos de pelea en el departamento. Jhonatan Guiliani, policía local de Ezeiza y novio de Gisela, quedó detenido el 13 de febrero de 2019 acusado de femicidio.
Después del crimen de Gisela otras tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas policías. Entre 2015 y 2017, según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, sólo en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires 23 mujeres fueron asesinadas por funcionarios de las fuerzas de seguridad en contextos de violencia doméstica. En la gran mayoría de esos casos los agentes estaban fuera de servicio al momento de disparar.
“La disponibilidad de armas de fuego en una casa incrementa los riesgos para la mujer, el arma canaliza otras violencias que hay en la sociedad, sobre todo violencias entre hombres y mujeres”, explicó a Cosecha Roja Juliana Miranda, integrante del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
Los femicidios cometidos por policías fuera de servicio son una consecuencia directa del “estado policial”, ese conjunto de derechos y obligaciones que convierte a los agentes en policías las 24 horas de los 365 días del año. Un mandato cultural que dice que deben estar armados y listo para actuar. Casi la totalidad de los policías hacen uso de ese derecho y después de la jornada laboral vuelven a sus casas con el arma reglamentaria. “La portación de armas no es solo un elemento de fuerza física, también es simbólica: se utilizan para ejercer hostigamiento y amenazas. No es problema privado de un policía, es un problema institucional, por lo tanto el Estado tiene responsabilidad”, explicó Miranda.
Este mandato, constitutivo de la identidad policial, se convierte en un peligro real para sus parejas o ex parejas: la presencia de armas de fuego en una casa aumenta cinco veces la posibilidad de que una mujer sea asesinada por su pareja.
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Gisela pasó la nochebuena de servicio. El 25 de diciembre de 2018 al mediodía festejaron la navidad en la casa de su hermana Jésica. Gisela y su novio, Jhonatan Guiliani, se quedaron hasta las 7 de la tarde. A la noche Jésica recibió varios mensajes de su cuñado. Él le contó que había peleado con Gisela y que se había ido de la casa. “Hasta ese momento no sabíamos que tenían problemas de pareja. Él con nosotros era todo un señor”, contó a Cosecha Roja Olga, la mayor de las hermanas Dupertuis. Después del velorio de su hermana se enteraría que él la hostigaba: le hacía escenas de celos, la perseguía y le revisaba el celular.
El 26 de diciembre poco antes del mediodía, Jhonatan llamó a su cuñada.
—Jesi, vení, Gisella se suicidó —le avisó a los gritos.
El departamento de Ezeiza, en el que la pareja vivía hacía menos de un mes, estaba vallado. “La policía nos dijo que era un suicidio”, contó Olga. Otro agente se acercó y les dio -en voz baja- un dato que los hizo desconfiar: en las paredes del departamento había tres o cuatro impactos de bala.
El 27 de diciembre la familia de Gisela le perdió el rastro a Jhonatan. Él no fue al velorio ni al entierro de su novia.
Los fiscales Claudia Barrios y Carlos Hassan caratularon la causa como ”averiguación causales de muerte”. La autopsia demostró que el cuerpo tenía golpes. Había cinco casquillos de bala en el departamento y cuatro impactos en las paredes. Y el desorden que había en la casa confirmaba que había existido una pelea. Con esas pistas la fiscalía dejó de investigar un suicidio.
Ahora los fiscales esperan los informes del análisis de los teléfonos de la pareja. El crimen tiene un único sospechoso: Jhonatan. Para los investigadores la asesinó e intentó armar una escena de suicidio. Los fiscales pidieron su detención. La policía lo buscó en su casa y en el trabajo. En el despacho secuestraron el arma reglamentaria. Él se mantuvo prófugo unas horas. Cuando se entregó quedó detenido acusado del femicidio de su novia.
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El modus operandi de Jhonatan Guiliani repite una lógica. “En muchos casos registrados en nuestra base, el policía trata de manipular la escena del crimen e inventar un relato”, explica Miranda.
“Es importante que se aparte de esas investigaciones a la fuerza a la que pertenece: existen mecanismos de encubrimiento que es necesario quebrar”, agregó Miranda.
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El oficial Héctor Montenegro pasó la madrugada de año nuevo en la comisaría del barrio Borges de Santiago del Estero. Aunque estaba de servicio al mediodía volvió borracho a su casa. Discutió con su pareja, Celeste Castillo, la mató de dos tiros con su arma reglamentaria y se suicidó. Ella tenía 25 años; él 24. Ese crimen fue el primer femicidio del 2019.
Romina Ugarte tenía 26 años. Trabajaba en el Comando de Patrullas de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. El 16 de enero discutió con su pareja, Nicolás Agüero, también policía Bonaerense. Él sacó su arma reglamentaria y le disparó en la cara, entre la nariz y las cejas.
—La maté sin querer —le dijo a los vecinos.
Seis días después los vecinos de Zapiola al 100, en Nueva Atlantis, Partido de la Costa, llamaron al 911 porque escucharon varias detonaciones en una de las casa. Los policías encontraron muertos al teniente de la Bonaerense Omar Ariel Acosta, de 53 años, y a su ex pareja, Mariana del Arco, de 32. La mujer tenía seis heridas de bala; él una. Según los investigadores, después de matarla con su arma reglamentaria se suicidó.
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Al igual que en el caso de Romina Ugarte y de Gisela Dupertuis muchos de los femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad las víctimas también son policías. Entre 2015 y 2018 nueve mujeres policías fueron asesinadas por sus parejas.
Según resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía de la Ciudad, aquellos agentes que tengan denuncias por violencia de género tienen la obligación de dejar el arma en su lugar de trabajo. “Es una buena práctica pero no alcanza”, explica Miranda. Solamente una pequeña cantidad de mujeres denuncia a sus parejas policías, por miedo a represalias o por vergüenza.
“En tanto no se aborde el estado policial como contrario a las políticas de reducción de la violencia, es muy difícil eliminar estos casos. Más allá de reformar leyes se necesita un cambio cultural adentro de la fuerza, más amplia y abarcativa”, explicó Miranda.
