Si llueve, mejor no te enfermes: así vive una comunidad wichí en Salta

En La Loma viven unas 300 familias. No tienen agua potable. Con las lluvias, los caminos de arcilla y tierra se vuelven intransitables. Las ambulancias nunca llegan y en los hospitales los maltratan. Por la cantidad de denuncias de muertes evitables, la Justicia salteña obligó al gobierno provincial a mejorar las condiciones de acceso a la salud. La comunidad pide por la reglamentación de la Ley 7856.

Si llueve, mejor no te enfermes: así vive una comunidad wichí en Salta

Por Edgardo Núñez
02/02/2022

Los meses de calor en Salta son también temporada de lluvias. En La Loma, una comunidad aborigen Wichí, los caminos son una mezcla de arcilla colorada y tierra. Cuando llueve, se vuelven intransitables. Incluso para las ambulancias. 

En marzo del año pasado Estela Climaco tuvo una crisis de asma. Bajo la lluvia, su hijo la cargó en la moto y encaró hacia el hospital de Embarcación. Estela iba sujetada de la cintura de su hijo. Cuando estaban llegando, se desvaneció y se cayó de la moto. 

“Fue impresionante ver a mi madre tirada ahí, sin respirar, una impotencia tremenda”, recuerda Marcos Bracamonte, integrante de la comunidad Wichí de La Loma e hijo de Estela. 

Estela murió ese día, bajo la lluvia, sin que un médico la viera. Tenía 59 años. 

Su historia es una de las tantas que sufre La Loma, una de las 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios en la provincia. Está ubicada en el departamento General José de San Martín, a 41 kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. En La Loma viven unas 300 familias. Son unos 1000 habitantes en total.

Nancy Villa tenía 14 años. El 9 de enero de 2021 su novio le cortó la garganta con un arma blanca. Ese también fue un día de lluvia en La Loma. 

“La ambulancia no llegaba, la chica pedía ayuda y nadie sabía primeros auxilios, nadie se quiso meter además. Una hora después llegó cuando la chica ya estaba muerta”, lamenta Mirco Neuenschewander, uno de los referentes de la Comisión Directiva Wichí. 

Mirco es uno de los que constantemente eleva los reclamos y de los pocos que tiene un teléfono celular para hablar con los medios y contar, con mucha indignación, el día a día de una comunidad aturdida de necesidades.

“Si te atienden no tienen remedios, si estás grave no tienen camas y en el hospital San Roque te tratan mal. Los doctores mismos no respetan, van a la hora que quieren, algunos les dicen ‘anda bañarte sucio’, y hay gente que no tiene agua, está enferma y le dicen así”, dice indignado.

Otro integrante de la comunidad es Sergio Simplicio, de 36 años. “Hay gente que tiene diferentes patologías, se requiere permanente asistencia y nadie le da suficiente atención a los pueblos originarios”, denuncia. Las dificultades son siempre las mismas: “En tiempo de lluvia no puede subir la ambulancia, se paraliza todo y lo sufrimos desde chicos a grandes”.

La falta de acceso a la salud no es la única postergación en la comunidad. A las carencias estructurales se suman servicios esenciales como el agua y la luz. 

“No contamos con energía, estamos enganchados con la luz pública y el agua hace más de 60 o 70 años que se pide un pozo y no tenemos resultados”, detalla Simplicio. Actualmente, el agua llega a cargo del municipio, pero al tener accesorios rudimentarios para guardarla -como bidones, baldes- en muchos casos llega contaminada y enferma a la población. 

“La ley 7856, que impulsa la creación de una red de apoyo sanitario intercultural destinada a los pueblos originarios, se sancionó en el 2014 y nunca se reglamentó”, recuerda Mirco. 

Martín Plazas, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, da talleres de empoderamiento jurídico en las comunidades. Explicó que la reglamentación de la ley puede beneficiar a la población en tres puntos: “La creación de facilitadores bilingües en los hospitales, la creación de albergues de tránsito para contención de la familia y la creación de una red sanitaria interinstitucional e intercultural”.

A raíz de varios hechos similares, hace unos días la justicia salteña ordenó al Gobierno provincial mejorar las condiciones de acceso a la salud de niños y niñas. Entre otras medidas, la obligó a designar facilitadores interculturales en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia social y sanitaria.

En las próximas semanas se analizará si el Estado salteño responde ante la justicia y garantiza, al menos para las infancias Wichí, el acceso a la salud y el acompañamiento. 

La comunidad, lejos de rendirse, sigue presentando reclamos y luchando por su territorio, con sus costumbres y su cultura