zafaroni
Desde inicios de 2016, convocado a hablar de nuestro presente y nuestro futuro en plazas y centros comunitarios del país, Raúl Zaffaroni comenzó a formular preguntas que tienen que ver con las transformaciones institucionales que necesitamos debatir si aspiramos a consolidar una democracia más plena. Las sistematizó luego en estas 21 preguntas: 

1) ¿Es correcto que el Poder Ejecutivo de turno sea quien distribuya discrecionalmente los impuestos que paga todo el pueblo?

2) ¿Queremos seguir tributando en base al consumo para que un cesanteado o un trabajador pague el mismo impuesto que un gerente transnacional al comprar un paquete de fideos? ¿No sería conveniente que la renta financiera, el juego, y la explotación minera pagaran más impuestos que los consumidores?

3) ¿Es justo que debamos pagar con nuestros impuestos, a lo largo de diez, veinte, treinta o más años, la deuda que decide contraer por sí y ante sí un ejecutivo que se va en cuatro años?

4) ¿Nos gustan los monopolios mediáticos que no se permiten en ningún país desarrollado? ¿Su prohibición, debería tener jerarquía constitucional?

5) Los derechos, ¿deben ser meramente declarados o necesitamos que sean realizados? ¿Debemos contar con instituciones (administración, justicia, etc.) que garanticen su realización?

6) ¿Necesitamos normas y tribunales de protección ambiental, para contribuir a detener la destrucción del planeta sobre la que advierte la Encíclica “Laudatio Si”? ¿Necesitamos normas constitucionales de protección a nuestra biodiversidad, al subsuelo y a los recursos naturales?

7) ¿Están adecuadamente contempladas en nuestra Constitución y en nuestras leyes el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos originarios?

8) ¿Necesitamos instituciones de jerarquía constitucional que garanticen los derechos al trabajo registrado, a la tierra y a la vivienda?

9) ¿Son necesarios recursos rápidos que resuelvan las violaciones al derecho a la salud y a la educación en forma oportuna y eficaz? ¿Será conveniente reconocer y proteger a las Universidades y a los hospitales públicos?

10) Las economías regionales, la economía social, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores, la agricultura familiar y los microemprendimientos, ¿deben tener un reconocimiento y una protección especial en la Constitución para evitar que se fundan ante eventuales planes de ajuste que siempre favorecen a las grandes corporaciones?

11) ¿Debería regularse de mejor manera la protección, propiedad y explotación de nuestros recursos naturales?

12) ¿Qué mecanismos institucionales debemos desarrollar para garantizar la soberanía alimentaria -entendida como la democratización en el acceso a la producción y el consumo de los alimentos- y la efectiva protección de los derechos de usuarios y consumidores?

13) ¿Necesitamos constitucionalizar las instituciones que garantizan una jubilación digna, y por lo tanto, prohibir todo intento de desbaratar el sistema solidario y análogos? ¿No sería conveniente establecer constitucionalmente una prohibición de rebaja de los índices de movilidad, para evitar que el gobernante de turno pueda rebajar las jubilaciones como tantas veces se hizo?

14) ¿Está bien tener una Corte Suprema de cinco jueces que resuelven en última instancia en todas las materias o es una concentración de poder poco republicana? ¿Estamos de acuerdo en que los jueces de la Corte Suprema y del resto de las instancias tengan cargos vitalicios o deberían renovarse después de cierto tiempo?

15) ¿Está bien tener un control de constitucionalidad difuso, que permite a cada juez decidir lo que le parece y detener la vigencia de leyes durante años? ¿Es necesario tener un tribunal constitucional en serio, cuya declaración haga caer la vigencia de la ley inconstitucional?

16) ¿Cómo puede ser que una misma ley que rige en todo el país pueda interpretarse de más de veinte maneras diferentes? ¿Sería conveniente contar con un tribunal supremo dividido en Salas que cumpla funciones de casación en todas las materias y unifique la interpretación de las leyes y haga previsible las decisiones de todos los jueces para preservar el derecho de igualdad ante la ley?

17) ¿Cómo podemos pretender una justicia democrática si no tenemos bien definido el Consejo de la Magistratura y no es claro cómo debe gobernarse y seleccionar a sus miembros?

18) ¿Necesitamos regular constitucionalmente las funciones esenciales de las fuerzas de seguridad interior (policía, gendarmería, prefectura, etc.) para poder controlar su actuación y reconocer a sus integrantes como trabajadores con derechos?

19) ¿Deberíamos asignar a las fuerzas armadas como función esencial la custodia y preservación del medio ambiente y los recursos naturales; como así también su actuación ante catástrofes?

20) ¿Sería conveniente asignar al Senado de la Nación su actuación sólo en aquellas leyes que puedan comprometer a las provincias, en vez de hacerlo en toda la legislación general?

21) ¿Podemos debatir nuestro sistema presidencialista y pensar qué herramientas institucionales debemos desarrollar para que una crisis política grave no se convierta en una crisis de sistema?