toniniMaría Florencia Alcaraz – Cosecha Roja.-

En Salta, el edil Aroldo Tunini  sigue la tendencia de otras provincias y presentó un proyecto “Pro Vida” que busca frenar – entre otras cosas- la aplicación de la Ley existente de Aborto no Punible. La Comisión Legislación del Concejo Deliberante provincial se expedirá el 8 de abril. 

“La misma fe, la misma esperanza”, anuncian  pósters en las calles de Salta donde aparecen el Papa Francisco y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. La iniciativa del edil Tunini, del bloque Salta Federal, ya fue rechazada hace dos semanas por la Comisión de Derechos Humanos por no respetar la decisión de  la Corte Suprema de la Nación, sobre la no punibilidad de la interrupción del embarazo en caso de violación.

El proyecto de Tunini, bajo el ala del senador nacional Juan Carlos Romero, del peronismo disidente,  quiere prohibir el “uso, distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la Municipalidad de Salta” de la anticoncepción hormonal de emergencia, que previene embarazos no deseados;  la denominada “pastilla del día después”. Además, suspende  “en forma inmediata” los protocolos de atención de los abortos no punibles. Lo cual va en contra de la decisión de la Corte, que exhortó a implementar protocolos hospitalarios

Esta iniciativa,  respaldada  también por el diputado nacional del PRO Alfredo Olmedo, fija una asignación económica para incentivar a las víctimas de una violación que resultan embarazadas a continuar con esa gestación. La Comisión Legislación del Concejo Deliberante provincial, que debía pronunciarse ayer, se expedirá el 8 de abril.

“El proyecto es inconstitucional, atenta contra la libertad reproductiva de las mujeres y realiza una clasificación de nosotras como las gestadoras y las no gestadoras”, dijo a Cosecha Roja, Gabriela Gaspar, la presidenta del Instituto de género del Colegio de Abogados de Salta. En esa línea, Gaspar agregó: “Salta es una provincia católica, en la que la religión y el Estado se mezclan. No se visibiliza la figura del Estado como laico”.

En Salta se creó una “Guía de procedimientos para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles”  aprobada por el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud Pública. Esta Guía cuenta con dos denuncias de inconstitucionalidad ya que parte de su contenido contradice el fallo de la Corte Suprema que establece que no hace falta autorización o prueba de la violación.

“La presión social es tal que vamos a esperar a que pasen las Pascuas para realizar alguna acción concreta en relación a esta ordenanza. Entendemos que con la designación de un Papa argentino y el clima que genera la Semana Santa está todo más sensible”, agregó Gabriela Gaspar.

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Obstaculizar la Ley

Un relevamiento de Cosecha Roja detectó, al menos, unas veinte  ciudades autodenominadas Pro Vida en todo el país. Estos nombramientos son impulsados por Acción Católica e intentan obstaculizar la elaboración del Protocolo de Abortos No Punibles en las provincias. Además, pretenden anticiparse a la posible legislación sobre la despenalización del aborto. En el sitio web de Acción Católica existe una  guía paso a paso para que las autoridades locales o los mismos vecinos propongan que su ciudad sean “Pro Vida”.

“La presión social de campañas como éstas justifica la misoginia de los médicos que no permiten que se hagan los abortos en las provincias – dijo a Cosecha Roja Christian Gruenberg  de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

La línea gratuita “Aborto: más información, menos riesgos”, donde la organización brinda información sobre aborto con pastillas misoprostol, un medicamento legal  y que se compra en cualquier farmacia, recibe 5000 llamados al año de mujeres que quieren saber cómo abortar.

Según las cifras del Ministerio de Salud en Argentina se realizan alrededor de 500 mil abortos por año. De acuerdo con un informe reciente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)  solo 5 provincias se encuentran en concordancia con lo dispuesto por la Corte Suprema: Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego.

Otras provincias adhieren de manera parcial al pedido de la Corte. Estas son La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Salta y Entre Ríos.

Las provincias que todavía no se han pronunciado con respecto a la realización de sus protocolos son diez : Mendoza, San Luis, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan.

“Existe una disputa política por el cuerpo de las mujeres que se dirime entre estas acciones que se promueven. Estas campañas refuerzan la clandestinidad del aborto. Hace que los abortos sean más inseguros. Por más que la ciudad o la provincia se declare Pro Vida las mujeres van a seguir abortando clandestinamente o en sus casas”, agregó Gruenberg.