En Bahía Blanca empezó el proceso oral y público con más acusados en el banquillo. Los fiscales solicitaron sumar imputados y unificar. También denuncian desmantelamiento de estructuras del Estado que apoyan juicios de lesa. Hay quejas por un cronograma con audiencias muy espaciadas.
Esta semana empezó el juicio por delitos de lesa humanidad más grande de la provincia de Buenos Aires. Nunca antes en este territorio hubo tantos acusados por crímenes de lesa en el banquillo. Es el tercer tramo que investiga al V Cuerpo del Ejército, y el cuarto juicio por terrorismo de Estado en Bahía Blanca, coordenada emblemática de la complicidad civil. En principio eran 39 los imputados, pero el martes 11 de octubre, cuando arrancó el proceso, eran 35: cuatro ya fueron apartados por razones de salud.
Se los acusa de delitos contra 103 víctimas en el territorio del V Cuerpo del Ejército, que se asentó en esa ciudad pero extendió sus redes hacia la Patagonia articulando recursos con otras áreas. Son ex miembros del V cuerpo del Ejército, de la VI Brigada de Infantería de Neuquén, del Destacamento de Inteligencia 181, de Policía Bonaerense y ex guardias del centro clandestino La Escuelita.
Podrían ser más: la fiscalía hizo un pedido para lograr un único juicio, que se ocupe de todo el universo de las víctimas y agote el de los imputados, incluyendo a más de una docena de marinos y prefectos de las bases de Puerto Belgrano y Baterías. Los organismos de derechos humanos y las querellas acompañaron la petición, que el tribunal rechazó. La Cámara de Casación debe expedirse al respecto. “Hay ejemplos en donde se ha resuelto favorablemente y los juicios se han acumulado”, explicó a Cosecha Roja el fiscal Miguel Ángel Palazzani, que junto con José Nebbia interviene desde la Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad. Los querellantes son Mónica Fernández Avello por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Walter Larrea por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El proceso oral y público empezó con media audiencia. Fue el martes a las tres de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. “Comenzó con muy buen marco de público, afuera y adentro del tribunal”, contó a Cosecha Roja Alejandra Santucho de H.I.J.O.S Bahía Blanca. Los organismos ven con preocupación el calendario previsto para las audiencias. “Van a ser espaciadas, semana por medio, con media audiencia los martes y una los miércoles. Debería ser un juicio ágil, ya tuvo otras dos partes de Ejército, hay cosas que fueron probadas, testigos que declararon en juicios anteriores. Creemos que esta frecuencia lo va a hacer más lento, podría durar no menos de un año largo”, estimó Santucho.
La cantidad de imputados -varios ya condenados en Bahía Blanca, Neuquén y Buenos Aires- y los operativos para su traslado, generaron un fuerte movimiento en la zona. Otros acusados estuvieron presentes en ventanas de computadora, ya que asistieron por videoconferencia desde diversos puntos del país donde también se los juzga o fueron condenados: San Pedro (Jujuy), San Rafael (Mendoza), Junín (Buenos Aires), entre otras localidades. Sólo un tercio llega al juicio sin condena previa.
Al terminar la primera audiencia, las agrupaciones convocaron a una charla sobre Democracia y Juicios de Lesa Humanidad, de la que participaron los fiscales, la abogada querellante Mónica Fernández Avello, el abogado y periodista Pablo Llonto. La segunda audiencia fue ayer y se prolongó hasta tarde. Todavía se leen los requerimientos de elevación a juicio unificados, que involucran diversos centros clandestinos, entre ellos “La Escuelita” (en el predio del Cuerpo V del Ejército), “El Galpón” y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; “El vagón de tren”, “El Galpón ferroviario” y la División Cuatrerismo, dependientes de la Policía Bonaerense, y la Unidad Penal N°4, en manos de penitenciarios bonaerenses. Hacia allí iban a parar algunos sobrevivientes después de pasar por los centros de tortura.
La usina mediática de los “enfrentamientos”
De las 103 víctimas, alrededor de la mitad fue desaparecida o asesinada. En Bahía Blanca, se dio una característica singular en torno a los famosos ‘falsos enfrentamientos’. “Muchas víctimas estuvieron cautivas en La Escuelita, donde fueron torturadas y después aparecieron ‘abatidas’ en enfrentamientos en casas desocupadas, donde las fusilaron. Algunas familias lograron recuperar su cuerpos y se pudo probar, a partir de peritajes, que habían sufrido torturas. El diario La Nueva Provincia publicaba entre las noticias estos operativos, y los presentaba como grandes logros del ejército”, cuenta Alejandra Santucho desde H.I.J.O.S.
En 2014, el juez Álvaro Coleffi llamó dos veces a indagatoria al dueño del diario, Vicente Massot, y ordenó allanar La Nueva Provincia en el marco de otra investigación por el asesinato de dos obreros gráficos en 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. “Acá todo lo que tiene que ver con los juicios a civiles está paralizado por la corporación judicial de Bahía. Massot sigue teniendo el mismo poder que en ese momento. Coleffi lo citó y mandó a allanar el diario, avanzó también con la complicidad de la Iglesia. Hoy este juez está apartado del fuero, le inventaron causas de escuchas truchas, es un muerto civil. Trasciende la persecución judicial a un Rafecas, a un Rozanski, pero acá cuesta visibilizar. Lo que le hicieron a Coleffi es escandaloso”, dijo Santucho.
Botín de guerra
El Tribunal está a cargo de los mismos jueces subrogantes de otros procesos: Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava, llegados desde Mar del Plata, Santa Rosa y Azul. Además de los delitos de asociación ilícita, homicidio, tormentos y privación ilegal de la libertad, se juzga la sustracción del hijo de Raúl Metz y Graciela Romero, nacido en cautiverio. Fue una de las tantas historias que resonaron ayer en la sala durante la lectura de los requerimientos.
Graciela y Raúl (nacido en Bahía Blanca) tenían 24 años y una beba de uno, Adriana; militaban en el ERT-ERP y vivían en Cutral-Có (Neuquén). Los secuestraron en su casa, en la madrugada del 16 de diciembre de 1976, en un operativo del que participaron integrantes del Ejército y de la policía de Neuquén. Graciela estaba embarazada de cinco meses. Los sacaron esposados y casi desnudos, y los obligaron a subir a un vehículo. El procedimiento fue observado por vecinos del lugar, a los que las fuerzas de seguridad agredieron e intimidaron. La beba fue entregada a una vecina. Se sabe que estuvieron en un centro clandestino de Neuquén.
En el viaje hasta La Escuelita de Bahía Blanca, Graciela fue golpeada y torturada en el vientre con picana. Una sobreviviente contó que Raúl permaneció acostado en el piso, con los brazos atados a la espalda. A fines de enero lo trasladaron. A Graciela también la obligaban a pasar los días acostada, vendada y maniatada. Dos meses antes del parto, la revisó un enfermero o médico que recomendó la dejaran caminar para que el parto fuera “más fácil”. Le permitían dar diez vueltas alrededor de una mesa. El 16 de abril de 1977 Graciela empezó con contracciones. Una compañera de cautiverio pidió asistirla o acompañarla, pero no la dejaron. Sin asistencia médica, dio a luz a un varón al día siguiente. Alguien puso agua a calentar para bañar al bebé. El 23 de abril Graciela fue trasladada de “La Escuelita”. El 20 diciembre de 1976, el padre de Raúl, Oscar Metz, denunció ante el departamento de Confluencia el secuestro de su hijo y su nuera.
La pareja está desaparecida y su hijo hasta ahora no ha sido localizado.
También está el caso de María Graciela Izurieta y Ricardo Alberto Garralda, militantes de la JUP, secuestrados el 23 de julio de 1976 en su vivienda de Bahía Blanca. Ella estaba embarazada de tres meses. También los vieron en “La Escuelita”. Alberto apareció asesinado el 25 de octubre de 1976 en un enfrentamiento fraguado. Su hijo debió haber nacido en febrero de 1977. Los guardias que “custodiaban” a las dos mujeres, estaban sentados en el banquillo de los acusados en el aula magna.
Denuncian desmantelamiento de apoyo a juicios
“Comenzar un juicio en Bahía Blanca, el cuarto por crímenes del terrorismo de Estado, no es poca cosa”, dijo el fiscal Palazzani. Por un lado, porque en Bahía Blanca fue (y es) difícil quebrar la impunidad por estos hechos, “sobre todo en lo que tiene que ver con los civiles cómplices”. Por otro, “porque atravesamos un contexto de deslegitimación desde los propios estamentos del Estado”, explicó. Y ejemplificó: “Se han desmantelado los organismos que venían apoyando estos juicios desde el Estado (acompañando víctimas, aportando documentación, etcétera). Por eso, más que nunca, debemos intensificar el trabajo en los juicios pero también afuera, difundiendo lo que significan para la construcción de una democracia más fuerte, con base en la justicia y la reconstrucción de la memoria colectiva. No hay democracia posible con impunidad de estos hechos”.
En los tres juicios que precedieron a éste hubo 46 condenas y ninguna absolución. La lucha de los organismos de derechos humanos fue crucial, así como el trabajo del fiscal general Hugo Cañón desde el ‘80, que continuó la Unidad Fiscal liderada por Abel Córdoba, Nebbia y Palazzani. Hugo Cañón, nacido en Bahía Blanca en 1947, falleció en un accidente de tránsito a principios de año. Esta semana, muchas personas lo recordaron especialmente. “En épocas difíciles, se mantuvo firme y hoy, seguro, estaría acompañándonos”, dijo Palazzani ayer al terminar la audiencia.
Foto: Luis Salomon
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