Cosecha Roja.-
Durante dos años acosaron a las hermanas adolescentes de entre 13 y 16 años que vivían en la calle: las llamaban por teléfono, las levantaban en Parque Lezama con patrulleros, las disfrazaban de policías para disimular y las llevaban al Cuerpo de Montada de la Federal para abusar de ellas. Hoy empezó el juicio contra seis policías y un agente penitenciario por abuso sexual y corrupción de menores. Uno de ellos se negó a declarar, otros negaron todo.
A veces las metían en los móviles ocultas. Otras, les ponían el uniforme. Cuando las jóvenes pudieron acercarse a la Justicia, los oficiales las amenazaron. Los abusos fueron entre 2009 y 2011 y, aunque sólo se pudo identificar a siete, se calcula que fueron más de 20. No todos llegaron a juicio porque las adolescentes contaron que usaban apodos y que no saben los nombres reales.
La querella consideró que “hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas”. Abusaron de ellas por su edad y también por sus “historias de vida”. A veces, les daban plata. Otras, comida.
Las llevaban al predio de la Policía Montada y también al Cuerpo de Policía de Tránsito, a la División San Martín de ese ferrocarril, a la estación Devoto y a una pensión para policías de la calle Warnes, en Paternal. Una vez que llegaban, las obligaban a mantener relaciones sexuales con quienes estuvieran.
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Los imputados -Sebastián Borfitz, Héctor Palavecino, Héctor Martínez, Gustavo Salinas, Mauricio Acevedo, Miguel Campero y Jorge Acevedo- están acusados de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en forma reiterada” y “corrupción de menores agravada mediante violencia y amenazas”.
Los policías llegaron al juicio en libertad porque en la etapa de instrucción se consideró que no había peligro de fuga. Durante la primera audiencia, en el Tribunal Oral en lo Criminal 17, los policías se negaron a declarar. Los jueces Alejandro Nocetti Achaval, Pablo Daniel Vega y Juan Giúdice Bravo pasaron a un cuarto intermedio y se espera que el próximo viernes empiecen a declarar los más de treinta testigos. El juicio es a puertas cerradas y los procesados y las víctimas no se encontrarán en ninguna audiencia. Cuando ellas declaren, ellos lo podrán seguir sólo por teleconferencia.
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El primer fiscal a cargo del caso fue César Troncoso, pero consideró que no debía avanzar. La querella pidió la recusación del magistrado y la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó inició un sumario disciplinario. El fiscal Fernando Fiszer fue el que avanzó y logró el procesamiento: demostró que la precisión con la que las hermanas describían los lugares hacía creíble el relato y se apoyó en informes psicológicos y psiquiátricos.
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