Jueza impone diez años de internamiento a menor
San Salvador, 11 de noviembre 2011 (Interjust). El Juzgado 3º de Menores impuso la medida definitiva de diez años de internamiento contra un adolescente de 17 años, procesado por homicidio agravado en perjuicio de David González, de 32. La jueza, Yanira Herrera, luego de haber establecido la agravante de la premeditación, impuso la medida. El imputado continuará en el Centro de Internamiento “Sendero de Libertad”, en Ilobasco, departamento de Cabañas. Según datos del proceso, el homicidio se registró a la 1:20 p.m. del pasado 18 de julio en la zona donde se comercializan “tortas mejicanas”, en el parque “Hula-Hula” de San Salvador. La víctima ya había abordado su vehículo cuando el menor le disparó. El móvil del hecho no fue clarificado. En el hecho fueron capturados en flagrancia el acusado y un vigilante del lugar. Asimismo no se logró establecer si el menor perteneciera a pandilla alguna. El proceso pasará a la orden del Juzgado 2º de Ejecución de Medidas.
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La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, obliga a los estados firmantes a dar prioridad a las “medidas alternativas a la internación”. A Naciones Unidas no le excita la idea de encerrar menores, y ese criterio lo aplica parejo a sociedades tan dispares como la suiza, la china o la salvadoreña.
El Salvador ratificó la Convención en julio de 1990, y en el plano jurídico la intención de respetarla es incuestionable. En la Ley Penal Juvenil vigente la privación de libertad se define como excepcional y se explicita que será “por el menor tiempo posible”. La Política Nacional de Juventud 2011-2024, elaborada durante el Gobierno del presidente Mauricio Funes, tiene entre sus metas a corto plazo “ampliar en un 30% las medidas alternativas a la privación de libertad”. En otras palabras: El Salvador se ha comprometido a priorizar las amonestaciones orales, los servicios a la comunidad y la libertad asistida para jóvenes como los de Sendero de Libertad.
El representante en el país de Unicef es un puertorriqueño llamado Gordon Jonathan Lewis. Cuando solicité hablar con él, creí que se atrincheraría en la defensa de la Convención y de los otros cuerpos normativos apadrinados por Naciones Unidas, como las Reglas de Beijing o las Directrices de Riad . Sin embargo, el escenario que planteó fue mucho menos radical, e incluso sugirió que, siempre que se respeten los principios rectores, El Salvador debería buscar su propio modelo para abordar la violencia juvenil.
—Esto no es negro o blanco; existe la posibilidad de que un Estado tome medidas que incluso contraríen reglas y directrices, solo que ante el Comité de los Derechos del Niño hay que justificar que responden a una realidad en el terreno, después de una evaluación rigurosa y sostenida. Pero en El Salvador hay una serie de realidades a las cuales tenemos que responder.
Lewis se refería, obvio, a las maras.
—El problema en El Salvador –dijo– es que estamos buscando soluciones inmediatas a problemas estructurales. Pero, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Que tenemos un modelo económico y productivo que fomenta la desintegración familiar y el debilitamiento de las estructuras comunitarias.
Dos décadas después de la ratificación de la Convención, el país tiene una arquitectura jurídica que poco difiere de la suiza, pero hablar de cambios en el modelo económico y productivo sigue sonando a chino.
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En Sendero de Libertad cualquier día, a cualquier hora, por cualquier motivo puede haber un linchamiento, una pelea entre bandos o un amotinamiento. O todo a la vez.
—Aquí mucho depende del estado de ánimo de los jóvenes –me dijo una vez Paulino.
En el fin de semana del 8 y 9 de octubre los jueces remitieron a cinco niños. Pasaron sus primeras noches en los módulos tercermundistas de la Portería –el procedimiento habitual con los recién llegados–, y el lunes en la tarde, después de que el psicólogo y los orientadores se convencieron de que no eran pandilleros, los llevaron al Sector 1. Allí los esperaban 120 jóvenes con el verdadero examen de admisión.
Hubo suerte dispar en los interrogatorios. A uno le compraron que era civil y se quedó en la Casa 6, la de los provisionales. Otros dos salieron relativamente bien librados: nomás los zarandearon, les dieron pescozones y los expulsaron del sector el mismo lunes, por la sospecha. Los últimos dos, una pareja de primos detenidos por extorsión y venidos desde Nueva Concepción, en Chalatenango, no pasaron el examen. Pero ese día ahí quedó todo.
—A un recién llegado lo entrevistan orientadores y psicólogos. ¿Qué hacen ustedes para concluir lo contrario que ellos? –pregunté otro día a un ex de la MS del Sector 1.
—¡Es que ellos solos se descosen! A las personas se les conoce por el hablado, por cómo caminan, por dónde viven… Y aquí activos sí que no queremos.
—Pero vienen sin tatuajes ni marcas, ¿cómo saben si están brincados?
—Es que no es que sea brincado o no. Media vez una persona anda en esto, ya estuvo. Mire, el deschongue del año pasado fue porque de años dejaron entrar activos que decían que no, que yo tranquilo, y muchos hastabróderes se hicieron para mientras, ¿y qué pasó? Hicieron su grupito, levantaron ala, y terminaron quedándose con el Sector 2. Y por eso reventó esto.
Visto así, tatuar una sentencia de muerte en forma de dos letras tachadas no deja de ser un macabro mecanismo de defensa.
Quizá eso les esperaba a los primos de Nueva Concepción. Como si lo supieran, pasaron todo el martes 11 de octubre pegados al portón de acceso al sector. Pero poco antes de las tres y media de la tarde, la turba se les fue encima e inició el ritual del linchamiento. Pero esta vez el inconfundible sonido de unos balazos se apoderó de todo el reclusorio.
En Sendero de Libertad, la seguridad perimetral la brindan custodios de la Dirección General de Centro Penales y fuera de las instalaciones hay un mínimo contingente de militares. Cuando el linchamiento inició, fue el custodio del garitón de vigilancia el que disparó su arma al aire en repetidas ocasiones. Lejos de replegarse o tirarse cuerpo a tierra, los jóvenes la emprendieron a pedradas contra el garitón y obligaron al custodio a parapetarse. El linchamiento no se interrumpió. Un soldado de la entrada, al escuchar la bulla, también disparó su fusil de asalto.
—Si no dejan de disparar esos cerotes, vamos a topar el centro –gritó altanero el más influyente de los líderes del sector.
Un orientador se la jugó. Entró, cargó al menor que estaba más a mano y lo sacó. Al otro le fue peor. Inconsciente, tuvo que esperar a que Pedro y Paulino llegaran desde el edificio de la Dirección. Pedro lo cargó en brazos como pudo, y se lo llevaron de urgencia a un hospital. El bicho estaba desconectado, me dijo un menor. Le habían abierto la cabeza con una barra de hierro.
—Sin esos disparos, lo hubieran matado –me dijo Pedro días después.
Al joven que amenazó con topar el centro lo llamaremos el Pincha. Es un ex de la MS con condena de siete años y al que me presentaron como alguien “de choque”. Su nombre apareció en incontables conversaciones durante los cuatro meses transcurridos entre mi primera y mi última visita. Daba la impresión de que nada se movía sin que el Pincha diera su aval. Un día aparecía corvo en mano encabezando una turba hacia la Exbodega, otro pidiendo a las autoridades que le permitieran formar un equipo de fútbol. Un día estaba quebrando focos y pidiendo –literalmente– la cabeza del orientador que reportó ante el juez una fracción de sus desmanes, otro en un refugio para damnificados por las lluvias generadas por la Depresión Tropical 12-E, al frente de la delegación de menores infractores que decidió donar 120 almuerzos.
—Desde el momento que atraviesas la puerta y pones un pie aquí adentro, entras en un mundo diferente a todos. Estos jóvenes son únicos, y este lugar es maravilloso para conocer el género humano –me había advertido Paulino tiempo atrás.
Mes y medio después de los linchamientos del 11 de octubre, el problemático, ultraviolento y contradictorio Pincha recuperó la libertad.
—Uf, al fin se fueron los problemas del Sector 1… –me confesó uno de los orientadores.
Los problemas regresaron a las calles.
Fotos: Roberto Valencia
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