represin ledesmaA la mañana los azucareros jujeños impidieron la entrada a la empresa de Ingenio Ledesma. Habían decidido en asamblea ponerle un freno a los bajos salarios y a las malas condiciones de trabajo impuestas por sus patrones. La respuesta fue una represión que dejó 80 heridos. La seguridad privada del edificio fue la primera en avanzar contra los trabajadores. La policía local y la Gendarmería dispararon balas de goma a quemarropa y asfixiaron a los trabajadores con gases lacrimógenos.

El grupo de doscientos trabajadores se juntó a la madrugada en la puerta de Ledesma S.A.A.I, la fábrica de Blaquier. No le pusieron un plazo al paro. La protesta fue pacífica hasta que quisieron entrar a la planta de gas, en el interior del edificio. La policía comenzó a disparar a dos metros de distancia. Los heridos no recibieron asistencia médica enseguida porque los oficiales no permitieron el paso de las ambulancias. El reclamo era por el 43 por ciento de aumento en sus salarios, un índice reconocido por el Gobierno Nacional para otros sindicatos.

Es que el Sindicato del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) busca mejorar las condiciones de trabajo. Los tiempos, las categorizaciones y el presentismo fueron algunos de los reclamos más urgentes. La CTA Autónoma fue la que difundió el video de la represión. “Hay mucha bronca por lo que pasó. Salir a repudiar es lo menos que podemos hacer”, dijo a Cosecha Roja Carlos Girotti, secretario de comunicación de la CTA.

Girotti se quedó impresionado cuando viajó a Jujuy hace unas semanas. Contó que las cosas cambiaron cuando asumió el radical Gerardo Morales como gobernador. La gente tiene miedo porque la policía hace lo que quiere. En su visita, decidió pasear por la ciudad y posó junto a un mural colorido con la imagen de Milagro Sala cuando llegó la policía. Los oficiales bajaron de una pick up con sus celulares en la mano y empezaron a sacarle fotos a los que estaban con él: intentaron intimidarlos. “El hostigamiento en esta provincia se convirtió en algo cotidiano”, dijo Girotti.

“El apagón de Ledesma” fue hace 40 años y en Jujuy todavía lo recuerdan. Los militares, la Gendarmería y la policía local hicieron un operativo conjunto. Cortaron la luz para que tres grupos de tareas entraran a las casas y secuestraran a los trabajadores del Ingenio. Los ataban de pies y manos y los llevaban a la comisaría. Muchos de ellos se convirtieron en desaparecidos. El traslado fue con los camiones y los choferes de la empresa. La lista de nombres la habían confeccionado los dueños. Figuraban también los que los habían apoyado en la lucha por sus derechos laborales: sus hijos, esposas y amigos.

El ataque contra los azucareros no es un hecho aislado. La violencia de la policía y la persecución ideológica se volvieron habituales en la provincia. Ya son más de siete los miembros de la Tupac Amaru que están detenidos. A Raúl Noro se lo llevaron esta mañana, casi en simultáneo con los hechos en Ingenio Ledesma. Es el vicepresidente de la agrupación y el esposo de Milagro. Había ido a declarar de manera voluntaria y lo retuvieron. Al poco tiempo tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Soria por problemas de salud. La abogada Elizabeth Gómez pelea para que le den domiciliaria. Minutos antes de ser detenido, Noro grabó un video. “Estamos viviendo un estado policial militar. Igual que en la época del proceso, pero restringido a la provincia de Jujuy”, dijo.

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, está detenida desde el 15 de enero imputada por ‘instigación al delito’. La prisión preventiva en este caso se trata de una “excepción constitucional”: hay riesgo de que el imputado se fugue o entorpezca la investigación. Tras la detención de la dirigente, hubo manifestaciones en plazas de todo el país y organismos de DDHH y organizaciones sociales viajaron a Jujuy a pedir su liberación (APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, entre otras).

Los trabajadores del Ingenio Ledesma subieron videos y fotos a las redes sociales. En ellos se ven las marcas de los balazos en el cuerpo de algunos. Desde la empresa trataron de minimizar sus denuncias y justificaron la represión: dijeron que primero les tiraron piedras a los policías. “El gobierno todavía no puede garantizar seguridad en toda la provincia, pero sí cuidar de los capitales privados de tamaña empresa”, dijo a Télam Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de obreros y empleados de Ledesma.