El siguiente texto lo leyó Raquel Witis, la mamá de Mariano, en el Seminario Medios y Violencia Institucional.Violencias legitimadas y víctimas invisibles, que se realizó el jueves en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Raquel Witis*.-
El caso de Mariano Witis y Darío Riquelme es testigo de la violencia institucional: fueron víctimas de la mano dura y consecuencia de la aplicación de esas políticas. El 21 de septiembre de 2000 Mariano y Julieta fueron tomados como rehenes por dos jóvenes que los llevaron a realizar un asalto express en el Banco Itau de San Isidro. En el camino los avistan móviles policiales e inician una persecución. Al detenerse el Gol de dos puertas, sin que hubiera resistencia de los ocupantes del auto, Mariano y Darío Riquelme fueron fusilados por la espalda, a corta distancia y Julieta detenida como jefa de la banda.
El hecho fue presentado como “se han abatido dos delincuentes”, término que se usó durante el terrorismo de Estado y que fue acuñado por las fuerzas de seguridad para nombrar los fusilamientos, o “la fuga terminó con un fuerte tiroteo”, “un enfrentamiento entre policías y delincuentes”. Un diario presentó el mismo día dos versiones diferentes para la misma noticia, la primera tomó la versión policial, la segunda mencionaba la presencia de rehenes. Las víctimas Mariano y Darío debieron demostrar su condición de tal a lo largo del proceso.
Las pericias posteriores al hecho demostraron que todos los disparos fueron policiales, que el arma de Darío Riquelme no era apta para disparo, que se alteró la escena del crimen plantando un arma a los pies de Mariano para justificar la brutalidad policial. La primera sentencia en la causa condenó al policía a 8 años y medio por el asesinato de Mariano y lo absolvió por la muerte de Darío Riquelme, legitimando así el abuso policial como método para combatir el delito. Muchos jueces son benevolentes con los uniformados y duros con los pobres. Esto contribuye a perpetuar las causas de violencia institucional, avalando la ley del más fuerte y comprometiendo la democracia y la paz social. Uno de los problemas son las “prácticas policiales”, otro son las “prácticas judiciales” que por acción u omisión van creando las condiciones para la violencia policial.
Sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas discriminatorias y violentas policiales y judiciales existen. Y se han mantenido vigentes después de más de 30 años de democracia por la impunidad y porque hay un discurso generalizado que las avala. Siempre ha estado en el imaginario colectivo que hay vidas más valiosas que otras, ese otro diferente que se visualiza como enemigo o peligroso. Para muestra basta un botón: los GPS anuncian las “zonas peligrosas” de los centros urbanos. Alguien carga esos datos. Y esta categorización negativa ha ido modificándose a lo largo de la historia: primero fueron los “indios”, “gauchos”, “cabecitas negras”, “subversivos” o “inmigrantes.
Hoy en el imaginario social y mediático el “sospechoso” es el “joven morocho” que vive en determinados barrios. Y desde los medios de comunicación se incentiva la difusión, la fijación de estereotipos y prejuicios que estigmatizan especialmente a los jóvenes. Debemos terminar con los discursos que dicen que más policías, más cárceles, más penas y más cámaras van a resolver los problemas de la inseguridad. Es fundamental sí volver a poner en agenda la seguridad democrática. Nunca ha sido la solución el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo.
Vemos con preocupación que se ha relajado el control político sobre las fuerzas de seguridad, que se vuelve a viejas recetas de “mano dura” que han fracasado, que se actúa violentamente frente a reclamos sociales. Por eso es indispensable retomar el abordaje no violento de la protesta social y gestionar políticamente los conflictos para que los derechos de cada persona sean tanto respetados como ejercidos. En cuatro meses la declaración de la “emergencia en seguridad” en la Provincia de Buenos Aires ha producido 76 “abatidos”. No nos engañemos: la mano dura es pena de muerte en los barrios.
Frente a una sociedad excluyente y violenta, con grandes desigualdades, donde hay que tener para pertenecer, que pregona que los problemas del delito y la violencia se resuelven con penas más duras, se complejiza encontrar una salida respetuosa de los derechos fundamentales. Necesitamos un cambio cultural profundo, encontrar un discurso que nos permita sentirnos una vez más una comunidad de hombres libres e iguales.
Las deudas pendientes de nuestra sociedad son: la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario y de la justicia, alcanzar la igualdad y la no discriminación. Y para alcanzar la igualdad es fundamental erradicar todas las formas de violencia institucional y proteger en cada una de las instancias de la vida la integridad de las personas. Necesitamos una justicia sensible, equitativa, accesible, democrática, que sancione los abusos y las violaciones de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario, poner en caja a los halcones azules, y construir otro paradigma de seguridad donde los jóvenes dejen de ser “daños colaterales” o “blancos móviles”. Las prácticas policiales son nefastas pero las prácticas judiciales son perversas porque tienen la obligación de reparar y devolverles a las víctimas la dignidad.
Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto, velar por que gocen de consideración y atención especiales, para que los procedimientos no den lugar a una nueva victimización. Por eso es fundamental debatir cómo deben ser abordados, por los medios de comunicación, los hechos de violencia institucional. La violencia se manifiesta a través de la palabra y pueden ser golpes muy duros para las víctimas y sus familiares, que sufren pérdidas irreparables, que deben lidiar con distintos actores y funcionarios, que deben demostrar su condición de víctimas -la mayoría de las veces se las presenta como victimarios o responsables de su propia muerte- para que también deban lidiar con la nota periodística. Las personas en situación de vulnerabilidad merecen un cuidado especial porque todo se potencia para ellas: las dificultades, los obstáculos, el acceso a las instituciones, a la justicia, a los medios.
La primera noticia es la que se graba en la memoria colectiva y es muy difícil y ardua la tarea para deconstruirla. Aunque podamos demostrar después como ocurrieron los hechos, nunca tendrá la misma relevancia su tratamiento periodístico una vez finalizado el proceso. Los medios de comunicación son un recurso fundamental para garantizar el acceso a la información, la búsqueda de la verdad y resguardar el sistema democrático y el estado de derecho. Se dice de ustedes que son el cuarto poder, no se conviertan en un poder de cuarta.
Valoramos y aplaudimos la iniciativa de este seminario que nos permite reflexionar y debatir sobre el rol de los comunicadores y formadores de opinión, para no construir estereotipos ni estigmas sociales, para no alimentar “adalides” con discursos punitivistas y excluyentes que obstaculizan la tarea de los defensores de derechos humanos y la construcción de una comunidad respetuosa y equitativa y llamamos a trabajar mancomunadamente en un decálogo para abordar los casos de violencia institucional.
Y quiero dejarles una reflexión. Después de casi 14 años hay sentencia firme por los fusilamientos de Mariano Witis y Darío Riquelme, sentimos serenidad porque los crímenes no quedaron impunes. La justicia no repara pero es necesaria, porque le devuelve la dignidad a las víctimas, porque marca claramente los límites a las fuerzas de seguridad y porque es el Estado, a través de la pena, quien reafirma el valor de la vida y la garantía de no repetición.
“…que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte”
“…quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida”.
*Madre de Mariano Witis
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