Por semana, los comerciantes de los barrios de Saavedra y de Núñez pagaban entre 2300 y 3000 pesos a las comisarías de la zona. Los trapitos, un poco menos, entre 400 y 500 pesos. Con ese “canon”, los policías les garantizaban trabajar tranquilos y seguros. Hubo denuncias e investigaciones judiciales y la trama escaló hacia arriba: el sábado a la noche, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decidió suspender en forma provisoria al jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. Hoy se presentó a justicia y quedó detenido. Llegó a las 9.30 de la mañana al Palacio de Tribunales, entró por la puerta de la calle Tucumán acompañado por su abogado Cristian Poletti. Se presentó en el juzgado de instrucción N° 14

El sábado, el comisario había aterrizado en Ezeiza después de pasar dos semanas en Nueva York. Una hora después lo citó el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. En la reunión se enteró de la suspensión. Hoy, antes de entregarse, habló en las radios a decir, casi entre lágrimas, que lo estaban estigmatizando. Será indagado esta tarde.

-¿Por qué me van a acusar de coimero? Hay un papel que dice DGC, entre otras cosas. Lo único. Es estigmatizarme. Hay gente que hizo cagadas y me involucran a mí por ser director de Comisarías. Hasta diciembre no estaba involucrado, pero ahora que soy jefe, sí. No voy a quedar detenido porque soy policía, dijo en declaraciones radiales.

Potocar salió al cruce del fiscal Campagnoli por una de las pruebas. Se trata de la declaración de Marcelo Stefanetti, el policía detenido que lo acusó de llevarse 40 mil pesos mensuales en coimas mientras trabajaba en la Dirección General de Comisarías. La sigla DGC apareció en un cuaderno de otro policía prófugo y pertenecería al área que él dirigía.

“Potocar fue suspendido y no pasado a disponibilidad porque rige el principio de inocencia. No está procesado”, dijo Ocampo en un comunicado oficial.  El fiscal José María Campagnoli pidió la detención del policía: sospecha que es el líder de una asociación que exigía dinero a los comerciantes y “trapitos” de los barrios de Núñez y Saavedra a cambio de protección y de seguridad. Ahora Ricardo Farías, el juez de la causa, debe definir si hace lugar a la solicitud. La detención se produjo esta mañana, cuando Pocotar se presento a los tribunales.

PotocarLos defensores de los últimos dos procesados ya hicieron las presentaciones. Son la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, integrantes de la 35. Ambos están detenidos y tienen embargos por 350 mil pesos. En sus procesamientos y en las pruebas de la justicia aparecen los elementos que complican al máximo jefe policial porteño. Stefanetti está procesado como “miembro” de la asociación ilícita; por encima suyo aparece Villarreal, todavía prófugo de la Justicia. Un escalón más arriba está Aveni, a quien el juez consideró “organizadora”.

La asociación ilícita es un delito que contempla penas agravadas para los organizadores, pero también para los jefes y el superior jerárquico de Aveni es Potocar. La denuncia fue publicada una semana antes de la suspensión de Potocar por el diario Tiempo Argentino y anunciada el 3 de enero por La Alameda.

Para el juez Farías, todos los policías “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”, según describió en uno de los procesamientos.

En las pruebas, hay documentación secuestrada en varios comercios de la zona como comprobantes de aportes a la “Asociación Amigos de la Comisaría 35”: una de las formas de canalizar las coimas. Ahora Potocar tiene que probar que no fue beneficiado como director General de Comisarías.

“Hace menos de seis meses se puso en funcionamiento la nueva policía de la ciudad. En vez de fundar una nueva fuerza, el ejecutivo porteño delegó la conducción en el sector más poderoso de la federal en la Ciudad. Hoy estalla un escándalo que, lejos de sorprender, sólo muestra una vez más que el Gobierno de la Ciudad no ha atacado la corrupción ni la caja de la policía. Hasta tanto no se tome la decisión política de luchar contra las viejas prácticas corruptas de las fuerzas policiales, no se estará realmente refundando la policía para la Ciudad de Buenos Aires”, dijo a Cosecha Roja Andrea Conde, legisladora porteña, presidenta de la Comisión de Seguridad. “Mientras tanto, Rodríguez Larreta invade la Ciudad con publicidad sobre un nuevo sistema de seguridad integral. No se puede tapar con publicidad y marketing que hoy la policía está acéfala y que a la Legislatura se la ha apartado en detrimento de su capacidad de control al no poner en funcionamiento esos mecanismos”.

Mientras tanto, la conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro.

La Policía de la Ciudad fue creada en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública a mediados de noviembre de 2016 y comenzó a funcionar el 1 de enero de 2017 con la unificación de 25.000 agentes de la Federal y de la Metropolitana. Sin embargo, las prácticas de corrupción, las coimas y las extorsiones parecen haberse mantenido en el tiempo al igual que los procedimientos que emplean los efectivos.