movadefMartín Hidalgo – Sesiondecontro.com.

El poder Ejecutivo peruano ha presentado al Congreso un polémico proyecto de ley que regular medidas disciplinarias en universidades, institutos y escuelas de educación superior. La justificación es el avance del terrorismo en estos centros de formación.

El Proyecto de Ley 01922/2012-PE fue presentado el pasado 08 de febrero del 2013, pero fue gestado desde mediados de noviembre del 2012. Por ese entonces, la movidas del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) –la fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso– estaban en el debate nacional peruano. Especialmente porque se había detectado su infiltración en ciertas universidades del país.

A lo largo de estos dos meses, el mayor punto de debate en el interior del Consejo de Ministros ha sido precisamente las implicancias de las modificaciones que buscan implantar en varios artículos de la Ley Universitaria vigente, la N° 23733.
Empieza la polémica

El principal punto es, sin duda, el artículo 8, el cual reconoce la inviolabilidad de los locales universitarios y regula que la Policía Nacional solo podrá ingresar en caso de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, así como por mandato judicial o a petición expresa del rector. La ley dice:

“En las zonas declaradas en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, según corresponda, pueden ingresar a los locales universitarios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 137º de la Constitución”

A fines de diciembre del año, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) también presentó, a fines de diciembre pasado al Congreso, un anteproyecto que estipulaba este ingreso policial. Sin embargo, el Ejecutivo peruano ha colocado un añadido más: liberar al rector de la obligación de dar cuenta inmediata al Consejo Universitario.

Para el secretario de organización de la Federación de Estudiantes del Perú, Franco Mansalva, esta última modificación le da un poder supremo al rector, que puede ser utilizado para amedrentar a los estudiantes que protesten por sus derechos.
Violentos expulsados

En cuanto a los estudiantes, el proyecto establece que serán expulsados cuando participen en la comisión de actos de violencia, cuando realicen inscripciones o pintas en la infraestructura universitaria, cuando promuevan u ocasionen daños personales o materiales, y cuando alteren el desarrollo de las actividades internas.

Entre las sanciones propuestas figura la amonestación, por la comisión de infracciones leves; la suspensión, por infracciones graves; y la expulsión, por infracciones muy graves.

Para el caso de los pedidos de expulsión, corresponde actuar como primera instancia al consejo universitario, y como segunda instancia a la Asamblea Nacional de Rectores. En todo procedimiento sancionador debe respetarse el derecho al debido proceso.

También se propone la suspensión o expulsión de los institutos y escuelas de educación superior, de aquellos alumnos que cometan actos que alteren el desarrollo de las actividades académicas, estudiantiles y administrativas que señale su reglamento. Esto último está dirigido apunta a las constantes reuniones, foros, debate y otros parecidos que viene organizando MOVADEF en las universidades pública de todo el país.

Bajo este panorama, este proyecto del Ejecutivo que deberá pasar por la Comisión de Educación del Congreso y después por el mismo Pleno, ya inició un debate con posiciones bien marcadas.

“Estimamos que vulnera derechos fundamentales como la autonomía universitaria y atenta contra el espíritu democrático que debe buscarse en una casa de estudios, dando pie a que se cometan arbitrariedades y abusos que afecten negativamente a los estudiantes”, ha dicho la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEPUC), quien ha presentado un análisis, punto por punto, de la iniciativa del Gobierno.

Pronunciamiento de la MD FEPUC respecto del Proyecto de Ley Nº 01922 que plantea modificaciones a la Ley Un… by