Por Luz Juliano.-

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Me llamo Luz Juliano, tengo 32 años, soy mamá, abogada y activista cannábica. Hace 4 años, junto a un grupo de cultivadores de mi ciudad, Necochea, decidimos visibilizarnos y luchar por los derechos de usuarios y cultivadores de cannabis.

Esta mañana, como todos los días, salí a ver mis plantas mientras preparaba el desayuno. No podía creer el panorama: habían entrado cogolleros por la madrugada mientras dormía junto a mi familia. TODAS las plantas estaban cortadas. Todo mi esfuerzo y dedicación de meses perdidos por completo.

Aunque sabía que podía pasar, nunca se está preparada para sentir en carne propia la impotencia y angustia que implica ser avasallado y no poder hacer prácticamente nada al respecto. No podés hacer la denuncia, ni llamar a las fuerzas de seguridad por cualquier ilícito en tu domicilio sin comprometer tu libertad y tu cultivo, pasando de víctima a imputado en el acto por la ilegalidad que pesa sobre la planta de cannabis.

Desde que comencé a cultivar cannabis siempre tuve claras dos cosas:

1) cultivar cannabis es un derecho por el que realmente vale la pena luchar y exponerse.  Se trata de nuestra libertad y de nuestra salud: es un tema de Derechos Humanos.

2) la ilegalidad de esta práctica me expone también a ser denunciada, allanada y procesada por parte del Estado, así como también ser víctima de ilícitos y cogolleros (ladrones de plantas para venderlas en el mercado ilegal). Cualquiera de los casos implican una angustiante violación de mi intimidad y mis derechos individuales.

En conjunto con otros usuarios y cultivadores fundamos la ONG “Cannabicultores Necochea-Quequén”, donde me desempeño como Secretaria, y recientemente fuimos anfitriones y organizadores del 4° Encuentro Nacional de Agrupaciones Cannábicas: de allí surgió el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA), que nuclea formalmente a 22 agrupaciones de todo el país. Pertenezco a un movimiento de cultivadores responsables y organizados que representa a un amplio colectivo social que hoy se encuentra perseguido y en un estado absoluto de vulnerabilidad producto de una ley injusta (23.737) y de las políticas prohibicionistas.

El robo de mis plantas se suma al padecido por mi pareja y vocal de la ONG, Matias Goicoechea, recientemente allanado y detenido por 24 horas por tenencia simple de plantas de cannabis y en el que también secuestraron la mercadería de su Grow Shop, afectando seriamente su actividad laboral.

Lamentablemente, esta realidad se reproduce en todo el país. Cultivadores y usuarios de cannabis para uso personal y terapéutico son perseguidos, procesados y encarcelados por el Estado y a su vez desprotegidos totalmente de la acción lesiva de delincuentes, narcos y cogolleros. La vulnerabilidad del colectivo cannábico es escandalosa, y resulta alarmante la creciente ola de allanamientos a cultivadores y activistas, como el caso de la cultivadora terapéutica y solidaria Adriana Funaro, la activista cordobesa Brenda Chignoli y Lautaro Ferraro, también propietario de un Grow Shop de San Martín que lleva un mes y medio detenido, con la posibilidad de pasar a una cárcel común por el cultivo plantas de cannabis para consumo personal.

Desde el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) y Cannabicultores Necochea-Quequén denunciamos la grave situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran los cultivadores actualmente en Argentina, exigiendo una URGENTE Ley de Cannabis que contemple la situación de los usuarios y cultivadores, de acuerdo a la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.