Por Diego Galeano, desde Río de Janeiro – CR.-

Unos días atrás en pleno centro de Río de Janeiro se escuchó un estruendo y una nube de polvo lo cubrió todo. Tres edificios se desplomaron. El vacío ocupó la atención de los caminantes durante varias jornadas. Este jueves 9 de febrero el sol cae sobre el Largo de Cinelandia y las miradas se centran en otro punto: un palco armado frente al Palacio de la Legislatura y una multitud que canta agitando banderas y pancartas. Son bomberos, policías militares y civiles, familiares y simpatizantes: protestan porque creen que reciben el salario más bajo de la administración pública. La puesta en escena mezcla con sincretismo elementos de estética militar y sindicalista. Muchos lucen una vincha roja con la palabra greve (huelga) en letras blancas. Otros levantan carteles que dicen: “Trabajadores en la calle”, “somos padres de familia”, “juntos somos fuertes”, “merecemos respeto” o “Basta de tratarnos como perros, caballos e hijos de puta: Rita Lee”, pasada de factura a la cantante de Rock que despidió su carrera en un show insultando a los policías que detenían fans por fumar marihuana en la platea.

El lema que agita el sindicato invoca a la jerga de la estrategia policial: “Operación huelga: basta de migajas”. Se quejan de sus salarios, ganan por mes alrededor de 1.000 reales. El reclamo pide elevar el piso a 3.500, más 700 reales mensuales en concepto de vale trasporte y alimentación. Los legisladores del Estado de Río de Janeiro se apresuraron a cerrar una propuesta para mejorarlo y evitar este incómodo levantamiento a tan solo una semana del carnaval. Pero los representantes de sindicatos y asociaciones de policías rechazaron el ofrecimiento, que simplemente anticipaba un reajuste salarial concedido en 2010, reduciendo el plazo de aplicación de cuatro a dos años y medio. Hubo asamblea y se votó a mano alzada. Entre aplausos se anunció el resultado: huelga por tiempo indeterminado, paralización de los servicios y garantía de mantener un 30% de los efectivos en sus puestos para atender cuestiones de emergencia.

Uno de los militantes más intransigentes de la causa es el comisario Fernando Bandeira, presidente del Sindicato de Policías Civiles (Sinpol). Trabaja en la institución hace 35 años y tiene una experiencia paralela en el mundo político y sindical. Nació en la ciudad nordestina de João Pessoa, a los 16 años migró hacia Río para buscar trabajo. En 1964, antes de entrar a la policía, participó de una famosa Revuelta de los Marineros y terminó preso. En la década del 80, tras la reapertura de las elecciones, fue diputado por el PDT, partido liderado por Brizola y ligado a la Internacional Socialista. El viernes al mediodía Bandeira camina ansioso frente el acceso principal de un batallón de la Policía Militar, cercano a Cinelandia, donde iban siendo detenidos varios manifestantes. Viste jeans, mocasines, una remera negra y un chaleco blanco con el lema del sindicato. Pretendía entrar al batallón para apoyar a los presos. No lo dejaron. Se esfuerza en coordinar el equipo de abogados, responde llamados en dos celulares y pide disculpas a los periodistas por la espera. Apenas logra disimular el entusiasmo que le provoca esta nueva lucha. La edad le permite jubilarse, pero se resiste y explica:

– No soy el único. El 25% de los policías civiles en edad de retirarse no lo hacen para no perder la gratificación.

El sistema de gratificaciones es, de hecho, otro de los ejes de la protesta. Fue una iniciativa del gobierno para calmar los reclamos salariales. Se le otorga un plus mensual a ciertas áreas de la policía, consideradas más técnicas, riesgosas o sacrificadas, como el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) o el Batallón de Choque, ambos vinculados al combate al narcotráfico y la “pacificación” de las favelas. Según los disidentes, esa medida es discriminatoria, porque deja afuera del aumento a los agentes que no pertenecen a las secciones beneficiadas, así como también a los pensionados por enfermedad, heridos en servicio y jubilados. Lo cierto es que la figura de la gratificación tiene mucho más que ver con la retórica militar del cumplimiento del deber y el sacrificio, que con la afirmación de la policía como un trabajo. Ese reconocimiento es el que buscan los sindicatos de las policías civiles, como el que dirige Bandeira desde su creación, tras otra huelga en 1993. En ese momento fue alejado de la fuerza por cuatro años con un sumario administrativo . Asegura que los sindicalistas sufren numerosas persecuciones de la cúpula policial. Entre los jerarcas y los sindicatos hay además una batalla de lenguajes: Bandeira habla poco de agentes, efectivos, honor, deber y sacrificio; en su lugar coloca otras palabras como trabajadores, compañerismo, unidad y lucha.

Esta es la primera vez que una misma protesta reúne a las tres fuerzas, hecho inédito que la diferencia de los recientes levantamientos en los estados de Ceará y Bahía. El problema de este caso es que los policías militares y los bomberos pueden agruparse en asociaciones, pero no sindicalizarse. Por eso el gobierno salió a enfrentar a los manifestantes con una estrategia conocida: detener a sus líderes para amedrentar y disminuir la adhesión al movimiento. La estrategia fue anticipada en la madrugada del miércoles, cuando corrían los primeros rumores de la revuelta, con la prisión de un bombero, el cabo Benevenuto Daciolo. En la concentración del jueves los reclamos salariales se confundían con pedidos por la liberación del cabo. Es cierto que la cercanía con el carnaval es un dato que estaba en la cabeza de todos. Río de Janeiro recibe cerca de un millón de turistas cada año y la huelga de policías militares de Bahía había dejado una ristra de muertos y una masiva cancelación de reservas. Desde Brasilia, el gobierno federal amagó con la posibilidad de enviar una tropa de 14.000 militares para patrullar la ciudad y el Secretario de Seguridad del Estado de Río salió de su casa, en la mañana del viernes, dispuesto a disolver todos los restantes fantasmas: “la seguridad durante el carnaval está garantizada”.

También es verdad que preocupa el horizonte de compromisos pesados como el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. Pero la lucha tiene una historia específica de varios años. La escalada del conflicto entre el gobierno estadual y los bomberos muestra claramente la necesidad de mirar más atrás de este verano para entender la situación. En abril de 2011, los bomberos entregaron un documento con una serie de reivindicaciones: aumento salarial, fin de las gratificaciones y vale transporte. Ante la falta de respuestas, comenzaron una serie de marchas en la costanera de Copacabana. El punto de máxima tensión fue la noche del 27 de abril, cuando protestaban en Cinelandia, frente al Teatro Municipal, donde el gobernador Sergio Cabral participaba de un acto. Los bomberos fueron reprimidos con gases lacrimógenos por el Batallón de Choque de la Policía Militar. En respuesta, el 3 de junio los manifestantes ocuparon el Cuartel Central y esta vez les tocó el enfrentamiento de la temible “Tropa de Elite”, BOPE, que los corrió a balazos y detuvo a 439 bomberos. Las fuerzas que reprimieron eran, precisamente, las que recibían mayores gratificaciones. Eso provocó un recelo enorme con algunos policías militares y con el propio Cabral, que además los trató de “vándalos” y más tarde tuvo que retractarse públicamente.

Los bomberos movilizados parecían radicalizarse cada vez más, ante las detenciones de sus militantes. Las marchas en Copacabana llegaron a sumar más de 20.000 personas y lograron la amnistía de los presos. Tal vez por eso Bandeira todavía pensaba, el viernes al mediodía, que las prisiones de los huelguistas iban a intensificar el descontento y potenciar la participación. Nada de eso sucedió. El gobierno estadual tuvo el apoyo de Brasilia en el gesto de tildar a la protesta de práctica extorsiva, atentado a la disciplina militar y acto de irresponsabilidad que dejaba a la población desprotegida. Pero más allá de la espinosa cuestión de la legitimidad del sindicalismo policial, existe un temor que recorre a la clase política: la posibilidad de una huelga nacional de policías por la aprobación de un proyecto de ley conocido como PEC 300. Se trata de una enmienda constitucional que unificaría el piso salarial de los policías de todo Brasil, con base en lo que paga el Distrito Federal, algo que a los técnicos de las finanzas les parece “inviable” porque amenaza con quebrar las arcas de los estados menos poderosos.

Así, la respuesta en Río fue mucho más rápida que en Bahía y provocó una inmediata retracción del movimiento. Cientos de bomberos y policías fueron detenidos en diferentes unidades militares  bajo sospecha de protagonizar un motín e incitación a una paralización ilegal. Algunos inclusive terminaron en cárceles comunes como el Complejo de Bangú, conocido por albergar narcos. Según Robson Rodriguez, jefe del Estado Mayor de la Policía Militar, los presos van a responder a un sumario y pueden terminar expulsados de la fuerza. “No podemos dejar a la población rehén de este tipo de policía que fomenta el miedo”, declaró a la prensa. Esta combinación de amenazas verbales y prisiones efectivas de dudosa legalidad, caló hondo entre los policías militares, encargados de la seguridad callejera.

Por eso Río de Janeiro atravesó el viernes sin sobresaltos y por donde se caminara aparecían móviles de la policía. Inclusive, en los barrios más opulentos de la Zona Sur (Copacabana, Ipanema y Leblón), los puestos de control de la Operação Lei Seca aplicaban como de costumbre los controles de alcoholemia. Apenas las playas presentaban algunos cambios porque la mayoría de los guardavidas –que dependen de bomberos– no se presentó a trabajar. Periodistas de la Rede Globo describieron irónicamente la situación: “salieron de escena los bomberos musculosos y entraron oficiales más bien fortachones, algunos con barriguitas bastante visibles”.

El signo más contundente del fracaso de la huelga llegó sin embargo el viernes a la noche. La comparsa callejera más tradicional del carnaval, el Cordão da Bola Preta, juntó más de 100.000 personas en el mismo lugar donde comenzó la protesta policial. El jueves los organizadores habían insinuado que cancelaban la fiesta, pero a la mañana cambiaron de opinión. El mayor obstáculo terminó siendo una fuerte lluvia que al final de la tarde amenazó con arruinarlo todo, pero se detuvo antes de comenzar el desfile. Cuando la procesión pasó por Cinelandia hubo un minuto de silencio por las víctimas del derrumbe de los edificios. Ya nadie se acordaba de la huelga policial.

Entonces no llamó la atención que una parte de los sindicalistas salieran el sábado a la mañana a anunciar la suspensión de la protesta por la baja adhesión de los policías. Ese mismo día se anunciaba el fin de la huelga en Salvador de Bahía, con la entrega de los policías que llevaban 12 días acuartelados. Por la cercanía del multimillonario carnaval de Río de Janeiro y por el eco de la virulenta protesta bahiana, esta truncada huelga de policías y bomberos cariocas tuvo grandes repercusiones. Pero no fue la primera y nada parece indicar que vaya a ser la última.

 

Foto: AP Silvia Izquierdo