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“Los Derechos Humanos deben ser el eje para el desarrollo de políticas de drogas más humanas y eficaces”, dijo Juan Carlos Molina -titular de la SEDRONAR-. El objetivo de esta mirada es evitar que mueran los soldaditos que custodian los bunkers, que caigan las mulas -el último eslabón de la cadena del narco-, que vayan presos los cultivadores de marihuana y que la policía persiga a los pibes de los barrios. Para Molina el fin del paradigma prohibicionista permitirá “que los países que son grandes consumidores de drogas no nos marquen la cancha”.

América Latina ya empezó el camino y varios ex presidentes de la región cuestionan la guerra contra las drogas. Argentina separó el tema de la seguridad del abordaje social. Uruguay dio el primer paso al regular la producción y venta de cannabis. Hay que “descolonizarse de las miradas hegemónicas y perversas que quieren decirnos cómo ocuparnos de nuestros asuntos”, dijo Molina en la 58° sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, Austria.

En la región hay usuarios perseguidos por 15 gramos, cogolleros que roban plantas de jardines a punta de arma, niños que consumen paco, medios de comunicación que muestran niños que fuman paco, sicarios, soldaditos encerrados en búnkers y consumidores que mueren en el silencio. Molina propuso dejar de lado la “criminalización que estigmatiza a los pobres y a los usuarios de drogas” y construir “herramientas para la inclusión social de las personas que las protejan de situaciones de vulnerabilidad y ofrezcan propuestas distintas al narcotráfico”.

“Droga y delito no están automáticamente asociados y, sin embargo, todavía no hemos logrado que eso sea tratado en los programas en las agencias especializadas de las Naciones Unidas”, dijo el titular del SEDRONAR. Se trata de construir una “opción distinta”, un “modelo de desarrollo humano con inclusión social frente al prohibicionismo”.

El paradigma prohibicionista (“la guerra contra las drogas”) fue creado por el ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon a comienzos de los setenta. En los últimos años hay consenso en Latinoamérica sobre que el modelo fracasó y que lo único que hace es generar más violencia.

“Creemos, respetamos y valoramos la soberanía de cada país”, dijo Molina. Cuando el funcionario asumió el cargo en la SEDRONAR desde el Poder Ejecutivo anunciaron un cambio de rumbo: el organismo no se ocupa más de la seguridad y se enfoca en el abordaje social de la problemática. “Se implementó una nueva mirada en materia de drogas que cambia la centralidad desde las sustancias a la persona, como sujeto de derechos. Emergen el ser humano, la comunidad, sus relaciones, su bienestar y la inclusión social como elementos centrales”, dijo.

En 2013, Uruguay se convirtió en el primer Estado en aprobar una legislación que legaliza y regula la producción y venta de cannabis. El modelo uruguayo implica un nivel mayor de control gubernamental que el que tienen los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos. Las ventas se harán a través de farmacias autorizadas a residentes uruguayos mayores de edad registrados y a precios establecidos por el nuevo organismo regulador.

En la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS) de 2016 los países miembro van a evaluar los avances desde 2009 hasta entonces y debatir el futuro. Según el funcionario argentino es una oportunidad para “consensuar una nueva mirada bajo la lente de los Derechos Humanos”.

Es necesario dar “un real y sincero debate político y no sólo técnico para abordar el problema de las drogas en cada uno de nuestros países”, dijo Molina. “Hay que empezar a transformar realidades y dejar de redactar documento tras documento ya que la actualidad de nuestros pueblos nos obliga a dar ese golpe de timón”.