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El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), una de las organizaciones internacionales más prestigiadas y activas del mundo, expresó hoy su “inquietud” al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, por el encarcelamiento del periodista Pedro Canché Herrera y la violación a su libertad de expresión.
“La violencia vinculada al crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo en el transcurso del último decenio”, afirmó el CPJ en la carta a Peña Nieto que fue difundida hoy, en la que reclama que el arresto de Canché viola la Constitución que el Presidente dice defender.
“La semana pasada, usted declaró públicamente que la comunicación ‘es una herramienta esencial para la promoción de la libertad, el debate y la adecuada toma de decisiones sobre asuntos de interés público [y] está basada en la libertad de expresión y en el derecho a la información’. Como Presidente, ha jurado defender la Constitución federal, que garantiza el derecho a la libertad de expresión para todos los mexicanos. Las medidas adoptadas por las autoridades locales de Quintana Roo y el injusto encarcelamiento de Pedro Canche infringen estas protecciones constitucionales”, reclama en una carta enviada a la Residencia Oficial de Los Pinos.
“En este contexto, donde el clima de libertad de prensa ya está restringido, un periodista crítico no debe enfrentar ni represalias ni encarcelamiento por parte de las autoridades estatales por informar sobre cuestiones de interés público”, agregó la carta firmada por Joel Simon, presidente de la organización con sede en Nueva York.
Canché Herrera, periodista independiente y activista maya en el estado de Quintana Roo, está preso desde el 30 de agosto de 2014.
Es acusado por el Gobernador Roberto Borge Angulo de sabotaje, tras una denuncia de que había ordenado a un grupo de manifestantes bloquear el acceso a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado durante una protesta contra el alza en las tarifas.
“Periodistas locales indicaron al CPJ que Canché ha informado y defendido durante muchos años las causas mayas locales, trabajado en pequeñas publicaciones, y era una fuente importante para los periodistas que trabajan en la región. En un video de YouTube ampliamente visto, publicado el 24 de agosto de 2014, criticó duramente las políticas del Gobernador del estado, Roberto Borge, hacia la población maya, y expuso la mala calidad de los hospitales locales en sus ciudades y un aumento en ciertas tasas e impuestos”.
CPJ agregó: En febrero de 2015, Reynaldo Piñón Rangel, el Juez Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, dictaminó que el derecho del Canché al debido proceso había sido violado y dijo que encontró varias irregularidades en los gastos y las acciones contra el periodista, según el abogado y los informes de Canché. El Juez Piñón dijo que no había pruebas concluyentes de que se había producido un sabotaje ni que Canché siquiera estuvo presente en los días que fueron presuntamente los hechos descritos en los cargos, de haber sucedido”.
Pero Canché, sin embargo, sigue preso.
Canché se ha convertido en uno de los símbolos de la violación de los derechos de los periodistas en México. Borge, acusado de atentar contra la libertad de comunicadores desde que asumió su mandato, pertenece al partido del Presidente Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI).
EL 22 marzo, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación por la “prolongada detención” del periodista y activista maya pese a que la justicia ya reconoció que hubo irregularidades en su proceso. Por ello exigió que se retiren de inmediato los cargos contra el comunicador.
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En la carta de CPJ se recuerda a Peña Nieto que Canché Herrera negó las acusaciones y declaró que tenía testigos y pruebas de que se encontraba en la ciudad de Cancún el día en que ocurrió el incidente, de acuerdo con su abogada. Agregó que el pasado febrero un juez dictaminó que se había violado al periodista el debido proceso, que había encontrado irregularidades en las acusaciones y el proceso penal y que no existían pruebas concluyentes de que había ocurrido un sabotaje ni de que el periodista estuvo presente ese día.
No obstante no ordenó su liberación y reenvió el caso para su revisión al mismo juez que había denegado la impugnación al encarcelamiento.
El CPJ recordó además a Peña Nieto que el pasado diciembre le había planteado el caso de Canché Herrera y advirtió que incluirían a México en la lista anual de periodistas presos, lo que no ocurría desde 2006. Advirtió al mandatario que como presidente “tiene la obligación de cumplir la Constitución federal, que consagra el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos”.
“Las acciones tomadas por las autoridades locales de Quintana Roo y el injusto encarcelamiento de Pedro Canché violan estas garantías constitucionales”, afirmó el CPJ.
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