Milenio.-

En México, las agresiones contra mujeres activistas incrementaron 25% durante los últimos tres años y al menos 11 defensoras fueron asesinadas tras denunciar a ministeriales y empresarios.

Alejandra Ancheita, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) reveló que en el último año, se registraron cerca de 100 ataques contra activistas que aún siguen impunes.

“Amenazas, seguimientos, vigilancia, acoso; ya definitivamente en algunos casos hasta secuestros, desapariciones forzadas, tortura, criminalización, detenciones arbitrarias y, bueno, son parte de la definición de las agresiones contra las defensoras”, acusó.

Explicó que las denuncias fueron por violaciones a derechos humanos en las que acusaron a agentes del Estado y particulares de grandes empresas del país.

La activista subrayó que México se ha posicionado, después de Colombia, como el país más peligroso de Latinoamérica para ser mujer y activista.

Estados como Guerrero, Chihuahua y Michoacán son los más vulnerables a este tipo de agresiones debido a la presencia del crimen organizado y falta de interés del gobierno, explicó Ancheita.

Criticó a las autoridades por mantener una política de “invisibilizar” que hay una violencia específica hacia las mujeres.

“No pueden mantener la política de omisión y de simulación frente a su responsabilidad de defender, de proteger, de respetar y de promover los derechos de los mexicanos”, advirtió la abogada.

Señaló que en 2012, dos organizaciones defensoras de derechos humanos cerraron sus puertas para salvaguardar la vida de sus dirigentes.

El primero en cerrar fue el Centro Integral de Atención a Mujeres (CIAM) en Quintana Roo, dirigido por la periodista Lydia Cacho, luego de que la activista se refugió en Estados Unidos al ser amenazada de muerte.

En marzo, el Centro de Apoyo al Trabajador en Puebla también dejó de funcionar cuando Blanca Velázquez, su presidenta, fue amenazada y uno de sus compañeros desaparecido.

Foto: Susana Chavez, asesinada en enero de 2011.