Cosecha Roja.-
Los agentes habrían pagado entre 700 y 1.000 pesos por certificados analíticos falsos para poder permanecer en sus puestos. Los mismos jefes penitenciarios les ofrecían estos títulos truchos, por lo que se cree que hay más casos de certificados adulterados.

En Mendoza la ley establece que los policías deben tener el secundario aprobado para ingresar a esa fuerza de seguridad. Además no pueden superar los 30 años de edad. Pero, por necesidades de incorporación masiva, en el año 2008 comenzaron las excepciones para reclutar a más policías y penitenciarios. A través de la ley 7.878 se determinó que los aspirantes a agentes podían ingresar sin secundario completo, con la condición de que lo concluyeran en 36 meses. Ese año ingresaron 105 agentes que no habían terminado sus estudios.

Personal administrativo del Sistema Penitenciario detectó la irregularidad de los títulos presentados por al menos 11 agentes del complejo Almafuerte cuando se encontraban actualizando los legajos de los agentes. Este 31 de marzo habría vencido la prórroga que le ofrecían a los penitenciarios para que terminaran sus estudios. Muchos de los títulos presentados para que pudieran permanecer en sus puestos eran falsos.

“La falsedad de los documentos era burda. Hasta encontraron uno que tenía como fecha que se había recibido el 14 de diciembre de 2012 y estamos en agosto”, dijo a Cosecha Roja Daniel Cassia, diputado por el Partido Justicialista Federal de Mendoza. Cassia fue uno de los legisladores que, en el 2008, votó en contra de la flexibilización de los requisitos para ser agente de policía y penitenciario.

En los documentos había sellos erróneos, firmas de funcionarios que no existen y firmas inteligibles.

“Desde que encontramos los once casos estamos trabajando en una auditoría de todos los títulos del personal que ingreso desde el 2008 hasta la fecha”, explicó a Cosecha Roja el Director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Sebastián Sarmiento.

La totalidad de los certificados de los agentes que ingresaron en 2008 fueron remitidos a la Dirección General de Escuelas para que certifique la veracidad de los documentos. Mientras que los once agentes, de los cuales se pudo comprobar que presentaron certificados apócrifos, fueron pasados a disponibilidad y se realizó una denuncia penal y administrativa ante la Justicia.

Cassia fue más allá y aseguró que existe una red dentro del Sistema Penitenciario de Mendoza que vende títulos truchos. “Hay una estructura de entre tres y cuatro personas que vende los certificados de terminalidad educativa. Los cobran entre 700 y 1000 pesos”, dijo

“Debe haber 60 casos más de los que se encontraron. Los agentes no tienen tiempo de poder terminar los estudios por la misma dinámica de sus trabajos, los horarios rotativos, no llegan a descansar y estudiar”, aseguró Cassia.

Además de los certificados de la educación secundaria, el Servicio Penitenciario revisará los títulos presentados de nivel terciario.

Daniel Casia aseguró que “hay agentes que accedieron a puestos de mayor rango presentando sus títulos terciarios. Hay que ver si esos certificados son reales. Es probable que por la necesidad de incrementar sus sueldos magros hayan incurrido en este delito”.

A partir de esta situación irregular detectada por el personal administrativo del Servicio Penitenciario es probable que se vuelvan a tener en cuenta los requisitos originarios. “Nosotros mismos este año enviamos al senado un proyecto de ley, que tiene media sanción, para que al Servicio Penitenciario ingresen personas con el secundario terminado. De hecho este año nada más tomamos gente que cumplía con este requisito”, dijo Sebastián Sarmiento.