javier chocobar“Papá, abuelo, nunca te olvidaremos. Te recordaremos para siempre en nuestro corazón”.

Con pintura blanca y con trazo irregular, los familiares de Javier Chocobar escribieron en una laja de Chuschagasta – una de las 17 comunidades indígenas de Tucumán- el homenaje al comunero asesinado mientras defendía su tierra. Hoy, en el Día de la Diversidad Cultural y siete años después, marcharon hacia los Tribunales y la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán para recordarlo.

– Es duro recordar ese momento, nosotros sufrimos y ellos continúan libres. Parece que la justicia no existe para este caso, dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier.

La tarde del 12 de octubre de 2009, en Chuschagasta hubo un ataque a tiros. Chocobar, de 68 años, murió y tres personas resultaron heridas, entre ellos Andrés Mamaní, actual cacique de la comunidad. Fue cuando el empresario Darío Amín, junto a los ex policías Humberto “El Niño” Gómez, vinculado al comando parapolicial “Atila” del “Malevo” Ferreyra, y José Valdivieso, entraron en la comunidad y dispararon a mansalva.

Amín, Gómez y Valdivieso están imputados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y portación ilegal de armas de fuego. La causa está en la Cámara Penal sala IV, y los jueces son: Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Néstor Rafael Macoritto. Todavía no tienen elevación a juicio, por eso diferentes organizaciones continúan acompañando a la comunidad en el pedido de justicia. Amnistía Internacional y la ONG Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) presentaron una denuncia ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de Naciones Unidas para que exhorte a la Argentina a realizar un juicio imparcial e independiente que determine la responsabilidad y condena de los autores por el asesinato de Chocobar. A esos organismos se suma el espacio “Justicia por Chocobar”, que agregó un nuevo ingrediente a la causa.

– El homicidio no fue un hecho aislado sino que se trató de otro intento por despojar a las comunidades de sus tierras ancestrales. El Estado desconoce las obligaciones asumidas para su protección por eso no sólo deben juzgarse a los asesinos de Chocobar sino también sentar un precedente para la lucha por la identidad y el territorio de los pueblos originarios del Tucumán, explicó Santiago Camuña, miembro de “Justicia…”.

Según explican desde Amnistía Internacional, pese a que el fiscal determinó que los imputados tuvieron una participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y efectuar los disparos y a que, en 2012, la jueza consideró que existen las pruebas suficientes contra los acusados, aún se espera el inicio del debate oral, una instancia previa para que se resuelva la responsabilidad de quienes asesinaron a Chocobar.

“La impunidad deja un alarmante mensaje: el Estado avala la violencia y la injusticia contra los pueblos originarios. La injustificada demora en la investigación y determinación de las responsabilidades por la muerte de Chocobar viola el derecho de acceso a la justicia y reparación de la comunidad de Chuschagasta. Lamentablemente, el ataque que culminó con este asesinato dista de ser un hecho aislado. Las comunidades sufren desalojos violentos manifiestamente ilegales que atentan contra derechos esenciales de los pueblos indígenas consagrados tanto en la Constitución Nacional como en instrumentos internacionales al que nuestro país adhirió. Desde Amnistía Internacional llamamos al Estado a garantizar el avance de la investigación, un juicio justo que logre determinar la verdad de los hechos y la responsabilidad de los culpables”, dijo a Cosecha Roja Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La ONG Andhes coincide en que lo ocurrido en Chuschagasta no es un hecho aislado puesto que la mayoría de las comunidades aborígenes no cuentan con reconocimiento legal de su territorio, sufren desalojos violentos e ilegales que atentan contra sus derechos esenciales consagrados tanto en la Constitución Nacional como en instrumentos internacionales al que la Argentina adhirió. “El avance en la causa por la responsabilidad de la muerte de Chocobar sentará un precedente importante que marcará un antes y un después en la lucha por la identidad y el territorio para los pueblos originarios de Tucumán”, explicó Ana Laura Lobo, Directora Ejecutiva de Andhes.