Milagro Sala está presa hace más de nueves meses en Jujuy. El proceso judicial alrededor de su detención estuvo plagado de irregularidades, como denunciaron los organismos de Derechos Humanos. Hoy el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas solicitó “al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
“La detención de la señora Milagro Sala es arbitraria”, escribieron en el comunicado difundido por el CELS, Amnistía Internacional y ANDHES después de que la notificación fue recibida por el Estado argentino y filtrada a la prensa. “La resolución es súper clara y autosuficiente”, dijo a Cosecha Roja Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional. “Estamos expectantes de la respuesta del Gobierno. Si bien no hay plazo perentorio, tienen seis meses para aportar información”.
Gabriela Kletzel, directora del Equipo Internacional del CELS, explicó las implicancias de la resolución: “El Estado tiene que dar información y puede hacerlo en seis meses o antes. Pero la orden de liberar a Milagro Sala es inmediata”.
El organismo internacional determinó que con el caso de Milagro Sala “se está vulnerando la independencia judicial”. Lo sostuvo en un comunicado de 25 páginas bajo tres ejes. El primero es que hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” e inicio de causas judiciales para sostener la privación de la libertad de Sala de manera indefinida en el tiempo. “El Grupo de Trabajo observó que al momento de la detención, en enero durante la protesta, la fiscal Liliana Fernández de Montiel, que es una fiscal de Menores, tomó el caso porque se encontraba de turno. Luego tomó el caso el fiscal del segundo turno pero en febrero debía pasar a manos de los jueces y fiscales naturales. Sin embargo, en lo que el Grupo de Trabajo denominó como un ‘fuero personal’, la causa volvió a manos de la fiscal Montiel”, dijo García Rey.
En segundo lugar, desde el organismo concluyeron en que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva porque no pudo demostrarse que existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
Por último, consideraron que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. “Al ser ella parlamentaria del Mercosur, no se puede avanzar en una investigación judicial sin resolver el tema de los fueros, que impiden la detención”, explicó García Rey.
El Grupo de la ONU solicitó además que se investigue la violación de los derechos de Sala y exigió al Estado que garantice que no se produzcan hechos similares. “No hay debate en la ONU”, dijo la directora de Amnistía. “Ahora el gobierno debe intentar mantener su coherencia y su línea de trabajo y cumplir con lo que se le está pidiendo”.
El Grupo de Trabajo emitió la resolución después de la denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el CELS y ANDHES en febrero, luego de la detención de Sala.
Los dichos de Avruj
Aunque hace varios días que el gobierno argentino tiene conocimiento del documento enviado por el Grupo de Trabajo de la ONU, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo hoy que trasladará la “inquietud al Tribunal Superior de Jujuy” y que Naciones Unidas no tuvo en cuenta las denuncias posteriores que recayeron sobre la líder de la Tupac Amaru. “Estamos estudiándolo porque no es vinculante, queremos responder esas observaciones porque entendemos que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta, o porque hay cosas posteriores que en la denuncia del CELS no fueron tomadas en cuenta”, dijo a los medios desde la provincia de Tucumán. “Tenemos seis meses para responder, es una opinión”.
Para la directora del Equipo Internacional del CELS hay varios problemas en la declaración de Avruj. “Son incorrectas y faltas. El Grupo de Trabajo de la ONU se refiere a todas las causas, no solamente a la causa abierta por la protesta”, dijo a Cosecha Roja Kletzel.
Otro problema tiene que ver con que el gobierno argentino aportó información a las Naciones Unidas desde que se realizó la denuncia internacional. “A la decisión definitiva de liberar a Milagro Sala se llegó también con información aportada por el propio Estado, que fue parte del mecanismo con varias presentaciones”, explicó.
Avruj dijo que seguirá analizando el informe con su equipo “para presentar respuestas sobre las observaciones realizadas” por la ONU pero omitió referirse a la orden de liberar a Milagro Sala.
“El Estado debe tomar medidas para investigar la violación de derechos de Milagro Sala. Y debe acatar la decisión del Grupo de Trabajo. Algo parecido sucedió con el caso Belén, que fue puesta en libertad por esta gestión después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió la liberación de la joven tucumana, que fue condenada luego de sufrir un aborto espontáneo en un hospital”, dijo Kletzel.
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