comisaria rosario

Cosecha Roja.-

Los policías rosarinos Juan Diego Carrasco y Carlos Ariel Carrizo les cobraban a los presos y a las familias para liberarlos. Un mes atrás la justicia los detuvo y los condenó en tiempo récord. El abogado de los policías y el fiscal acordaron un juicio abreviado. Como la pena es de cumplimiento condicional, ninguno de los dos irá a la cárcel.

Las pruebas contra los agentes de la Policía santafesina eran irrefutables: filmaciones, audios y dinero secuestrado. “Fue un acuerdo presentado conjuntamente por la defensa de imputados y la fiscalía. Se hizo una negociación y se acordó una pena y una modalidad de cumplimiento”, explicó Dalmau a Cosecha Roja. El oficial Carrasco fue condenado a dos años y seis meses. El suboficial Carrizo, considerado partícipe necesario, recibió una pena de un año y tres meses. En los dos casos se los inhabilitó para ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena.

El 10 de agosto, cuando Dalmau recibió el llamado de Verónica -madre del joven de 16 años detenido- ya sabía que en la subcomisaría 22 del barrio Santa Lucía la extorsión era una práctica común. “Algunas personas habían denunciado a esa comisaría. No lo habían hecho por escrito, así que no había una causa, pero nos contaban que pedían plata para sacar a los detenidos”, explicó.

La mujer le contó que Carrasco le había pedido 5 mil pesos para liberar a su hijo, detenido por abuso de arma de fuego. La amenazó que si no entregaba el dinero  trasladarían al joven al Instituto de Rehabilitación del Adolescente (IRAR). Lo que ella no sabía era que la jueza de Menores Carolina Hernández ya había dado la orden para que lo liberaran.

El fiscal habló con Asuntos Internos y coordinaron una entrega controlada. Esa noche, cerca de las 23, Verónica entró a la comisaría con un micrófono escondido en la ropa y 3500 pesos en billetes marcados. Carrizo le mandó un mensaje a su jefe Carrasco: “Llegó el repartidor con la comida”.

Verónica se reunió con los dos policías en una oficina de la comisaría. Ella les explicó que no había logrado juntar lo que le habían pedido. Carrasco aceptó la oferta y agarró los 3500 pesos.

Los policías de Asuntos Internos que monitoreaban la conversación entraron a la comisaría. A Carrasco le secuestraron 4700 pesos. Ninguno de los billetes era de la partida que había entregado la mujer. Ese fajo apareció en un cesto de basura.

La agente Torrillo no fue a juicio. La fiscalía consideró que no había pruebas para demostrar que sabía de la operación. “Aun no fue absuelta, la causa sigue su trámite, aunque es posible que se archive”, contó el fiscal. Carrasco y Carrizo no tenían demasiada opción. Las pruebas en su contra eran contundentes. “De llegar a juicio terminaban con una condena mayor. Yo hubiese acusado por una pena mínima de cuatro años”, contó el fiscal Dalmau. Y agregó: “Para el Ministerio Público Fiscal también es beneficioso, ayuda a descomprimir el sistema”.