Río Doce.-
Luego de darse a conocer que al menos una de las armas que formó parte del operativo Rápido y Furioso, fue utilizada por sicarios del cártel de Sinaloa en contra de elementos del Ejército Mexicano, en cuyo enfrentamiento el pasado 24 de noviembre murieron dos soldados, un jornalero y una ex reina de belleza, legisladores de Estados Unidos presionaron más al Departamento de Justicia para que proporcione detalles sobre el operativo, no obstante el DOJ, solo ha emitido un agudo silencio.
La teoría de que el cártel de Sinaloa fue el grupo criminal que más se benefició con el operativo Rápido y Furioso, se fortaleció una vez más, luego que legisladores estadounidenses dieran a conocer que una de las armas aseguradas durante el enfrentamiento en que murieron dos elementos castrenses y una reina de belleza, en Mocorito Sinaloa el pasado mes de noviembre, formó parte de ese operativo.
Esa situación, observó el senador Charles Grassley, fortalece una teoría y es la posibilidad de que los dos elementos castrenses muertos durante ese enfrentamiento, hayan sido abatidos por uno de los rifles AK-47 que pasaron a México con anuencia del gobierno estadounidense, lo cual, de comprobarse, incrementaría el número de víctimas gubernamentales que han sido ultimadas con armas de Rápido y Furioso.
“Necesitamos detalles sobre ese operativo, para llegar al trasfondo de todo porque, hasta ahora, es claro que el ATF y el Departamento de Justicia han fallado en proporcionarnos información, y en tanto sigue muriendo gente”, dijo Grassley en un comunicado enviado a Ríodoce.
Hasta el momento no se ha revelado qué armas fueron las que cortaron la vida de los dos elementos castrenses, aunque los legisladores estadunidenses precisaron que exigirían respuestas para así llegar al trasfondo de todo.
Tanto Grassley como el congresista republicano Darrell Issa, han sido quienes más han exigido al Departamento de Justicia detalles sobre el operativo, incluso, han solicitado el cese del procurador Eric Holder, sin embargo, el presidente Barack Obama ha enfatizado que no cesara a Holder por tratarse de acusaciones políticas en contra de sus colaboradores.
El trayecto de un AK-47
De acuerdo a fuentes de la oficina del senador Grassley, el arma encontrada cerca de donde yacía el cuerpo sin vida de María Susana Flores Gámez, era un rifle AK-47 que fue adquirido por Uriel Patiño, uno de los principales compradores de armas en Phoenix y quién, aparentemente, trabajaba para Joaquín, el Chapo Guzmán.
Muy cerca de dónde se encontró esa arma, estaba otro fusil, un FN Herstal, calibre 57, que aunque no formó parte de Rápido y Furioso, fue comprada por George T. Gillet, agente especial del ATF cuando inició la operación y que apareció en uno de los lugares donde se dieron los enfrentamientos del sábado 24.
Esa situación, sugiere Grassley en una carta enviada al DOJ el miércoles de la semana pasada, hace concluir que posiblemente Gillet haya estado involucrado en la compra ilegal de armas, que aun cuando el agente expone haberlo hecho todo bajo reglas del estado, en el caso de la Herstal, el senador sugiere que Gillet tal vez esté mintiendo, y que mentir en esas condiciones se paga con prisión.
“En la carta enviada al DOJ pedimos que se investigue todo en cuanto al operativo, porque hay detalles que aún no tenemos y en el caso de Gillet, todo sugiere que compró armas con nombres falsos”, dijo Grassley.
Aunque se desconoce el número de armas que Gillet pudo haber adquirido, sí se reveló que tan sólo Uriel Patiño compró al menos 700 de las casi 2 mil armas de alto impacto que el ATF dejó pasar a territorio mexicano, algunas de cuyas armas han sido localizadas en Sinaloa desde que se dio a conocer el operativo.
El número desconocido
Aunque se desconoce cuántos mexicanos han muerto abatidos por las armas de Rápido y Furioso, legisladores estadounidenses revelaron a finales del 2011 que pudieran ascender a 200, aunque precisaron que era imposible precisar cuántos realmente eran, ni los que se sumarían en años futuros.
No obstante, ya se precisó que en total, el operativo Rápido y Furioso dejó pasar alrededor de 2 mil armas que tuvieron un costo de casi 1.5 millones de dólares, y que el objeto de la operación era rastrear a Joaquín El Chapo Guzmán para acabar con su organización.
No obstante, este operativo coincidió con una escalada en la violencia en territorio mexicano, desde finales del 2008, hasta principios del 2011, por lo que el gobierno de México ha exigido al de Estados Unidos una investigación detallada sobre la operación, aunque nunca se les ha entregado ningún reporte, y todo lo que se conseguido es por la presión de los legisladores Grassley e Issa.
De acuerdo a reportes de la PGR, facilitados al DOJ, varias de las armas que formaron parte del operativo han sido encontradas en poder de células de gatilleros que no sólo pertenecen al Cártel de Sinaloa, sino también al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Armas como AK-47, AR-15, Barret Calibre .50 y M-16, han sido aseguradas en diversos operativos en los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva y Mocorito.
En Marzo del 2011, el Centro de la Integridad Pública (CPI) reveló que aunque la intención de Rápido y Furioso era llegar a la cúpula de poder del cártel de Sinaloa para desmembralo, la realidad es que terminó por beneficiarlo pero, sobre todo, disparó la violencia en México.
“Se tuvo acceso a varias fuentes, incluyendo John Dodson (el agente del ATF que hizo público el operativo), y lo que descubrimos fue que las armas pasaron por Ciudad Juárez en varias ocasiones, y que la intención original era que estas llegaran a solo uno de los cárteles que peleaba esa plaza, en este caso el de Sinaloa”, dijo en aquel entonces Ricardo Sandoval, del CPI a Ríodoce.
Aún cuando entre las víctimas de mexicanos hay policías de todos los niveles de Gobierno, así como civiles, la única muerte que verdaderamente pareció cimbrar a las autoridades mexicanas y estadounidenses fue la de Brian Ferry, ya que a partir de entonces, legisladores iniciaron una investigación para llegar a los responsables del operativo.
Otro agente norteamericano, Jaime Zapata, murió asesinado en San Luis Potosí, en febrero de 2011, con otra de las armas registradas en Rápido y Furioso, éste a manos de una célula de los Zetas.
“Más allá de toda declaración, la realidad es que el daño ha sido tanto, tanto México como Estados Unidos tendrán que vivir con las consecuencias de esa omisión durante muchos años aún por venir”, se lee en un reporte de 60 páginas, preparado por el senador Grassley y el congresista Issa.
Durante todo el tiempo que el ATF realizó esta operación, no solo negó información a su oficina de México, también no advirtió al Gobierno mexicano sobre la basta cantidad de armas que dejaban pasar a territorio mexicano.
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