Por EL Heraldo de Honduras .-

La Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía de Derechos Humanos abrieron ayer expedientes sobre los 22 lanzacohetes RPG-7 y sus municiones capaces de destruir carros blindados- robados de las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA).

Autoridades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado mostraron una profunda preocupación por la pérdida de este armamento. Temen que hayan ido a parar a manos de crimen organizado o al narcotráfico, poniendo en peligro la seguridad nacional y la de otras naciones.

Un experto en armas consultado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO explicó que los RPG-7 son dispositivos de alto poder explosivo que se utilizan para destruir objetivos específicos como aviones, tanques y carros blindados. Esta arma está conformada por un cohete y un sistema de propulsión, y en el mercado negro no se venden por partes.

La sustracción de los 22 RPG-7, registrada a mediados de 2010, consta en el expediente 2010-24, que se ventila en el Juzgado de Instancia Militar.Al conocer del robo de los 22 RPG-7 de las bodegas del CALFFAA, autoridades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado aseguraron que abrirán un expediente. Enviarán un oficio al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general René Osorio Canales, pidiéndole información sobre el extravío del armamento. Asimismo, se corroborará si hay un expediente administrativo de la pérdida de armas que contenga las especificaciones, quiénes estaban al cuidado, quién era el encargado del CALFFAA cuando se registró el robo, y todo lo relacionado con el proceso judicial que se maneja en el juzgado militar.

Dependiendo de la respuesta y tras conocer el expediente se definirán inspecciones y citas para tomar declaraciones.
Derechos Humanos
Mientras tanto, en la Fiscalía de Derechos Humanos aseguraron que verificarán si al único detenido por este hecho, el sargento técnico Luis Alberto Sánchez Rodríguez, se le están violentando sus derechos dentro de la instancia militar, como él lo ha manifestado.

Sánchez Rodríguez fue capturado el 30 de junio de 2011 por el delito de deserción, luego de que el 26 de noviembre de 2010 se le acusara en el juzgado militar de deserción en perjuicio del CALFFAA. El 13 de julio del 2011 recibió sobreseimiento provisional, pero no quedó libre ya que días antes le habían extendido el proceso judicial por hurto de armas.

Él aseguró que lo involucran en el robo por dos razones: por haber realizado un mandado que le pidió el comandante de la unidad, coronel Saúl Orlando Coca Cantarero, de llevarle unas llaves a una teniente de apellido Banegas; y por haber ingresado y salido del CALFFAA en un vehículo particular que había sacado prestado.

“Tengo más de cuatro meses de estar aquí y no se me ha llamado a otra declaración, a otra audiencia, no veo que me solucionen el caso. En efecto, no sé por qué no le están dando agilidad al trámite”, dijo el detenido.

“Incluso pregunté por un testigo en el juzgado, pregunté por el muchacho que me había estado llamando, Edilson Paulino Rodríguez, entonces me dijeron que ese soldado lo habían matado vestido de militar, en la represa Los Laureles”, lamentó Sánchez Rodríguez.

Como el detenido sostuvo no tener nada que ver en el extravío de los 22 RPG-7 y denunció que se le está violentando su derecho a la defensa, la Fiscalía de Derechos Humanos abrirá un expediente y se nombrará lo más pronto posible al personal que conocerá del caso, dijo German Enamorado, coordinador de la Fiscalía de Derechos Humanos.

“Hay una persona procesada en el fuero militar, vamos a verificar si ha habido el debido proceso, no interrumpimos las acciones judiciales que están promovidas y debidamente originadas en una infracción. Estamos abriendo un expediente para verificar los antecedentes y asignaremos lo más pronto posible el personal que se encargará de eso”, dijo.

Sobre la coordinación con las otras fiscalías, Enamorado manifestó: “No estamos limitados de pedir información entre fiscalías, pero un dato fundamental lo aporta el mismo expediente, tendremos que verificar cuál ha sido el motivo de origen del mismo y si las etapas se han seguido conforme al debido proceso. Recuerde que aunque sea instancia militar siempre hay reglas que se deben seguir y entre ellas es una debida defensa técnica del imputado”.
Delitos comunes
También se conoció que hace unos días la Fiscalía de Delitos Comunes se apersonó al caso del robo de los 22 RPG-7, corroborando en el expediente que no existe la agilidad en la ejecución de medios de pruebas como ser citaciones a oficiales involucrados, así como la realización de varias inspecciones en el lugar del hecho.

Hostigamiento
El HERALDO conoció que entre noviembre y diciembre Sánchez Rodríguez fue víctima de hostigamiento por parte de los miembros de inteligencia militar, quienes le prometían ayudarle si decía la verdad, lo invitaban a salir con un permiso especial y, al recibir una respuesta negativa, lo amenazaron con enviarlo a la Penitenciaría Nacional.
El hostigamiento también se reinició el lunes pasado, cuando -a pesar de estar bajo detención judicial por orden del juzgado militar- fue llamado por la comandancia del CALFFAA. Ayer sucedió lo mismo en el Primer Batallón de Infantería, donde está detenido.
Peligro
Según los expertos consultados por EL HERALDO, la pérdida de armas como los RPG-7 de unidades militares y policiales constituye un verdadero peligro para la seguridad del país, así como para la seguridad de otras naciones.
No es la primer vez que las Fuerzas Armadas se ve involucrada en casos escandalosos, relacionados con robos. Pericias realizadas revelaron que gran parte de armamentos decomisados provenían de lotes correspondientes a los inventarios militares.
El penúltimo hecho inaudito fue el robo de una narcoavioneta de la base Armando Escalón de San Pedro Sula, registrada el 1 de noviembre de 2010.

Pendiente de investigación
Aunque el caso del robo de los 22 lanzacohetes RPG-7 y sus ojivas se ventila en la instancia militar, corresponde al Ministerio Público la investigación del homicidio del soldado Edilson Paulino Rodríguez.El sargento Luis Alberto Sánchez Rodríguez, en su declaración, sostiene que Edilson Paulino Rodríguez era uno de sus testigos de que no tenía nada que ver en el robo de las armas; sin embargo, apareció muerto.En el libro de ingreso de cadáveres de Medicina Forense está registrado que el 18 de mayo de 2011, los empleados de la morgue levantaron en Los Laureles el cadáver del soldado. El cuerpo presentaba varias perforaciones de bala. El homicidio también se registró en el acta de levantamiento 1017-11 y en la autopsia 1076-11 de Medicina Forense.

El soldado ejecutado era originario de Danlí, El Paraíso, y se conoció que cuando se encontró el cuerpo, las Fuerzas Armadas lo hicieron pasar como marero, aunque sus compañeros nunca lo conocieron como pandillero. Este homicidio actualmente está impune, como lo están muchos robos de armas que se han registrado en la institución castrense.