Prensa Libre.-

“Esperamos que los estudios estén relativamente terminados para la Cumbre Iberoamericana y terminados para cuando la Asamblea (General) de la OEA sea en Guatemala, en junio de 2013”, dijo a Efe el canciller guatemalteco, Harold Caballeros, que se encuentra de visita oficial en Tokio.

El ministro recordó que recientemente los países de la región acordaron encargar análisis a la OEA sobre propuestas de lucha contra el narcotráfico, principalmente sobre “las experiencias de despenalizar el consumo de drogas” y sobre los eventuales escenarios en caso de endurecer la guerra contra los traficantes.

En este sentido, insistió en que Guatemala no va “con una posición predeterminada”, sino que tiene el objetivo de buscar “qué es lo mejor” para combatir el tráfico de drogas.

A la próxima Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en Cochabamba (Bolivia) a principios de junio, Guatemala espera llevar un comisionado “de altísimo nivel”, aún no designado, para que participe en la elaboración de los estudios, añadió Caballeros.

El ministro guatemalteco subrayó que su país defiende la necesidad de un diálogo regional para buscar nuevas vías en la lucha contra el narcotráfico, “porque si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir igual”, dijo.

Guatemala y otros países centroamericanos son utilizados por su posición geográfica como corredor para el tráfico de la droga producida en Suramérica hacia México y EEUU, en los últimos años también utilizado por los narcotraficantes como “bodega” de drogas.

“Nosotros no producimos y no consumimos: Nuestro gran delito es una posición geográfica, ése es nuestro problema”, indicó Caballeros.

El canciller indicó que, entre las propuestas que se han efectuado, están también las de solicitar compensaciones económicas a EEUU por la droga incautada y entregada a este país, o la creación de una Corte Criminal Regional.

Ésta tendría jurisdicción sobre cuatro delitos: tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas, explicó Caballeros, que detalló que ello permitiría hacer extradiciones de forma automática y descongestionaría los sistemas judiciales nacionales.

Aunque países como EEUU apuntaron a que la creación de un organismo de este tipo llevaría años, el ministro guatemalteco insistió en que es cuestión de “voluntad política y trabajo”.