En Perú, dos parejas se salvaron del linchamiento por asesinar a una menor

La Razón-.

Dos parejas fueron enviadas con detención preventiva a los penales de El Abra y San Sebastián por la violación y asesinato con 20 puñaladas de Elizabeth Rivera (13), los hombres como autores y las mujeres por complicidad.

“Se ha establecido que son autores del delito del homicidio, los varones en el grado de autor principal y las mujeres en el grado de complicidad”, dijo el juez de Instrucción Penal Cautelar de Quillacollo, Gastón Rodríguez. Los detenidos preventivos son: Abel H., Santos M., Ana Z. y Florencia F.

Elizabeth Rivera vivía con sus abuelos en Buen Retiro, Capinota, a 65 kilómetros de la capital cochabambina, y dos días antes de ser salvajemente asesinada había cumplido 13 años.

Rescate. La adolescente fue golpeada, abusada sexualmente y ultimada con 29 puñaladas. La Policía halló en sus dedos restos de cabello y sangre del agresor, y colectó semen. Ana Z. confesó haber visto a su esposo Santos M. “con el arma homicida”, el cuchillo con el que se presume la apuñalaron. “Él la golpeó y le cortó el cabello”, dijo.

Abel H. negó haber provocado la muerte de la menor, pero confesó que abusó sexualmente de ella en dos oportunidades. Él fue aprehendido la noche del jueves por efectivos de la fuerza anticrimen de Capinota y de Quillacollo.

Según el director de esta última repartición policial, coronel Elvin Baptista, pobladores de Buen Retiro lo sindicaron como “principal sospechoso de la muerte de la menor, cuyo cadáver fue hallado a 200 metros de una granja de pollos donde éste trabaja”.

Los otros tres fueron capturados por una turba de unos 600 comunarios de Buen Retiro, e intentaron lincharlos. Efectivos policiales los rescataron a las dos de la madrugada de ayer y los trasladaron a Quillacollo por la tarde, donde se efectuó la audiencia de medidas cautelares.

“Un cabildo en Capinota pretendía hacer justicia por mano propia. La Policía ha tenido que intervenir, igual que la Fiscalía del Distrito, para convencer a la población de que no podía hacer eso”, y que era mejor dejar el castigo en manos de la Justicia, explicó el coronel Alberto Suárez, subcomandante  departamental de la Policía de Cochabamba.