mauricio-francoJoaquín Romero fue el único que sobrevivió. El 3 de febrero de 2011, un policía le disparó con una escopeta Escort. Le entraron tres balas de plomo: en la espalda, el pecho y el tórax, muy cerca de la columna. Su testimonio será clave para determinar la responsabilidad de los policías que mataron a sus dos amigos: Franco Almirón, de 16 años y Mauricio Gabriel Ramos de 17. El caso se conoció como La Masacre de José León Suarez. Hoy a las nueve de la mañana empezó en San Martín el juicio que juzgará al subinspector de la Policía Bonaerense, Gustavo Rey, y al oficial  Gustavo Vega.

Ese febrero, un tren de carga de la ex línea Mitre había descarrilado y la policía estaba reprimiendo ahí, en José León Suárez, frente al barrio La Cárcova. Tiraron gases lacrimógenos y balas de plomo porque, suponían, iba a haber saqueos. En un principio las versiones eran que el descarrilamiento había sido intencional. Después se supo que era por el mal mantenimiento de las vías.

Cuando encontraron a Franco, siete balas de una escopeta Mossberg 12/70 le habían dado en la cabeza, en la mano derecha, el antebrazo, bíceps, cadera y en los pulmones.

El que está acusado de haberle disparado a los dos es Gustavo Rey. Vega es quien habría usado una escopeta Escort contra Joaquín Romero.

Vega, de la comisaría 2ª de San Martín, y Rey, del cuerpo de la Policía Buenos Aires II, se sentarán hoy frente a los jueces y tendrán que explicar las muertes de Franco y Mauricio, y por qué Joaquín tenía heridas con balas de plomo.

En el barrio, los vecinos la llaman la “Masacre de Cárcova”. “Lo que pasó no fue casualidad, ni el accionar solitario de un solo policía, sino una respuesta coordinada. La decisión de ir a buscar más cartuchos la tomó uno de los policías que estaba en el lugar, y a la vuelta hubo un momento en el que pasaron de tirar cartuchos de goma a tirar cartuchos de plomo. Todo estaba claramente coordinado y que había alguien que lo estaba decidiendo. Eso es lo que nosotros queremos que se vea bien claro en el juicio y que a partir de ahí se continúe investigando a quien se tenga que investigar”, dijo Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a Romero y a María Elena Ramos.

Las organizaciones sociales y los familiares de los tres chicos, y de otras víctimas de la violencia institucional, están en estos momentos en los Tribunales. Habrá recitales con bandas locales, para hacer una vigilia durante el primer día del juicio. Cerrará el grupo de cumbia Yerba Brava.

En el inicio del debate estarán: el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el diputado nacional Leonardo Grosso, el diputado provincial Marcelo Saín, el interventor del INADI Pedro Mouratian, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y autoridades del CELS y otras personalidades y organizaciones. También el vice gobernador Gabriel Mariotto, los diputados Remo Carlotto y Victoria Montenegro, los legisladores provinciales José Ottavis, Fernando “Chino” Navarro, y Miriam Medina y Raquel Witis, representando a los familiares de víctimas de violencia institucional.

Además, harán público un documento en el que la Campaña contra la Violencia Institucional pedirá que los crímenes no queden impunes y que se establezcan las responsabilidades políticas por la represión que terminó con los asesinatos.

Que se sepa que fue un operativo coordinado, que los policías buscaban cada vez más balas de plomo para reprimir. Eso es lo que esperan que se concluya los abogados de las familias de las víctimas. Y que se investigue a los jefes policiales que estaban ese día, que fueron los que dieron las órdenes.

Joaquín Romero sobrevivió. Estuvo quince días internado. Sus amigos habían muerto. Pero pudo reconocer al subinspector Vega, y hablará en el juicio.