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La decisión de una Corte de El Salvador de liberar a una mujer que pasó cuatro años en una cárcel tras perder su embarazo es una gran victoria para los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.

María Teresa Rivera, 33, fue encarcela en 2011 y sentenciada a 40 años de prisión por “homicidio agravado” tras haber sufrido una pérdida de su embarazo.

“La liberación de María Teresa es otro paso hacia la justicia en un país donde las mujeres son tratadas como meras ciudadanas de segunda clase,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“No se le debería haber forzado a pasar ni un segundo tras las rejas. Su liberación debe ser un catalizador de cambios en El Salvador, donde docenas de mujeres son encarceladas bajo una ridícula ley anti-aborto que no hace más que poner las vidas de miles de mujeres y niñas en peligro.”

María Teresa fue detenida en un hospital después de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y sangrando profusamente. El personal del hospital la denunció a la policía y la acusó de haberse sometido a un aborto.

Durante el juicio, uno de los jefes de María Teresa testificó contra ella, y dijo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. Si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada de 11 meses cuando se produjo el aborto. Ese indignante testimonio fue una de las pruebas utilizadas para condenarla.

La liberación de hoy llegó después que un juez dictaminara que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra.

Tras una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro. El cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en el que se presupone inmediatamente que las mujeres son culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos.

Fuente: Amnistía Internacional