Fotos: Kala Moreno Parra
“Están subiendo cosas a los camiones. Son familias que arreglaron en el transcurso de la noche. Es la mitad de las 35 familias que hay. Las demás están en una situación compleja. En el medio llegaron más policías. Ahora lograron vallar las 9 manzanas alrededor del lugar. Está completamente vallado y al estar cerrado hay más presión sobre ellos”.
Las palabras pertenecen a uno de los referentes de la toma del Padelai. La tensión empezó a medianoche. La amenaza era desalojarlos por la noche, cerca de las cuatro de madrugada.
No es la primera vez que desalojan el edificio.
El primer desalojo fue el 25 de febrero de 2003. Las familias que vivían allí estaban en el lugar desde 1979. Eran cerca de 800 personas. Los echaron con subsidios, pero también con palos: igual que hoy, aquella vez la policía valló varias cuadras a la redonda. Aquel día hubo al menos 52 detenidos y 16 heridos.
Las familias desalojadas entonces tenían título de propiedad: eran dueñas del 70% del inmueble. El resto pertenecía al Gobierno de la Ciudad. El desalojo se había ordenado a partir de un informe que alertaba el posible derrumbe de una chimenea. La construcción fue demolida por los propios vecinos con ayuda de bomberos voluntarios. El desalojo, ordenado por el entonces jefe de gobierno Anibal Ibarra, siguió su curso.
Muchos veían allí la posibilidad de un gran negocio inmobiliario: el Padelai no era solo un bolsón de familias humildes en una zona turística pujante. La propiedad, a dos cuadras de Plaza Dorrego estaba valuada -en el año 2003- en 20 millones de dólares.
Luego del desalojo el gobierno de la Ciudad, ya en manos de Macri, le cedió el inmueble al Centro Cultural de España por 30 años. El plan era faraónico: construir allí un enorme centro cultural, con una inversión de 6 millones de euros, que nunca se terminó de concretar.
Con el tiempo, las familias que fueron desalojadas se quedaron sin nada y volvieron al lugar. Durante 9 meses acamparon en la calle, hasta el 6 de mayo de 2012. “Pudimos ingresar al edificio en acuerdo con el presidente del Centro Cultural Español, Ricardo Jarne”, contó en ese momento uno de los vecinos a la revista Nueva Ciudad.
El acuerdo reveló algo: en el registro de la propiedad, los desalojados seguían figurando cómo dueños del inmueble.
Las familias eran los dueños legales del predio desde 1991. Según cuenta la publicación el Sol de San Telmo, “a fines de 1991, y en un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad bajo la intendencia de Carlos Grosso, las familias del ex Padelai formaron la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada. El Gobierno de la Ciudad les entregó el título de propiedad por el 70 por ciento del inmueble, para que –por intermedio de apoyo estatal y colaboración de las familias– se construyan allí viviendas (del restante, 25% era destinado a equipamiento comercial y el 5% a equipamiento comunitario). Pero las obligaciones de este contrato no se cumplieron y en 1996 las familias hicieron una demanda al Gobierno de la Ciudad”.
Desde el día que volvieron en 2012, contaba el vecino a Nueva Ciudad, “el edificio está cercado por la Policía Metropolitana, que se para en la puerta de la calle Balcarce con una lista censada en donde, cada vez que queremos entrar y salir, nos piden una identificación y algunas veces quieren revisarnos los bolsos”.
“Hace más o menos una semana que cerraron, con las esposas que utilizan los policías, los otros ingresos al predio, con el fin de que, sí o sí, entremos por la calle Balcarce”, se quejó.
Muchas de esas familias que volvieron en aquel momento, hoy están siendo desalojadas otra vez. Pasaron la noche rodeados por la policía. Y ahora suben sus cosas a camiones, con rumbo incierto y promesas de créditos de vivienda para las familias con hijos y ayuda económica para los demás
Igual que trece años atrás.
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