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Nuevo informe demuestra que la descriminalización de la posesión de drogas no supone un incremento de su consumo. Latinoamérica es líder mundial en cambiar las políticas de drogas. Un tercio de los países que están adoptando la descriminalización son latinoamericanos.
En el informe publicado hoy por Release, organización del Reino Unido especializada en drogas y legislación, se revisan los 21 países que han adoptado alguna forma de descriminalización y se analiza cómo el modelo legal actual tiene muy poco impacto en los índices del consumo. En el informe se define la descriminalización como la eliminación de sanciones penales, pero con la adopción opcional de sanciones administrativas y la distribución es considerada como un delito penal.
El informe “Una revolución silenciosa: Políticas en práctica para la descriminalización de las drogas en todo el mundo” (‘A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice across the Globe’) muestra cómo países tan dispares como Bélgica, Estonia, Australia, México, Uruguay, los Países Bajos y Portugal han adoptado diferentes modelos de descriminalización. También remarca que la descriminalización no es un fenómeno nuevo y que algunos países, como España, llevan adoptando un enfoque no penal hacia las drogas desde la década de 70.
Niamh Eastwood, directora ejecutiva de Release y una de sus autores, dijo que “este informe recalca que aplicar con dureza la justicia no lleva a una reducción en el consumo de drogas, pero sí causa daños significativos a los individuos. Como miembros de la sociedad debemos preguntarnos porque en el Reino Unido estamos criminalizando a decenas de miles de jóvenes cada año. La criminalización de quienes consumen drogas limita sus oportunidades en el mundo de la educación y del empleo, y estigmatiza a la gente innecesariamente. Hacer que se cumplan las leyes es caro; adoptar un modelo de descriminalización haría posible superar estos problemas”.
Las investigaciones de Australia, destacadas en el informe, demostraron que además de lo innecesario de penalizar a la gente, la descriminalización tiene otras consecuencias positivas. Este informe comparó a los individuos que habían sido juzgados por posesión de cannabis y los que no. La conclusión fue que los individuos que habían recibido sanciones penales eran más proclives a sufrir consecuencias negativas tanto en el trabajo, como en las relaciones familiares y personales, como resultado de los cargos derivados del cannabis, y son más proclives a continuar en contacto con el sistema penal.
El informe se puede acceder en: http://release.org.uk/descriminalizacion-drogas
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