Las organizaciones de mujeres cuestionaron que no se tomaran medidas preventivas después de que Romina Dusso denunciara a Marcos Feruglio. El gobernador Lifschitz también apuntó contra la Justicia.
Una mujer golpeada denuncia a su ex. El fiscal decide esperar un día más para ver qué hacer con el agresor. Horas después, cuatro integrantes de la familia de la víctima son asesinados. La Fiscalía de turno, la comisaría de Sauce Viejo y la de la Mujer de Santo Tomé sabían que ella estaba en peligro.
El cuádruple femicidio vinculado en la víspera de Navidad abrió el debate sobre el accionar de los funcionarios y operadores de la Justicia santafesina. Y las organizaciones de mujeres alertaron: “Si no hay Justicia, hay escrache”.
El viernes Marcos Feruglio increpó a su expareja y madre de sus tres hijos, Romina Dusso, porque no quería ir a la Justicia para determinar la cuota alimentaria de los chicos. La agredió verbalmente y le pegó en la cabeza. Le dejó una marca atrás de la oreja. Cuando se fue, Romina decidió denunciarlo como lo había hecho en otras dos oportunidades en los últimos dos años.
Llegó a la Comisaría 19ª de Sauce Viejo con su mamá Claudia Oliva y la pareja de ella, Nicolás Estrubia. Ahí se comunicaron con el fiscal de turno, Andrés Marchi, y la derivaron al hospital José María Cullen, en Santa Fe, para que constataran las lesiones.
Pasadas las 20, el fiscal dio intervención a la Comisaría de la Mujer. Las agentes de esa unidad fueron hasta el hospital y, en un patrullero, llevaron a las tres personas hasta su sede de Santo Tomé. Ahí, Romina volvió a contar la discusión, la agresión y que no era la primera vez que Feruglio le pegaba. También le dijo a las agentes que, por precaución, se iba a instalar un tiempo en la casa de su papá, Gustavo Dusso, en el barrio Sur de Santa Fe. Estaba afectada pero contenida por su familia.
“Hay un protocolo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre violencia de género. ¿Por qué no lo derivaron a esa área?” – Lucila Puyol, abogada feminista.
La responsable de las comisarías de la Mujer en Santa Fe, directora general Mónica Viviani, contó a Diario UNO: “Una vez que se hizo la entrevista se le comunicó todo al fiscal y él dispuso que se lo consulte al otro día para ver qué medidas se iban a adoptar con respecto al agresor”.
No hubo tiempo. A las 6 del sábado, Feruglio entró al edificio de 25 de Mayo al 1600 y asesinó a Gustavo Dusso y a Camila Dusso, la hermana de 15 años de su ex. En el ataque hirió a Romina y a Noelia Huss, la pareja de Gustavo. Los hijos de Romina, un varón de cuatro años y unas mellizas de un año y medio, se salvaron del ataque de su papá porque quedaron encerrados en una habitación. Feruglio fue detenido cerca del lugar, después de que los vecinos llamaran a la policía. Entonces se descubrió que, en la casa familiar de Sauce Viejo, Oliva y Estrubia también habían sido asesinados.
El reclamo
Apenas se conoció el cuádruple femicidio vinculado –un crimen perpetrado con la intención de dañar a la mujer–, las organizaciones feministas repudiaron el accionar del fiscal Marchi porque no tomó medidas preventivas. Las militantes se reunieron el domingo 25 a las 10 en Tribunales para participar de la audiencia imputativa por los crímenes de Santa Fe, ya que los de Sauce Viejo aún se están investigando.
Antes de la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, el artículo 190 habilitaba a los funcionarios policiales a actuar frente a los casos de violencia familiar y a definir, entre otras alternativas, la exclusión del hogar del agresor durante 24 o 48 horas. A partir de la derogación de ese artículo, todas las medidas deben ser definidas por el Poder Judicial.
“El mayor problema que tiene la Justicia en Santa Fe y, en general, en el país es que no incorpora la perspectiva de género. Y ese es nuestro mayor desafío porque, sino, va a seguir sucediendo lo mismo. Hoy no es un problema de leyes, aunque siempre se pueden ir mejorando, por ejemplo a partir de la tipificación concreta del delito de femicidio, que no sea un homicidio agravado por violencia de género”, evaluó Lucila Puyol, abogada e integrante de Hijos y del movimiento de mujeres.
“Las leyes están, las dependencias y los tratados internacionales están. Hay que usarlas” – Florencia Marinaro, Multisectorial de Mujeres.
La militante feminista también cuestionó los dichos del fiscal regional Jorge Nessier respecto al accionar de su par. “Él dice que se «podrían» haber hecho otras cosas pero se tendrían que haber tomado medidas. En un caso de violencia de género, si se hace una seria evaluación del riesgo y se toman las medidas necesarias, se pueden ir previendo ciertas situaciones”, dijo. Y marcó que, por ejemplo, se podría haber ordenado buscar a Feruglio, identificarlo y detenerlo.
“Si se detiene a personas por un robo o para su identificación, ¿cómo no se lo va a hacer por amenazas a una mujer en el marco de la violencia de género? Los fiscales tienen amplias facultades y hay un protocolo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre violencia de género. ¿Por qué no lo derivaron a esa área?”, insistió.
Incluso el gobernador Miguel Lifschitz señaló que, en el caso del crimen de la familia de Romina Dusso, hubo “una primera responsabilidad de la Justicia que estaba interviniendo en el caso. Pero habrá que ver después qué otras cosas pudieron haberse hecho y no se hicieron en esta oportunidad”.
Florencia Marinaro, una de las abogadas que integra la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, explicó que las leyes nacionales y provinciales establecen que se debe hacer una intervención integral de esas situaciones y convocar a los organismos locales que trabajan el tema. En ese caso, dijo que se tendría que haber articulado con el Área Mujer de la Municipalidad de Santo Tomé. “Independientemente de la investigación que debería haber hecho para medir el nivel de riesgo que tenía la situación por los golpes, las amenazas y la reiteración en la denuncia”, acotó.
Y, entre las medidas que se podrían haber tomado, coincidió con Puyol en la posibilidad de una detención inmediata del agresor y agregó la alternativa de brindarle un botón de alerta a Romina.
“No se va a saber si esto hubiera evitado los crímenes pero sí desnuda el actuar del MPA. Hemos avanzado un montón en que las personas que toman las denuncias tienen perspectiva de género, hay una unidad especializada pero no hay instrucción, ni investigación ni elevación a juicio. No hay medidas penales sancionatorias a los violentos que rompen las medidas de distancia. Tampoco se los llama a audiencia porque todo lo caratulan como lesiones leves y, como es un delito excarcelable, terminan archivando las denuncias”, cuestionó.
El movimiento de mujeres de Santa Fe anunció que seguirá de cerca la investigación por el cuádruple femicidio vinculado e insistió con que los funcionarios y operadores judiciales deben incorporar la perspectiva de género. “Las leyes están, las dependencias y los tratados internacionales están. Hay que usarlas”, cerró Marinaro.
* Esta nota fue escrita en el marco de la Beca Cosecha Roja y será publicada también en Diario UNO de Santa Fe.
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