cromañónfacundonivoloICosecha Roja.-

Hoy Casación Penal confirmó las condenas por la masacre de Cromañón. En el fallo, los jueces escribieron que las sucesivas decisiones judiciales estuvieron “cerca de crear un laberinto”. Después de 11 años, estos son los pasos finales de un sinfín de batallas en los Tribunales. Pero el recorrido sigue: “Lo judicial no es el único eje de disputa, también importa la ampliación de derechos para las víctimas y discutir el rol del Estado”, dijo a Cosecha Roja Facundo Nívolo, sobreviviente.

Diego Rozengardt es hermano de una víctima (Julián) y uno de los autores del libro Pensar Cromañón. “El recorrido fue larguísimo y sumamente arduo. Somos doblemente víctimas: pasaron casi once años y la excesiva demora en la justicia también es una manera de impunidad”, dijo a Cosecha Roja.

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En estos once años, murieron más de 30 personas entre sobrevivientes y familiares. “Si van presos o no van presos -los responsables de la masacre- no altera la vida de nadie. Tenemos que conquistar derechos para que la gente pueda rehacer su vida”, dijo Nívolo.

El estrés postraumático es crónico. Según el sobreviviente, “en el calendario de una víctima hay un montón de días al año en el que necesitás un acompañamiento: el cumpleaños de alguien que falleció, el 30 de diciembre y cada vez que aparece el caso en los medios”.

Recién el año pasado el Gobierno de la Ciudad reglamentó la Ley de Reparación Integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de “La Tragedia República de Cromañón” y que establece prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica. Para él, todavía falta ampliar la discusión a lo nacional.

“Nosotros necesitamos recuperar dignidad. Nos vimos muy desfavorecidos por los medios: se dijo que éramos negros drogados del conurbano, se nos estigmatizó y algunos hasta nos echaron la culpa”, dijo Nívolo. El cambio que queda por delante es cultural: “Que los pibes hoy le reclamen a sus ídolos que los cuiden, es una enseñanza que nació de Cromañón”, dijo Rozengardt.

El 30 de diciembre de 2004 el local República de Cromañón se incendió por una bengala, murieron 194 personas y otras 1500 resultaron heridas. Esa noche acaba de empezar el recital de Callejeros. La masacre no tuvo nada de accidente. “Todo parecía preparado para que ocurriera lo que ocurrió, faltaba encender la mecha: los organizadores metieron 5 veces gente que lo permitido, coimearon funcionarios, el Estado no inspeccionó, dio habilitaciones truchas y los certificados de los bomberos se vendían”, dijo Rozengardt.

Durante la trayectoria de las causas intervino “casi todo el arco del Poder Judicial”. Para Rozengardt, “nadie va a poder objetar nunca que los acusados no tuvieron todos los derechos garantizados, mucho más que el argentino medio, que cualquier ciudadano pobre”.

Para Nívolo, hay que anclar lo que pasó en la historia del país. “Cromañón fue uno de los últimos espasmos del neoliberalismo feroz. Nuestra generación venía golpeada, vivimos la crisis de 2001, no había laburo, no teníamos oportunidades”, dijo.

Cromañón es el cruce entre el mundo del empresariado y el del Estado. La causa puso al descubierto que “en vez de unos controlar a los otros, los empresarios violaban la norma y los funcionarios se llevaban su parte”, dijo Rozengardt. El hermano de Julián espera que el resultado de la batalla judicial sea un antes y un después, que sirva como antecedente para otras causas similares.

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El laberinto judicial

Durante el juicio fueron imputados los músicos de Callejeros, el ex manager Diego Argañaraz, los funcionarios de la Ciudad Fabiana Fiszbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández, el dueño de Cromañón Omar Chabán -que murió el año pasado- y el encargado del local Raúl Villarreal.

En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 absolvió a los músicos y condenó a Chabán a 20 años de prisión. Argarañaz recibió una condena de 18 años por el delito de incendio doloso calificado y a Villarreal le tocó un año de prisión en suspenso como partícipe secundario. Fiszbin y Fernández -ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de buenos Aires- recibieron 2 años por  “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2011 la Cámara Federal de Casación Penal de Casación Penal revocó la absolución de Callejeros, los condenó y dictó nuevas penas.cromañónfacundonivoloIV

Fernández quedó con tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Como la ex funcionaria tenía un hijo de siete meses pidió acceder a la prisión domiciliaria porque estaba amamantando. La Ley 26.472 establece que las mujeres con hijos de menores de cinco años pueden cumplir la condena en sus casas.

Tanto el Tribunal Oral como la Cámara de Casación se lo negaron porque “el niño tiene otra madre”: la ex funcionaria está casada con una mujer. “Si hubiese un papá, mi esposa estaría en casa. Si ella estuviese sola, también. Pero como tiene dos mamás casadas, el tribunal entiende que una es igual a la otra. Es increíble, pero casarnos terminó cercenando nuestros derechos”, dijo Gabriela Aguad en 2013 al diario Tiempo Argentino.

Organismos de DDHH denunciaron la sentencia por “discriminatoria”. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido de Fernández porque consideró que la denegatoria del arresto domiciliario había vulnerado derechos y garantías. En junio de 2013 la Corte Suprema revocó el fallo y obtuvo la domiciliaria. Ahora los jueces le bajaron la pena teniendo en cuenta el “maltrato institucional”.cromañónfacundonivoloV

En agosto del año pasado la Corte Suprema ordenó que se dicte una nueva resolución, en base al principio de doble conforme de la Corte Interamericana de Derechos humanos. Esto implica que antes de llegar al máximo tribunal, Casación debe pronunciarse dos veces. En aquel momento recuperaron la libertad Patricio “Pato” Fontanet y el resto de los integrantes del grupo.

El 16 de junio el fiscal ante Casación Penal y las querellas en la causa pidieron que se confirmaran las condenas y las defensas reclamaron la absolución. Hoy se conoció el nuevo fallo y las partes tienen 10 días para interponer un recurso extraordinario.

Fotos: Facundo Nívolo

[Nota publicada el 21/9/2015]