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Las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas sigue siendo a través de instituciones penales, en vez de adoptar un enfoque sanitario. Los usuarios de drogas son perseguidos penalmente, incluso en los países en los que el consumo no está penado.

Los datos surgen de un nuevo estudio del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) que evalúa las medidas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en ocho países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.  Se sigue criminalizando: la respuesta penal genera un ambiente de estigmatización de los usuarios y eso hace que la policía y el sistema judicial no los considere de forma imparcial.

El CEDD es una organización que reúne investigadores de países latinoamericanos y que se dedica a analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas. Busca generar información y fomentar un debate informado sobre la efectividad de las políticas actuales y recomendar abordajes alternativos para políticas más justas y efectivas.

La discriminación impide que los usuarios de drogas que lo necesitan busquen atención médica. Además, abordar el consumo a través del sistema penal vulnera derechos fundamentales: a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación y viola normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a proteger.

Leé el estudio completo acá: En busca de los derechos: usuarios de drogas y respuestas estatales en América Latina

 

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