Nicolás Cuéllar Ramírez . El Espectador.-

Una oferta laboral, que prometía altas sumas de dinero, fue suficiente para que Laura*, de 21 años, decidiera viajar a Ushuaia. Acababa de llegar a Buenos Aires, y sin conocer mucho del país decidió aceptar la propuesta. Aún sin saber detalles del trabajo que le ofrecían, sin saber que la ciudad más austral del mundo la esperaba con un invierno largo y fuerte.

“Yo pensaba que necesitaban niñeras o empleadas domésticas”, dice hoy esta colombiana que a principios de mayo fue rescatada de una red de trata de personas, que la había obligado a prostituirse en un pequeño local nocturno del sur argentino. Allí, en Black & White, era explotada sexualmente junto con otro grupo de colombianas, dominicanas y un par de argentinas, provenientes de provincias del norte del país. Todas engañadas de la misma forma: una promesa de hacer dinero, sin saber a qué costo.

Inocentes, cayeron en la trampa. Ni Laura, ni ninguna de sus 14 compañeras, tuvieron que poner un peso para viajar. Le hicieron llegar el pasaje del colectivo y con lo poco que tenía y la esperanza de un mejor futuro, se embarcó. Una vez en la capital de Tierra del Fuego, le quitaron sus pertenencias y fue encerrada en una casa, donde ya vivían otras mujeres, de acentos varios, y donde vería llegar también a un par más de compatriotas. Allí, las esclavizaron y las amedrentaron con denunciarlas como inmigrantes ilegales ante la Policía.

No es un caso aislado. Argentina, junto con Belice y Costa Rica, se ha convertido en uno de los principales países donde la trata de personas es el pan de cada día. Un país de origen, tránsito y destino de mujeres y niñas traficadas con fines de explotación sexual comercial, como lo describe una investigación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Documentos del Ministerio del Interior y de Justicia hablan de una red importante con tentáculos en todo el país. El reclutamiento se da principalmente en las provincias del norte (Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán), y luego las víctimas son enviadas a provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego.

“Quería que fuera su mujer”

Cecilia Ortega* teme hablar. En 2008 fue víctima de trata y violaciones sexuales y —dice— hay imágenes que no logra borrar. Guarda rencor, no solamente contra su captor, sino contra todos aquellos que no le tendieron la mano cuando pudo escapar. Incluye entre estos últimos a algunos funcionarios del consulado y de la embajada de Colombia en Argentina.

Llegó a Banfield, en la zona sur del Gran Buenos Aires, buscando nuevas oportunidades y convencida por un supuesto amigo argentino que había conocido en algún chat, en 2006. Sergio Moreno le prometió la vida. Le dijo que en Argentina sería más fácil conseguir trabajo, que él le ayudaría a posicionarse como actriz, pues era dueño de una importante productora.

Cecilia viajó con su pequeña hija y se hospedó en la casa de su amigo virtual. Pronto, las promesas de trabajo cambiaron, y Sergio le declaró su amor. Ella se negó y comenzaron los maltratos. Supo, de boca de su agresor, que Sergio trabajaba con una red de trata de mujeres. Quizá para convencerla le dijo que a ella no la quería vender. Sergio quería que ella fuera “su mujer”.

La encerró y le quitó el pasaporte. Escondió su ropa. Las agresiones fueron cada vez más severas. Primero con insultos, luego con golpes, luego con amenazas de violar a su hija. Así fue que Cecilia cedió y terminó siendo esclavizada y abusada sexualmente. Perdió peso. Y voluntad. “Me daba igual si era lunes o miércoles o sábado. No sabía qué día era, qué hora era. Estaba todo el tiempo como en un estado de trance”, cuenta hoy. Finalmente pudo convencer a Sergio de enviar a su hija a Colombia, junto a su padre. Y luego de varios meses, en un descuido de su captor, se fugó.

Sin embargo, el drama no terminó ahí. Indocumentada, no sabía adónde ir. Mendigó por un lugar en donde dormir algunos días, hasta que se decidió a ir al Consulado colombiano. Cuenta que allí, quien la atendió, le negó ayuda. Que fue a la Embajada luego, y que tampoco la asistieron. Que intentó con la Policía Federal en Argentina y tampoco recibió la asistencia necesaria. Los días pasaban y Cecilia bordeaba la indigencia.

Finalmente, en las oficinas de la OIM, conoció a Fernando Mao, director de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT) para el Mercosur, quien la ayudó a denunciar su caso. Luego de su denuncia, recibió ayuda directa del cónsul y pudo regresar a Colombia. Sergio, a pesar de las evidencias, sigue en libertad.

Naturalización del problema

Día a día se denuncian cientos de casos en Argentina. Muchos de ellos relacionados con colombianas que viven este flagelo. Pero también, una gran mayoría, de peruanas, paraguayas, bolivianas y dominicanas. Es que la problemática en el país austral era totalmente desatendida hasta hace algunos años, pues tan sólo en 2008 se tipificó el delito de trata de personas.

Desde entonces, se han rescatado más de 3.000 víctimas. Pero muchos casos más siguen sin ser ni siquiera denunciados. El número de colombianas víctimas, dicen investigadores de la Policía Federal, crece quizás en igual proporción al número de compatriotas que migran hacia Argentina.

En Argentina los indicadores hablan de 5% de colombianas víctimas. Sin embargo, las investigaciones de la OIM reflejan que muchas de las que entran a Argentina terminan siendo esclavizadas luego en Chile, donde las colombianas representan el 21% del total de personas rescatadas.

“Hay una naturalización del problema. Como si la trata fuera algo normal”, asevera Viviana Caminos, coordinadora nacional de RATT, quien señala que sólo el 30% de las víctimas son de nacionalidad argentina. Una investigación de la Ufase muestra cómo la mayoría de las jóvenes que llegan al país son engañadas para trabajar de empleadas domésticas, niñeras o bailarinas.

Asimismo, según la OIM, en las investigaciones judiciales aparecen implicados en forma recurrente funcionarios públicos y políticos, lo que hace más difícil los procesamientos de los imputados. Ejemplo de ello, la denuncia interpuesta por la ONG Alameda que muestra el testimonio de una colombiana, menor de edad, que habría sido prostituida en un conocido burdel de Buenos Aires; su principal cliente, un conocido concejal del municipio de Bolívar, al norte de la Capital Federal.

Las autoridades saben que hoy son pocos los condenados. Pero quizá lo más grave es que aún con sentencias judiciales, sólo se clausura el 62% de los locales donde se prostituye a estas víctimas. El 38% vuelve a abrir.

Qué hacer

Por los distintos casos de colombianas víctimas de trata de personas en Argentina, varias ONG y organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han reclamado a los gobiernos, tanto al colombiano como al argentino, que fortalezcan la asistencia brindada.

Desde Buenos Aires, la embajada colombiana confirma que la sección consular es la encargada de recibir a las víctimas de trata o a donde se deben acercar quienes conozcan algún caso de trata de colombianas en Argentina.

Una cartilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborada en 2009, y que cobija a todas las embajadas y consulados, indica que cuando se presentan casos de trata, la asistencia debe ser inmediata e iniciarse desde el mismo momento en que el consulado recibe la denuncia. Dicha asistencia incluye las gestiones ante las entidades locales competentes para lograr alojamiento temporal, atención médica y psicológica, asistencia psicosocial, asistencia jurídica, seguridad, protección y repatriación.
* Los nombres fueron cambiados por pedido de las víctimas