Lis tenía 43 años; Johana, 19; Carina, 44; Celeste, 30. Son los nombres y edades de las cuatro mujeres asesinadas en nueve días en la provincia de Córdoba. Ni botón antipánico ni denuncias judiciales ni seguridad privada alcanzaron para salvar sus vidas. Las mujeres ocupan las calles, organizan marchas y campañas. Usan el cuerpo para pintar consignas: “Puta pero no tuya”, hacen carteles: “Las mujeres no somos propiedad privada”, gritan: “Vivas nos queremos”. No alcanza. Córdoba es la única provincia que no adhiere a la ley nacional 26.485 y estos cuatro femicidios mostraron que los recursos para proteger a las víctimas de la violencia machista son escasos.
La expareja de Lis Funes le pegaba. Ella lo dejó, lo denunció y se mudó a un barrio cerrado por mayor seguridad. El 27 de abril Elías Iván Lesta cruzó el alambrado que funcionaba como cerco perimetral, violentó la puerta de ingreso a la casa y se dirigió directamente al dormitorio donde Lis dormía con su pareja actual, Damián Lazo: apuñaló a los dos. Lis murió, Damián se recupera. Pocas horas después, Lesta se entregó en la comisaría 2° de la ciudad de Córdoba. Lis tenía 43.
Al día siguiente Johana Altamirano apareció muerta en el cauce de un arroyo en el parque García Lorca de Alta Gracia, ciudad cercana a la capital provincial. Las pruebas reunidas hasta el momento ubican como autor del crimen a un joven de 22, expareja de la víctima, con antecedentes de violencia familiar. Entre sus pertenencias encontraron el celular de Johana. Tenía 19.
Carina Drigani estuvo desaparecida dos días. Dos estudiantes encontraron su cuerpo en Icho Cruz el 5 de mayo. Tenía un botón antipánico y un policía que la custodiaba en la puerta de su casa porque había recibido mensajes de texto anónimos con amenazas de muerte. El día que desapareció dejó todas sus pertenencias en el consultorio donde trabajaba como fisioterapeuta, incluido el botón. Daniel Bareta, su ex pareja, fue detenido horas después de la desaparición. No es el único sospechoso. Carina tenía 44 años.
Al otro día organizaron una marcha para exigir la declaración de emergencia provincial por violencia de género. Horas después, Celeste Montes apareció muerta: Enzo Valdez usó el arma reglamentaria para matarla y después se suicidó. Los dos eran policías. Celeste tenía 30 años.
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La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres contempla entre los derechos el trato respetuoso a las mujeres para evitar la revictimización, también el acceso a medidas integrales de asistencia, protección y seguridad.
Gustavo Nuñez –abogado defensor de Daniel Bareta, expareja de Carina y padre de dos de sus hijos– dijo a Cba24n: “No es la primera vez que pasa que ella ha quedado en situación de desconocimiento. Ha tenido algunos antecedentes psiquiátricos, que han motivado su internación. Ella ya ha desaparecido incluso cuando estaba con Bareta”. La revictimización se produce no sólo cuando, al exponer la vida privada, no se resguarda la integridad sino también cuando construyen una imagen de la víctima que se acerca más a comprender por qué la mataron que a analizar el contexto violento en el que vivía.
Lis Funes siguió cada uno de los pasos del camino judicial para sentirse protegida: es la mujer quien debe cuidarse para no estar en riesgo. En septiembre del 2015, Lesta ingresó a la casa del barrio cerrado donde vivían juntos y golpeó a Lis, también destrozó varios objetos y dañó el auto. Lis lo denunció. En marzo, él la persiguió en la moto para golpearla y agredirla también verbalmente, ella nuevamente lo denunció y el 26 de abril llegó a manos de Lesta la orden de restricción de acercamiento y contacto. Al otro día la mató. En mayo hubiera cumplido 44 años.
Después de diez años de la creación de la Ley de Violencia Familiar que tiene por objeto la “prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar, el Gobierno Provincial propone su reforma. El viernes pasado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos creó una comisión interdisciplinaria que reúne expertos y personas con trayectoria en materia de derechos humanos y violencia contra mujeres. Entre ellas Sonia Torres (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba), Ana Falú (Red Mujer y Hábitat) y María Esther Cafure de Battistelli (exvocal del TSJ).
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Lis Funes era abogada. Defendía casos de violencia de género y terminó siendo víctima. También era profesora de música en la escuela Atilio Arguello. El día antes de morir dejó escrita en el pizarrón donde dio su última clase la letra de la canción que había copiado para sus alumnos: El negro mar, una guajira.
La noche morada sueña
sobre el mar;
la voz de los pescadores
mojada en el mar;
sale la luna chorreando
del mar.
El negro mar.
El 2 de mayo, en las escalinatas del teatro Libertador General San Martín, decenas de personas se reunieron a cantar por Lis para recordarla con alegría pero también para repudiar los femicidios. “Vamos a juntarnos a cantar porque es lo que siempre nos unía”, dijeron los amigos de Lis.
Yael Funes, hermana de Lis, denunció al Juez Jorge Luis Carranza (Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar) y pidió investigar a qué fiscal de instrucción penal le hubiera correspondido intervenir para evitar el femicidio. La denuncia fue derivada a la Fiscalía distrito 4 turno 6 a cargo de Jorgelina Gutiez. Yael será querellante en la causa, junto con la hermana de Damián Lazo.
El 3 de junio se realizará la marcha #NiUnaMenos. Desde el colectivo que organiza la convocatoria en Córdoba redactaron un comunicado donde se preguntan “mientras tanto ¿qué hacemos?”.
El domingo, tres hombres fueron detenidos por violencia de género, dos de las mujeres contaban con el botón antipánico. Hay seis entidades que pueden entregarlo: cuatro jueces de Violencia Familiar y las dos Fiscalías, antes es necesario hacer la denuncia. Ante una situación de violencia, hay número gratuito para pedir información o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país: 144. En Córdoba también funciona el 0800 888 98 98. Las comunicaciones son anónimas y confidenciales.
Foto: Facundo Nívolo
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