cocaínaCosecha Roja.-

En Rosario un pibe de 10 años muere quemado por los vecinos porque “se hartaron” del búnker en el barrio. Se consume entre llamas y no escapa porque está atrapado en un cuadrado de ladrillos en el que, hace horas, alguien lo dejó vendiendo droga. En Uruguay Milagros vela al papá de su hijo, víctima del consumo. Alexis Torrijos, de 22 años, pasa 6 meses preso en Santiago del Estero porque la Gendarmería lo encontró con 15 gramos de marihuana. A Claudio Menéndez, en La Pampa, lo matan de un tiro en la panza para robarle el cultivo de cannabis.

“Los que matan y mueren por drogas no son los que las disfrutan” los beneficios económicos, dijo Juan Monteverde, militante del Movimiento social Giros, de Rosario, en la 12° Conferencia Nacional de Drogas organizada por la Asociación Intercambios en el salón Azul del Senado. En los paneles “Violencia urbana, seguridad y drogas” y “Políticas de drogas y Derechos Humanos” se discutió sobre estigmatización del usuario, desfederalización de la ley de Estupefacientes, reforma del código penal y enfoques regionales sobre el narcotráfico. “¿Cómo perseguir el negocio del crimen organizado con políticas orientadas a disminuir la violencia?”, se preguntó la directora de Intercambios, Graciela Touzé en la apertura del encuentro. El objetivo, dijo, es pensar “alternativas a un enfoque meramente punitivo”.

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Aunque Argentina no es un país productor sufre las consecuencias de la violenta estrategia del paradigma de la “guerra contra las drogas” que, en los últimos años, los principales líderes de Latinoamérica cuestionaron. Marcelo Bergman, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre la Inseguridad y el Violencia de la Universidad Nacional Tres de Febrero, dijo: “Estamos ante un negocio fabuloso producto de la prohibición y de la demanda sostenida”. Desde que se produce hasta que llega a las calles de Estados Unidos –el principal consumidor- el valor de un kilo de cocaína se multiplica por 100. “Pueden ir y matar al Chapo Guzmán o a cualquier narcotraficante y enseguida hay otro: ¡es mucha plata! Es un negocio que produce tanto dinero que la gente está dispuesta a matarse”, explicó.

Rut Diamint, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), consideró que las declaraciones de los ex presidentes Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria en contra del paradigma de las drogas fueron “muy positivas”.

Al observar los resultados de la política de los últimos 20 años, dijo Pedro Abramovay –director del programa latinoamericano de la fundación Open Society- “se ve una incompatibilidad completa entre el prohibicionismo y los derechos humanos”. Se creó el mito de que había que “poner toda la fuerza para erradicar todas las drogas del mundo y se dejó de cuestionar lo que se estaba haciendo”, explicó.

Alejandro Corda, del Colectivo de Estudios de Drogas y Derechos (CEDD), contó que la tendencia de crecimiento de mujeres en las cárceles es mayor al de los hombres, que la mayoría están presas por delitos relacionados con drogas y que en muchos casos están tras las rejas con sus hijos. Son las mulas que llenan las cárceles latinoamericanas por llevar droga encapsulada en el estómago.

No son las únicas que visibilizan las consecuencias del prohibicionismo. También hay usuarios perseguidos por 15 gramos, cogolleros que roban plantas de jardines a punta de arma, niños que consumen paco, medios de comunicación que muestran niños que fuman paco, sicarios en México, nenes encerrados búnkers y consumidores que mueren en el silencio. “Hay que empezar a vincular los fenómenos: las cosas no se explican solamente por el narcotráfico ni solamente por la desigualdad social”, dijo Monteverde.

Félix Crous, Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dijo: “El paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso”.

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Salud social

En Rosario, el 40 por ciento de las 264 personas que asesinaron el último año eran “jóvenes de los barrios pobres”. Por eso, dijo Monteverde, es necesario el cambio de paradigma. “La persecución debe hacerse en los grandes eslabones y evitar la estigmatización de asociar pobreza con delito”, coincidió Ana María Cortés, directora de Cooperación Nacional e Internacional del SEDRONAR.

Cortés hizo hincapié en la atención a los adictos como sujetos de derecho. Tiene derecho a “recibir un tratamiento adecuado y a vivir de acuerdo a su proyecto de vida”. A eso lo denomina “salud social”: se toman en cuenta las causas estructurales y las soluciones que se proponen no son solamente sanitarias sino también comunitarias.

Hecha la ley, hecha la desfederalización

La ley de Estupefacientes vigente (23.737) es parte de las que se discutirán en el marco del Proyecto de Reforma del Código Penal. Roberto Carlés, Coordinador de la Comisión, dijo a Cosecha Roja: “Las leyes penales tienen funciones manifiestas y otras latentes que son ocultas. Lo primero que hay que hacer es ser conscientes”. La principal modificación es eliminar la pena por tenencia para consumo personal, con base en la jurisprudencia que sentó el fallo Arriola. Entonces no habría más Alexis Torrijos.

Touzé destacó la preocupación sobre los efectos de la Ley de Desfederalización (26.052). Se aprobó en 2005 con el objetivo de “descongestionar” el sistema federal. Desde entonces, las causas sobre estupefacientes dejaron de ser competencia exclusiva federal y los delitos más simples -tenencia simple, consumo o cultivo personal, cultivo personal, entrega y suministro, falsificación- pasaron a ser competencia provincial.

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Mientras que en las provincias en las que no se desfederalizó aumentaron un 61 por ciento las causas por tenencia de drogas para consumo personal, en la Provincia de Buenos Aires –en donde sí- se incrementó en un 200 por ciento. “Es histórico y muy grave”, dijo el sociólogo Pablo Martínez al presentar los datos de la investigación que coordinó en el área de Información e Investigaciones del Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Si bien bajaron la cantidad de causas, a su vez se disminuyó la posibilidad de encarar investigaciones más complejas y se “promovió la persecución de la tenencia y pequeña comercialización”. Martínez concluyó: “El aparente criterio eficientista significó la actualización de las políticas de tolerancia cero”.

Latinoamérica

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Al marihuanero se lo va a llamar consumidor. Lo que era un puntero o dealer será un dispensario. El narcotraficante ahora es productor. La mula será el transportista.

Con los cambios en la forma de nombrar, Laura Blanco -Presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay- grafica lo sustancial del cambio del otro lado del charco tras la regulación del cannabis. “Cambia el lenguaje y cambia todo: el concepto, el mercado, la actividad, el uso”, dijo.

“Necesitamos datos propios para aunar esfuerzos para una solución conjunta y regional del problema, es la única forma de abordar seriamente el problema. Somos países que tenemos una historia, cultura y problemas propios”, dijo Cortés. Se refirió a no aceptar las soluciones impuestas por las potencias y a la importancia del mensaje que dé Latinoamérica en la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas en 2016 sobre la materia.

Fotos: Asociación Intercambios