Semana.-

Una frase burlona, una bicicleta, una apuesta, un retén y hasta balas perdidas, son las causas absurdas que originaron confusos incidentes en los que perdieron la vida siete jóvenes y una niña, al parecer a manos de policías, durante los últimos meses en Valle del Cauca.

Esas muertes que a simple vista parecen exceso de fuerza policial, alarmó a la comunidad y en especial a defensores de Derechos Humanos. El problema causó repudio colectivo no solo por el perfil de las víctimas, sino por la manera como ocurrieron los hechos.

El lunes 26 de noviembre la capital de Valle volvió a ser escenario de un incidente que dejó como saldo dos muertos: Una niña de once años y un hombre de 22 quedaron en medio del fuego cruzado entre la policía y bandas delincuenciales en el sector de Potrero Grande, al oriente de la ciudad. Aunque hasta la fecha no es claro si las balas que los mató provino de armas policiales o de las pandillas que enfrentaban, el problema se atizó.

El otro caso sucedió el sábado 17 de noviembre en una cancha del corregimiento La Buitrera. Allí estaban el joven Clisman Túquerres de 20 años y su hermano menor de 15. Cuando un policía quiso someter al menor de los Túquerres, porque al parecer le gritó ‘aguacate’, (palabra burlona con la que los jóvenes se refieren a la policía), Clisman corrió a intervenir por su hermanito, pero el otro agente reaccionó y le disparó. El tiro acertó en la cabeza. La comunidad se amotinó.

El 6 de octubre un nuevo incidente policial terminó con la muerte de dos jóvenes en el barrio Los Robles. Daniel Rodríguez de 18 años y Darío Ortega de 15, huían en una moto sin papeles; tenían antecedentes de consumir marihuana. Una bala de pistola atravesó la cabeza de ambos, Daniel estuvo en coma varias semanas. Aunque la versión oficial es que la bala que los mató provino de una de las pandillas del sector, varios testigos aseguran que uno de los policías que los perseguía, disparó.

Un caso igual de absurdo y doloroso se presentó el 9 de septiembre en Pradera; las víctimas fueron dos hermanos. Pablo y Diego Rosales, de 25 y 20 años de edad, jugaban dominó con varios amigos en una tienda. Tras discutir por una apuesta, los vecinos llamaron a la policía.

Pablo corrió por temor a que lo arrestaran y uno de los policías lo persiguió, disparó al aire, pero luego le apuntó a su espalda. “Cuando sintió el tiro, Pablo paró, se volteó, miró al policía y se levantó la camisa para que viera que no estaba armado. De repente un chorro de sangre le salió por el pecho y se desplomó”, recordó Angie Rosales, prima de la víctima. En la persecución otra persona resultó herida.

Todo empeoró cuando Diego se abalanzó contra el policía que disparó para recriminarle, “el patrullero de nuevo activó su arma y de un tiro fulminante en el abdomen, mató al otro hermano”, recordó la prima. La comunidad también se sublevó e intentó linchar al agente. Este fue tendencia en algunas redes sociales.

Igual de confusa es la muerte de Víctor Enríquez, ocurrida el 6 de abril en Palmira. Una patrulla policial lo detuvo a él y su hermano Fernando para una requisa. Como Víctor no tenía cédula y menos los papales de la bicicleta, casó una discusión con el agente. La versión policial es que Víctor quiso apropiarse del arma de dotación del patrullero y ante ello su compañero le disparó; el tiro letal fue en el pecho.

La otra cara de la moneda es que en el Valle la Policía se enfrenta a bandas armadas hasta los dientes y con dominio territorial. Si bien ese panorama no es excusa para matar, explica un poco la sensibilidad, “hay barrios donde a mis hombres los reciben a bala”, dijo el coronel Nelson Ramírez, comandante de la policía Valle. Juan Carlos Quintero, delegado de Derechos Humanos de la Personería de Cali, cree que el problema lo que muestra es “falta de control de los agentes, frente a agresiones físicas o verbales”.

Varias familias de esas víctimas son asesoradas por el colectivo de abogados Benjamín Herrera, con sede en Pereira, Risaralda. Max Aray, uno de los juristas que lleva los procesos, dijo que si bien no cree que exista una acción sistemática dentro de la policía, “los incidentes de ese tipo ocurridos en todo el país, son preocupantes”.

A diferencia del caso del joven grafitero asesinado en Bogotá, en el Valle las familias o sus defensores, no expresaron temores o dudas en torno a las investigaciones. Pero todos temen que ante la excusa del fenómeno delincuencial, se vuelva una regla general para las autoridades, primero disparar para luego arrestar.