Menos de quince días después de que las Farc revelara su propuesta sobre las drogas, La Silla conoció el último borrador del Estatuto Nacional de Drogas que el Gobierno tiene planeado presentar al Congreso en marzo. Los dos documentos encajan perfectamente.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Benavides, reconoció a La Silla que es posible que en varios temas las propuestas coincidan pero que esto es una casualidad producto de lo que arrojan los estudios sobre el tema y no de que ellos estén sintonizándose con lo que pasa en la mesa de negociación, en la que la Ministra no tiene ninguna participación. “Ahora, si lo beneficia eso es otra historia”, dice.
En efecto, La Silla verificó que este estatuto no ha sido consultado con los que participan en la mesa de negociación y en todo caso, esta es la tercera versión que saca el Gobierno para reemplazar el Estatuto de Estupefacientes. La primera la sacó Germán Vargas Lleras en el primer año del gobierno de Santos cuando era ministro del Interior y tenía una aproximación totalmente represiva. Esta nueva versión se pone a tono con los nuevos enfoques internacionales en la lucha antidrogas.
En todo caso, así no sea esta su intención, esta nueva versión liderada por la ministra Ruth Stella Correa encaja con un eventual acuerdo con las Farc en cinco puntos:
1.Envía la señal de que el Gobierno reconsidera su política antidrogas
Este nuevo estatuto abandona la lógica exclusivamente represiva del Estatuto de Estupefacientes y asume un enfoque más progresista en la línea filosófica de la Comisión integrada por los expresidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria. “Parte del reconocimiento de que Colombia no es solo un país productor sino también consumidor”, explica el Viceministro Benavides. “Por eso incorpora un enfoque de salud pública”.
La nueva versión del estatuto dice explícitamente que el el consumo de sustancias psicoactivas no será penalizado, que la política antidrogas debe responder a información precisa (y no a una ideología como hoy), hace énfasis en la prevención del consumo y concentra la represión en el tráfico de las drogas y no en los eslabones más débiles que son los cultivadores y los consumidores.
De esta manera, entre otras cosas, el Gobierno envía la señal a las Farc de que está dispuesto a replantear la filosofía que inspiró el Plan Colombia, que ha guíado la lucha antidrogas y contrainsurgente en la última década.
2. Crea la posibilidad de legalizar los cultivos ilícitos
El estatuto permitiría que el Consejo Nacional de Política de Drogas –integrado por la mayoría de los ministros- autorice que en algunas áreas establecidas conjuntamente con la Policía Antinarcóticos se permita cultivar “plantas de las cuales se produzcan sustancias psicoactivas siempre que sean destinadas para usos lícitos”.
Esto va en la misma línea de la propuesta hecha por las Farc en La Habana en el sentido de explorar maneras para transitar de los cultivos ilícitos hacia “producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”.
3. Restringe la aspersión aérea
El estatuto crea varios controles para la fumigación aérea, entre ellas que esta erradicación debe contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la Autoridad de Licencias Ambientales; debe seguir un Plan Operativo previo contra el cual se miden sus resultados; y debe tener un plan de mitigación de daños. Además, prohíbe este tipo de aspersión en zonas protegidas como los Parques Nacionales. Esto, en la práctica, llevaría a que se redujera de manera considerable la aspersión aérea.
La fumigación aérea no solo destruye los cultivos ilícitos sino también los de pancoger entre los cuales los campesinos siembran la coca. Como la base social de las Farc está integrada mayoritariamente por cocaleros, que son los que principalmente padecen el impacto de esta forma de erradicación, esta medida será bien recibida por la guerrilla en la Mesa.
4. Promueve la erradicación manual voluntaria
El Estatuto determina que el Estado promoverá que las comunidades involucradas en cultivos ilícitos ayuden a su erradicación manual.
Desde las épocas del Caguán, las Farc han propuesto que haya una sustitución de cultivos que involucre directamente a los cocaleros. Esto, en el contexto del desarrollo agrario integral que sería uno de los acuerdos del proceso en la Habana, permitiría una opción de empleo para los campesinos de sus zonas de influencia. Obviamente, las Farc podría capitalizar políticamente este programa.
5. Crea mecanismos para que colaboradores de Farc no terminen en la cárcel
El Estatuto crea el principio de oportunidad para los pequeños cultivadores de coca cuando se acojan voluntariamente a los programas de erradicación. Y también para los traficantes cuando su “contribución al delito no haya sido significativa” siempre y cuando colaboren para desarticular las bandas de narcotraficantes y no sean cabecillas de organizaciones criminales o terroristas.
Este artículo permitiría que la Fiscalía no le abra proceso judicial a los campesinos que viven en zonas de influencia de las Farc y que -por decisión o por miedo- terminan ayudándole a los guerrilleros. Probar su colaboración es difícil pero sería fácil incriminarlos por sus cultivos de coca que no son fáciles de esconder.
Esta norma evitaría que los pequeños cocaleros y muchos guerrilleros de base, a quienes es posible que no se les pueda probar sino su participación en el negocio del narcotráfico, terminen en la cárcel.
Este artículo también posibilitaría que los mandos medios terminen delatando a los compradores de coca de los grandes carteles.
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