drogas uruguayRosario Marina. Cosecha Roja-. El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, dio una conferencia de prensa en la embajada de Uruguay. Vino a la Argentina en su primer viaje al exterior después de la promulgación de la nueva ley de regulación de la marihuana. Su objetivo era aclarar de primera mano lo que se estaba diciendo sobre la ley, sobre todo acerca del turismo “cannábico” –se decía que iba a haber una especie de “canilla libre” de marihuana en su país-.

Habló de que se trata de una concepción integral de la política de drogas, donde se busca disminuir el consumo y controlar el mercado ilegal. Explicó que hasta este momento el mercado de la marihuana estaba controlado por organizaciones criminales cuyo único fin es el lucro, y que trafican otras drogas a más países, y quienes no generan ningún tipo de respuesta para desmontar este sistema.

Antes de esta ley existía una “incongruencia legislativa”. La primera ley de regulación del consumo de marihuana data de 1974, cuando Uruguay atravesaba una dictadura. Para la ley 14294, las personas podían consumir marihuana, pero a nivel social se las consideraba criminales.  Además, se los “empujaba a cometer un acto ilegal para realizar un acto que es legal”, explicó el sociólogo Calzada.

Se busca regular la oferta y la demanda. “No es para promover el consumo sino para regular un mercado que ya existe”. En Uruguay, actualmente hay entre 120 y 150 mil usuarios de marihuana.

Para llegar a la ley que se aprobó, los organismos encargados realizaron un análisis minucioso de distintos casos: Washington y Colorado en EEUU, Holanda, Australia y los clubes cannábicos de España. “No pudimos encontrar ningún modelo, pero todos nos aportaron para definir aspectos sustanciales”. Calzada explicó que ellos tampoco pretenden convertirse en modelo para otros, aunque ve como positivo el debate que se pueda generarse en América Latina en torno a esta nueva ley.

Con respecto al turismo, dijo que los únicos que podrán comprar marihuana en las 700 farmacias habilitadas del país serán los ciudadanos uruguayos, o aquellos extranjeros que tengan carta de ciudadanía. Podrán tener 40 gms por persona, y los autocultivadores no más de seis plantas. Los clubes cannábicos no deberán tener más de 99 plantas.

Esa ley surge de un análisis sobre todo de la tasa de criminalidad uruguaya, que es lo que más los alertó de la violencia que se estaba generando. En 2010, había un índice de 5 muertes violentas cada 100 mil habitantes. En 2012 subió a 7 cada 100 mil. Aumentó un 30%. Estas muertes son producto de actividades relacionadas al narcotráfico o por control de territorios para la distribución de droga. Otro índice que los alarmó fue que en 2012 hubo 82 muertes por ajuste de cuentas o por encargo.

El objetivo puntual de la ley es: “controlar el volumen que se consume, ofrecer un producto de calidad, en un lugar seguro y a un mismo valor de mercado”. Para esto vienen trabajando con organizaciones sociales que ya desde antes decían que el autocultivo combate el narcotráfico. Otro de los puntos importantes es romper con el efecto góndola, que significa que cuando uno va a comprar a un lugar ilegal, también hay otras drogas disponibles para el consumo.

“Si vamos mal, cambiaremos”, dijo Calzada, y contó que realizarán evaluaciones de productos, de procesos y de impactos, en conjunto con la Universidad de la República.

“Esto es algo que se tiene que debatir” en América Latina, “tiene que ser un debate inclusivo, abierto, sin tabúes y global”.