Bolivia: un año en la cárcel por 35 gramos de marihuana

Según los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en Bolivia el 39% de mujeres presas se encuentran en la cárcel por delitos relacionados con la Ley 1008, una legislación de 30 años de antigüedad que le permite a los jueces fijar penas desproporcionadas.

Por María José Ferrel Solar
Fotos Juan Gabriel Estellano

Mariel salió de casa en el barrio de San Pedro de la ciudad de La Paz, Bolivia, para inscribirse al curso de postgrado universitario sin saber que pasaría un año y un mes para volver a dormir en su cama.  Esa mañana fue retenida con 10 cigarrillos de marihuana (35 gramos) en su cartera. Policías vestidos de civil la siguieron después de que la joven le compartiera dos porros a unos amigos con quienes se encontró en la calle.

Los Policías la llevaron a celdas de El Alto después de dar vueltas en su patrulla durante dos horas por diferentes zonas de la ciudad, luego la trasladaron a celdas judiciales donde pasó su primera noche. Fue juzgada al día siguiente por incumplimiento al artículo 48, relativo al suministro de narcóticos, de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias controladas de Bolivia, más conocida como “Ley 1008”.

A cinco horas de la detención, el abogado contactado por  Simón, pareja de Mariel y único nexo con el exterior, le informó la situación: para poder salir rápido en libertad primaba el acceso a recursos económicos para “agilizar” (eufemismo típico para la micro-corrupción en Bolivia) los procesos correspondientes.

“Ha sido difícil por que no teníamos mucha plata. Tenía que estar todos los días ahí, insistiendo, preguntando para que por lo menos en el juzgado vean interés. En ese proceso ya haces conocidos y se mueve (el trámite). Me parece que sin plata y sin perseverancia el caso hubiera tardado mucho más”, dice Simón.

Para poder ser juzgada en libertad, Mariel debía presentar en el transcurso de 48 horas tres documentos legalizados de residencia, trabajo y estudio. Imposible si no se “agilizaba” su solicitud.

El juez dictaminó reclusión preventiva contra Mariel por “peligro de fuga” y la envió al pena de mujeres de Obrajes en La Paz hasta que “los peritos” del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) presentaran pruebas de que en efecto era consumidora.

El “peritaje” fue realizado después de cuatro meses de detención. A Mariel le extrajeron pruebas de sangre, orina y cabello. La mujer pasó Navidad, Año Nuevo

y su cumpleaños tras las rejas. Para probar judicialmente que solo era consumidora y no traficante, tuvo que pagar altas sumas de dinero que la llevaron a endeudarse. Ya excarcelada, Mariel dice que no ha vuelto a fumar marihuana y que vive en constante estado de paranoia: evita cruzarse con cualquier policía que encuentra en las calles.

“No quiero decepcionar a mi familia que tuvo que hacer muchos sacrificios por mí, realizaron hasta una kermesse para conseguir el dinero para todo el proceso penal. No tengo ni encendedor en mi cartera”, dice Mariel, que esperó nueve meses más debido a la retardación de justicia en Bolivia.

Como muchos detenidos por la Ley 1008, Mariel nunca realizó una denuncia ante los juzgados de corrupción ni ante el Ministerio de Transparencia, organismos encargados de dar seguimiento a los casos de extorción en el sistema penal.

“No quiero hablar sobre la corrupción de la policía, ni de los juzgados, pero por ejemplo la mañana antes de mi primera audiencia judicial, la policía de civil que estaba en mi detención me dijo que si afirmaba –cuando el juez pregunte- que no habían vulnerado mis derechos –cosa que hicieron constantemente en mi detención- ella no presentaría mi celular como prueba en el juicio ya que en el habían memes de marihuana en el álbum de fotos”.

Cuando finalmente se las programaban, las audiencias de Mariel nunca se concretaban: eran suspendidas porque el fiscal llegaba tarde, porque el juez no había sido notificado, porque había una marcha en las inmediaciones del juzgado, porque llegaron las vacaciones judiciales o porque era feriado de carnaval.

“Aquí no hay justicia. Estuve día tras día viendo el caso. Si no, se olvidan. El trato es una mierda, siempre hay excusas. Tu caso no avanza nunca a no ser que metas plata”, dice Simón, que admite haber realizado algunos aportes “simbólicos” para que empiece a moverse el proceso. “Hasta les llevaba salteñas y refrescos (al juzgado), ahí ya me querían, y finalmente veíamos avance. Con la Policía, (sucedía) lo mismo”.

La 1008, los consumidores y el microtráfico

Según la Dirección de Régimen Penitenciario en Bolivia un 68% del total de la población privada de libertad no tiene sentencia. La problemática de retardación de justicia y corrupción en Bolivia es tan grave que llevó en 2015 a la creación de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia y Corrupción.

Desde Oruro, una de las ciudades del llamado eje troncal boliviano, han sumado 5000 miembros, que se encargan de asesorar y ejercer control social sobre denuncias en contra de jueces, fiscales e incluso autoridades policiales que estarían cometiendo delitos contra la ciudadanía.

La apelación de Mariel fue aceptada y recibió una sentencia de tres meses en un centro de rehabilitación. Allí fue diagnosticada con una severa depresión, pero ningún problema de consumo de drogas.

Según los informes de entidades que trabajan en políticas publicas y problemas relacionados a sustancias controladas y poblaciones vulnerables en Bolivia, una de las peores situaciones que vive un usuario recreativo de marihuana es el duro trauma psicológico del proceso y la criminalización de los jóvenes.

A 30 años de su creación, la ley 1008 no especifica un gramaje mínimo, ni distinción entre estupefacientes. Además, debido a la ambigüedad de la redacción de sus artículos – “la cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas”- se registran penas desproporcionales, yendo de tres a doce años de cárcel.

La desproporcionalidad de las penas fue cuestionada en 2016 por diversos organismos. Entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que a través de su portavoz Antonino di Leo recomendó a Bolivia penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento para mujeres que comenten delitos menores de drogas, alegando que es una ley “draconiana y punitiva” que se ensaña con los eslabones más pobres de la cadena del narcotráfico, incrementa la pobreza, atenta contra los derechos humanos y vulnera a la población frente al delito.

Bolivia tiene datos alarmantes de desproporcionalidad de penas por microtráfico. Según el último informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en el país existen tres veces más reclusas mujeres por delitos vinculados a narcóticos que el promedio global: esto quiere decir que un 39% de las mujeres privadas de libertad son mujeres que incurrieron en actos relacionados con la Ley 1008. De un total de 1.157 mujeres privadas de libertad, 448 están recluidas por delitos relacionados al narcotráfico.

Las campañas de prevención en el país se limitan al slogan “Di no a las drogas”. Por ejemplo, la campaña del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas, bajo el lema “Hagamos bien las cosas”, promueve el fortalecimiento de lazos familiares y valores en la juventud, pero no brinda información sobre problemáticas de consumo de drogas.

La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) presentaron resoluciones, firmadas por Bolivia, donde debaten el cambio de políticas de drogas desde una perspectiva de salud y no securitista.

En cuanto a la región, Uruguay y México, están a la cabeza de las iniciativas recreativas. Colombia y Chile son punta de lanza en iniciativas medicinales y científicas.

En diciembre de 2016 el Ministerio de Gobierno, a través de su máxima autoridad, el ministro Carlos Romero, presentó ante una comisión de la Asamblea Legislativa su Anteproyecto para la modificación de la Ley 1008.

“El tema del gramaje lo dejamos a la definición de una norma técnica que seguramente responderá a parámetros técnicos-científicos”, apuntó Romero, añadiendo que la nueva ley busca hacer una diferenciación entre los eslabones más débiles de la cadena de la droga y el gran narcotráfico.

En la misma semana de la presentación de este ante proyecto de Ley, el Ministerio Público informó sobre la sentencia de 12 años de cárcel para María R. por llevar 13 gramos de cocaína en sus bolsillos y ocho años para José A.B, con  21 gramos de marihuana.

*Esta nota fue escrita en el marco de la Beca Cosecha Roja. Fue publicada también en Páginasiete. Las fotos son gentiliza de Juan Gabriel Estellano.