Cosecha Roja

Hace un año la zona sur de Buenos Aires cambió. La puesta en marcha del plan Cinturón Sur, desde julio del 2011, hizo que descendieran las cifras de delitos asociados a barrios, siempre estigmatizados, como La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, Soldati y Lugano. Desde entonces una discusión política ha acompañado el vaivén de las estadísticas: ¿Si se destaca que hay mejorías en un lugar, se está negando la problemática de otros barrios?¿Qué tipo de decisiones gubernamentales son las que acompañan la disminución de asaltos y homicidios? La inseguridad, ¿es una cuestión de cifras o se ha convertido en un problema cultural? ¿Cómo se construye el miedo desde los medios?

Nilda Garré, la Ministra de Seguridad nacional, contestó a las críticas de la prensa con una columna de opinión, publicada hoy en Página 12 . “¿Cuál sería el sentido de la creación misma del Ministerio de Seguridad si no hubiera una preocupación legítima del gobierno nacional acerca de los nuevos desafíos que plantean el delito y la violencia en nuestras sociedades?”, se preguntó tras citar declaraciones de los medios que la acusaban de negar la inseguridad. “Invito a propios y ajenos, incluso a los más reticentes y hasta enojados con nosotros, al ejercicio de recorrer nuestro sitio web para comparar nuestra agenda de gestión con la que instala alguna prensa interesada”.

Luego, la ministra destacó que esas críticas tienen como propósito “ocultar nuestros resultados concretos en la prevención y lucha contra el crimen”. Entre los avances, Garré mencionó la disminución de homicidios por planes como Cinturón Sur, que integró a la Gendarmería y a la Prefectura en la protección y el control de “la zona más olvidada por las políticas del gobierno porteño”. Frente a esto, Guillermo Montenegro, su homólogo en la Ciudad, contestó en Radio 10 que allí también intervienen efectivos de la Policía Metropolitana y que gracias a todo ello, “Barracas ya no es un pueblo abandonado sino una zona cara”.

El plan Cinturón Sur implicó a 2.500 agentes de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional, que llegaron a los barrios para patrullar las calles y acompañar a las comunidades. Los 1.100 efectivos de la Policía Federal, que estaban a cargo de esa tarea, fueron reasignados a comisarías de otras zonas.Los medios de comunicación, entonces, dijeron que la merma de inseguridad en los barrios del sur era una especie de ficción que sólo significaba el aumento de delitos en otras zonas, antes seguras. Según cierta prensa, el crimen se había desplazado.

La semana pasada, Cosecha Roja publicó una investigación que explicaba una reciente oleada de asaltos en Palermo y Recoleta, dos de los barrio más caros de la ciudad. “Lo que sospechamos -dice uno los funcionarios judiciales que sigue la seguridad en la zona al detalle- es que detrás de los robos hay una huelga de brazos caídos de los comisarios investigados por enriquecimiento ilícito”.

La ministra destacó el avance tecnológico en la prevención del delito: “En la Capital Federal instalamos 1.200 cámaras de seguridad enlazadas a cinco centros de monitoreo de última generación por 500 kilómetros de fibra óptica, las que arrojaron resultados desde el momento de su instalación, haciendo más oportuna la intervención policial”.

La refutación de Montenegro continuó en que “podemos hacer un esfuerzo pero es el gobierno nacional el que debe marcar el rumbo de las políticas públicas de seguridad”. Ello parece ser eco de otros párrafos de la ministra Garré que proponen la participación ciudadana y de distintos organismos públicos como “aportes indispensables para la gestión estatal de la seguridad”.

Nilda Garré también resaltó la gestión en la Provincia de Buenos Aires y en otros territorios del país. “Hemos desplegado más personal en las calles, apoyamos al conurbano bonaerense con 6.000 gendarmes del operativo Centinela, reforzamos la lucha contra el narcotráfico en el norte argentino con los operativos Escudo Norte, Vigía y Plan Aguila”.

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