Cosecha Roja.-
Ayer hubo varias novedades en el caso Marita Verón. La primera fue la presentación de apelación a la sentencia que absolvió a los 13 imputados por el secuestro y la desaparición de la joven tucumana. Además, la comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial aceptó hoy por unanimidad el pedido de destitución presentado por Susana Trimarco para los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina.
El recurso de casación fue presentado por el abogado Carlos Garmendia ante la sala II de la Cámara Penal, la misma que dictó el fallo, y que deberá decidir si la aceptan o rechazan. En caso que se avance en la apelación, el expediente será girado a la Corte Suprema provincial para el análisis de la cuestión de fondo.
Uno de los argumentos de la querella es que los jueces demostraron un “razonamiento ilógico” ya que descartaron las declaraciones de testigos de identidad reservada. Muchos de los testigos del caso habían sido víctimas de trata de personas que habían sometido a prostitución y afirmaron haber visto a Marita en prostíbulos de La Rioja y Tucumán que eran manejados por los acusados.
El Código Procesal Penal de Tucumán determina que los jueces tendrán tres días para evaluar si el escrito cumple con los requisitos de presentación. Pero los magistrados podrían excusarse de intervenir ya que Trimarco impulsa un juicio político en su contra. Si se acepta la querella girarán el expediente a la Corte Suprema de Justicia provincial. Los magistrados están acorralados legalmente, ya que si rechazan el planteo recursivo, podrán acudir directamente a la Corte provincial. En paralelo a las presentaciones de la querella, la fiscalía que interino en la causa también pedirá la apelación de la sentencia.
Después de que la Comisión de Juicio Político aceptara el pedido de destitución de los jueces hecho por los abogados de Trimarco, los magistrados tendrán 15 días para realizar sus descargos.
“Una vez hechos los descargos, se va a analizar las presentaciones y decidir si avanza con el juicio político. En caso que se avance la Comisión del Juicio Político se va a transformar en órgano acusador y se va a dar paso al jury de enjuiciamiento”, dijo Carlos Garmendia, abogado de Trimarco. El jury estará conformado por cinco legisladores, un representante del poder ejecutivo, uno del poder judicial y otro del colegio de abogados.
Para Garmendia, apenas fue el primer paso: “Es importante que Alperovich, el gobernador de Tucumán, haya mostrado voluntad política para enjuiciar a los jueces. La mayor muestra de voluntad fue que no le haya aceptado la renuncia y el pedido de retiro a Herrera Molina. El juez pidió su retiro días después del polémico fallo. Quería evitar el juicio político, pero ahora va a tener que afrontar su responsabilidad ante la justicia”.
Guillermo Gassenbauer, uno de los legisladores oficialistas que integra la comisión, cree que el pedido de juicio político es admisible porque es un tema que “la sociedad en general reclama que se esclarezca. Nos parece necesario que los jueces contesten y respondan a las acusaciones que se les están haciendo”.
La comisión de Juicio Político volverá a reunirse en los primeros días de marzo para recibir el descargo de los jueces y elaborar un dictamen en torno a la acusación.
“Susana esta con expectativas”, dice Garmendia. “Sigue trabajando con la misma intensidad de todos los días. Tenemos por delante unos seis meses definitorios. Veremos que dice la justicia”.
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