Mónica vive en la provincia de Misiones y tiene una enfermedad congénita. Por eso sufrió cinco abortos espontáneos. En el último, al sexto mes de embarazo, el médico le indicó que se realizara una ligadura de trompas y ella estuvo de acuerdo. Se internó pero no la operaron porque “el quirófano no estaba preparado”.  Le dieron el alta sin que la cita fuera reprogramada y sin ofrecerle ningún método anticonceptivo alternativo. Volvió a quedar embarazada. El bebé nació a las 27 semanas, pesó 1700 gramos y padece retraso madurativo.

Más tarde llegó al hospital embarazada otra vez, de diez semanas. Allí sabían sus antecedentes, pero la mandaron a hacer estudios, que tardaron siete semanas en concretarse. El 4 de agosto, el Ateneo Multidisciplinario del Hospital San Roque concluyó de forma unánime que “en aras de proteger la vida de la paciente, resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo”.  Mónica expresó por escrito su consentimiento.

Unos días después, mientras era preparada para entrar al quirófano, irrumpió un médico diciendo que lo que le iban a hacer “era un crimen” y que denunciaría a sus colegas. Logró cancelar el procedimiento y la sometió a nuevos exámenes cardiológicos por parte de médicos que accedieron a su historia clínica sin su consentimiento. Nadie recibió una sanción por hacerlo.

Ordenaron derivarla al Hospital Posadas de la Provincia de Buenos Aires, a 1250 kilómetros de su casa. Sola, fue internada allí y dio a luz por cesárea. A los ocho días sufrió un accidente cerebro vascular. Su patología congénita no corregida, la imposición de continuar con un embarazo que ella había pedido interrumpir, la cantidad de medicamentos que le dieron en la última etapa del embarazo y el estar internada contra su voluntad y separada de su familia, fueron todas causas que contribuyeron al ACV que le dejó paralizado el lado izquierdo del cuerpo. Estuvo internada durante más de seis meses. Hoy padece secuelas permanentes. No puede mover la mano, tiene poca movilidad en una de las piernas y teme salir a la calle.

El informe “El estado como “aparato reproductor” de violencia contra las mujeres y tortura y malos tratos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe”, realizado por Amnistía Internacional da cuenta de una cifra tremenda:  unas 760.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros.

El Salvador está entre uno de los ocho países del mundo donde las muertes maternas se han incrementado desde 2003. En la Argentina, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde 1980. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, durante 2013 en Argentina murieron 243 mujeres por causas relacionadas al embarazo.

Desde 1980, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa en 17 de las 24 provincias argentinas. Además, se calcula que más de 60.000 mujeres tienen que ser internadas en un hospital público por consecuencias de abortos realizados en condiciones inseguras. La mayoría de ellas proceden de entornos con pocos recursos económicos o ingresos bajos.

En los hospitales públicos de la Argentina, según el Ministerio de Salud, se registran 53.000 internaciones por abortos al año. Del total, cerca del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. La falta de datos precisos y confiables sobre las internaciones hospitalarias y los indicadores de fertilidad y reproducción, dice Amnistía Internacional, impactan de forma negativa en la estimación de los abortos.

“La penalización no disminuye el número de abortos y en cambio provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas porque empuja a las mujeres y niñas a la clandestinidad, poniendo sus vidas y salud en peligro. América Latina y el Caribe tienen el porcentaje estimado más alto de aborto inseguro en el mundo”, explica Amnistía.

“Sin embargo, sigue siendo un crimen en gran parte de la región, con pocas excepciones, porque dadas las imposiciones religiosas y morales que intervienen en la ley y las políticas, se ha dado prioridad a la protección absoluta o casi absoluta del feto, incluso a costa de los derechos a la vida, la integridad y la salud de las mujeres y niñas. Esa protección está fuertemente influenciada por la idea de “que la vida es sagrada y debe ser protegida desde la concepción” de las iglesias católicas y evangélicas, cuyas jerarquías tienen enorme influencia en la región y los Estados”.

El caso de Mónica es apenas un ejemplo. Cómo ella hay cientos de miles, en Argentina y en todo el continente: el 97% de mujeres en edad reproductiva que habitan la región, lo hacen en países donde el aborto es perseguido por la ley.

Foto: Facundo Nívolo

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