Los ocho rugbiers volvieron a Villa Gesell después de 26 días.
—Asesinos, asesinos —les gritaban los vecinos cuando llegó el micro de Servicio Penitenciario al Juzgado de Garantías 6°.
Muchos de ellos, con reposeras y bolsos en la mano, suspendieron por un rato el día de playa para ver la escena en la puerta del Juzgado.
En la sala había 13 personas: los ocho detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, el juez David Mancinelli, su secretaria, la fiscal Verónica Zamboni, el abogado Fabián Améndola -representante de la familia- y el abogado defensor Hugo Tomei.
—Ninguno dijo estar arrepentido —explicó Améndola a la salida.
El abogado explicó su pedido: que a la imputación de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” se le sume los agravantes de “alevosía” y “homicidio por placer”.
Améndola hizo un pedido público: que se acerquen todas aquellas personas que hubieran sido atacados antes por este grupo.
—Para establecer que el hecho que termina con la muerte de Fernando no es un hecho aislado, no es una cuestión circunstancial, era el modo de proceder de todo el grupo de ir a buscar víctimas a los boliches.
Eso, explicó, confirmaría que mataron por placer. Pero no es la única prueba: se suma el hecho de haber filmado el ataque y los videos que muestran cómo se abrazan y celebran después de la paliza. El homicidio por placer es un agravante tipificado en el artículo 80 inciso 4° del Código Penal y eleva la pena a perpetua. En este caso no altera la expectativa de pena: el homicidio agravado por concurso premeditado también prevé una condena a perpetua.
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La querella también reclamó que se investigue al supuesto “integrante número 11” del grupo, un joven que aparece en uno de los videos abrazándose con los rugbiers después de matar a Fernando.
La audiencia, que debía ser oral y pública, no fue televisada. El juez dijo que la sala era muy chica y no había lugar para los periodistas. Tampoco les permitió a los padres de los detenidos presenciarla.
La fiscal Verónica Zamboni defendió su pedido de prisión preventiva para los ocho rugbiers detenidos por el crimen porque existen “indicios” de “peligro de fuga” y posibilidad de “entorpecimiento probatorio”. “Los imputados se fugaron de la escena del crimen, pretendiendo la impunidad del hecho”, había escrito en su pedido de prisión preventiva. En ese mismo escrito la fiscal había pedido la libertad de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino por falta de pruebas en su contra.
El abogado defensor no discutió las pruebas ni la imputación. Se limitó a reclamar la prisión preventiva para los ocho acusados. Se basó en la presión mediática que los pone en peligro si siguen detenidos en un penal.
A las 11:19 el colectivo partió hacia Dolores. Máximo Thomsen (20), Ciro (19), Luciano (18) y Lucas Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20) y Blas Cinalli (18) iban acompañados por ocho agentes del servicio penitenciario: uno por cada uno de ellos. Los rugbiers con la cabeza gacha, evitando ser captados por la hilera de cámaras de televisión que los esperaban afuera.
