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Por Darío Martelotti

El sábado 15 de julio de 2017 Cristian “Paragüita” Toledo, de 25 años, volvía de bailar en auto con Carlos y Daniel, dos amigos de la Villa 21-24. Él iba en el asiento del acompañante. Al llegar al cruce de la avenida Vélez Sarsfield y Alvarado, en pleno barrio porteño de Barracas, se detuvieron ante la luz roja del semáforo. Discutieron con el conductor de un auto gris que estaba más atrás. La ventanilla del “Paragüita” no andaba, así que bajó del auto y volvió a subir cuando el semáforo se puso en verde. Eran cerca de las ocho. Ya era de día en esa zona de árboles y casas bajas. Un chirrido de gomas los sorprendió: el auto gris había acelerado hasta alcanzarlos. El conductor bajó la ventanilla y disparó una y otra vez hacia ellos. El arma era una Browning 9mm, la pistola reglamentaria de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación demostró que del arma de Adrián Gustavo Otero, miembro del Cuerpo de Bomberos de la fuerza policial, salieron ocho disparos. Aunque Daniel escuchó más de veinte. Una de las balas entró por el tórax de Cristian y lo mató. Las demás impactaron en la ventanilla, el guardabarros trasero y otras partes del auto. “Fue una cacería”, recuerda el hermano menor de Cristian, Domingo Toledo, y dice que la Policía no pudo implantar un arma por los testigos y la movilización popular que se organizó ese mismo día y sigue hasta hoy, en busca de justicia.

Cuando llegó un patrullero, Otero dijo que habían intentado robarle y había actuado en “legítima defensa”. Daniel y Carlos fueron llevados a la Comisaría 30 como delincuentes y permanecieron detenidos hasta que fueron liberados por la gran cantidad de vecinos y vecinas del barrio que se movilizaron. Domingo recuerda que la Policía tuvo que cortar las calles y vallar el edificio.

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“Mi hermano no era como yo, era más sociable”, cuenta a Cosecha Roja. “Un pibe bueno, no tenía maldad. Le encantaba jugar al fútbol, cuanto más le pegaban más encaraba. Era crack”, suelta con una sonrisa. “Trabajaba toda la semana en una ferretería, y los fines de semana salía a bailar, jugaba en el potrero. Todos lo querían. El fútbol era su pasión”.

A la semana del asesinato, familiares, amigos y vecinos de “Paragüita” se movilizaron al Ministerio de Justicia. Fueron más de 300. A Domingo le cuesta recordar fechas y lugares de esos días, pero sí se acuerda patente de una frase del director del lugar que los recibió: “Dijo que el cana tenía una foja intachable”.

Según las estadísticas de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la Policía de la Ciudad –fuerza inaugurada en enero de 2017 fruto de la fusión de la Metropolitana con la Federal- terminó su primer año con 24 casos de gatillo fácil o fusilamientos (la Metropolitana protagonizó 20 asesinatos registrados en ocho años de existencia). El caso de Otero es el primero en ser llevado al banquillo, gracias a la lucha sostenida de la comunidad del barrio y organizaciones sociales.

El asesinato de Cristian “Paragüita” Toledo responde al típico caso de gatillo fácil: un joven varón, habitante de una barriada popular. Como sostiene CORREPI en su Archivo Anual 2017 de la Situación Represiva: “La selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase”. El gatillo fácil es sólo una de las modalidades de la represión estatal, pero es la que más fuertemente se descarga como control social sobre los sectores más vulnerados de la sociedad. Y se agudiza con la Doctrina Chocobar y el vía libre a las fuerzas por parte de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Las políticas de ajuste, despidos y destrucción del tejido social retroalimentan esta profundización del modelo represivo. En los primeros dos años de Gobierno, Cambiemos produjo el mayor pico represivo desde 1983, con la escalofriante cifra de un muerto cada 23 horas a manos de las fuerzas policiales (725 en todo el país en apenas 721 días).

“Otero fue en todo momento consciente de su conducta. Desde el momento en que el Paragüita subió al auto de Daniel, disparó en varias ocasiones hacia los tres jóvenes y tuvo tiempo y plena atención al acto que realizaba. Llegó incluso a cambiar el cargador de su arma reglamentaria y siguió disparando, con la clara intención de terminar con sus vidas”, señaló a Cosecha Roja la abogada por la querella y militante de CORREPI Micaela Corzo, quien destacó la lucha y la organización para llegar al juicio que comienza hoy e insistió que no hay otra condena posible que la condena perpetua. “Sólo su mala puntería evitó ese desenlace”, dijo.

Otero va a ser el primer policía de la Ciudad en ser juzgado por homicidio agravado en concurso real con el homicidio agravado en grado de tentativa en dos ocasiones, todos agravados por su condición de policía.

El fin de semana Domingo fue a la feria del barrio a entregar volantes para difundir el comienzo del juicio y convocar a los vecinos y vecinas frente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1 en Talcahuano 550. “No tiene sentido quitarle la vida a un ciudadano. Mató porque tenía ganas de matar. Lo que pedimos es que la muerte de mi hermano no quede impune. Que se lo juzgue sin ningún beneficio como lo que es: un asesino”.