Después de cuatro años de una relación en la que soportó todo tipo de violencias, el 24 de mayo Sara, de 45 años, se separó de su pareja, Flavio Avilez. Con la segunda denuncia por violencia intrafamiliar -la primera había sido en 2019- ella logró una medida cautelar de alejamiento.
El 3 de junio, Avilez violó esa orden judicial y entró a la casa de Sara, en la localidad de Raúl Marín de Balmaceda, un pueblito de 250 habitantes en la comuna de Cisnes, Región de Aysén. Llegó borracho. Le pidió cigarrillos y empezó a insultarla. Le gritó y le preguntó varias veces si ella estaba con otro hombre.
-Te voy a matar- Le dijo y fue a buscar el hacha, una herramienta infaltable en las casas de la región, que se calefaccionan con leña.
Sara agarró lo que tenía a mano para defenderse: un cuchillo. Cuando él se le acercó, lo apuñaló en el tórax.
Avilez caminó unos pasos hacia afuera de la casa y se desplomó. Sará pidió ayuda a los gritos. A él lo trasladaron hasta una posta sanitaria y murió horas después.
A ella se la llevaron detenida y la trasladaron a un asentamiento penitenciario en Coyhaique, la capital de la región de Aysén. Estuvo totalmente aislada durante una semana allí, a más de 350 kilómetros de su casa. Sin asistencia psicológica.
Sara quedó imputada por parricidio: una figura que en Chile tiene penas de más de 10 años. La defensora oficial logró que le permitan la prisión domiciliaria hasta que termine la etapa de instrucción que será a fines de agosto. A Sara la trasladaron a su casa en ese pueblo pequeño y aislado donde todxs se conocen y donde se siente amenazada por la familia de su ex. No tiene ningún tipo de protección por parte del Estado.
A partir del caso de Sara, diversas agrupaciones y colectivos feministas chilenos se articularon para pedir su absolución por la legítima defensa en la que actuó. Con el hashtag #YoTambiénMeDefendería lanzaron una campaña donde denunciaron la desprotección total del Estado a las mujeres víctimas de violencias.
El caso de Sara, aseguran desde la Red Feminista Regional de la Región de Aysen, es un ejemplo más de cómo las herramientas que da el Estado en casos de violencia de género son inútiles: el cumplimiento de las medidas cautelares no es controlado, los dispositivos (como botones antipánico) no funcionan o carecen de señal en pueblos alejados como Balmaceda.
“Si las herramientas que brinda el Estado fueran eficaces, Avilez no hubiese podido intentar matar a Sara y Sara no hubiera hecho lo que hizo. Todo falló”, dice Danae Aravena, vocera de la Red.
Adelina Tello Vera, otra de las voceras agregó: “Nos hemos articulado no sólo con grupas de la región, sino de todo el territorio chileno y de otros países. Eso demuestra que lo que nosotras sufrimos en este territorio es una realidad muy similar a la de otras mujeres”.
La campaña no es la única acción. También se organizaron para acompañar a Sara desde lo emocional y están pendientes de su estado. “Ante la ineficiencia del Estado y sus instituciones que nos violentan, somos las organizaciones feministas las que nos levantamos y luchamos para proteger y acompañar a las víctimas”, dijo Tello Vera.
