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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que las ejecuciones son la segunda causa de muerte en México, de acuerdo con el diagnóstico hecho por el gobierno entrante, además de que el país enfrenta un alto nivel de violencia y es el problema más importante a resolver.

En la segunda sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública, en la que fungió como moderador, Osorio Chong reportó un incremento de los delitos por encima de 60 por ciento en los últimos seis años y lamentó que la caída de los grandes líderes de los cárteles haya provocado que se pasara “de un esquema de liderazgos verticales a uno horizontal, que los hace más violentos y mucho más peligrosos”.

A esto se suma la impunidad de los criminales. Sólo ocho de cada 100 delitos se denuncia y de ellos, 15 por ciento se resuelve; es decir, solo una de cada cien violaciones a la ley se castiga.

Al presentar junto con el procurador general de la República Jesús Murillo Karam, un diagnóstico de la situación del país en materia de seguridad y justicia, Osorio Chong también apuntó que a pesar de que aumentaron los recursos destinados a la seguridad en más de dos veces, la criminalidad también se incrementó.

Según la contabilidad del INEGI, México pasó de 10 mil 253 homicidios dolosos en 2007 a 22 mil 480 en 2011.

El gobierno entrante calcula de manera extraoficial en 70 mil, los muertos relacionados con el crimen organizado y nueve mil cuerpos sin identificar.

En noviembre, antes de finalizar el gobierno calderonista, se tomó la decisión de no contabilizar las muertes relacionadas con el crimen organizado para “no prejuzgar” sobre las características del homicidio de una persona, según informó Óscar Vega, entonces titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La PGR, “desarticulada”
En el caso de la PGR la evaluación también fue desfavorable. Murillo Karam admitió que las averiguaciones previas en dicha dependencia “perdieron el propósito central de la investigación y lo tuvimos que cubrir con medidas extraordinarias que han producido un efecto perverso, al convertirse en mecanismos casi únicos de consignación, violentando, con frecuencia, derechos fundamentales”.

De acuerdo con el procurador general, el surgimiento de una delincuencia con poder y dinero provocó una situación de emergencia que obligó a actuar con base a la coyuntura, lo que derivó en acciones desarticuladas.

Además, dijo, la PGR arrastra una estructura que no corresponde a la realidad actual. Según Murillo, fue acondicionándose de manera desordenada, provocando una fragmentación descoordinada que impide el ejercicio de su función.

“A todo esto, y efecto de lo mismo, se produjo un incremento en la calidad de policías y ministerios públicos. En la prisa, no logró la calidad de sus elementos ni en el mejoramiento de los procedimientos con, por lo menos, la suficiencia para enfrentar una delincuencia creciente en posibilidades y recursos”, lamentó.

Murillo señaló que los avances en la modificación del Sistema de Justicia Penal son insuficientes para alcanzar su aplicación correcta para 2016, como lo estipula la reforma constitucional de 2008.

Y concluyó: “Aunado a todo esto, el sistema penitenciario, además de insuficiente, perdió la característica, por más utópica que parezca, de la reinserción social. Hoy a los Centros de Readaptación Social no se les da la suficiencia para poder atender”.