travestis Diego Lereah

Claudia Córdova ya no está más en la cárcel. La defensa, a través de un hábeas corpus, logró que le restituyeran el arresto domiciliario después de la condena a cinco años de prisión por “comercialización de estupefacientes”. Hoy diferentes organizaciones que defienden la diversidad sexual llenaron la plaza San Martín de La Plata para repudiar el fallo del juez Juan José Ruiz. Marcharon hasta la fiscalía de Martín Chiorazzi, que impulsó la condición extranjera de la travesti como un agravante del delito.

La semana pasada la Comisión por la Memoria había hecho un pedido de jury para el juez Ruiz. Durante la marcha de repudio, el Frente de Organizaciones LGTB y la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina exigieron la pronta liberación de Córdova y el juicio político de los funcionarios que impulsaron el fallo. Insisten con que hubo irregularidades en el proceso policial: “Está claro que los 1,6 gramos de cocaína que se le encontraron a Claudia son de tenencia simple”, dijo a Cosecha Roja Valentina Pereyra, integrante de OTRANS La Plata.

“Tenemos tiempo para apelar hasta el 30 de mayo”, dijo a Cosecha Roja la abogada Josefina Rodrigo. Algunas organizaciones respaldarán a la defensa presentándose como “amicus curiae” en la causa. Los agravantes xenófobos les sirvieron “para darle voz a la estigmatización y al acoso policial recurrente que sufren las travestis de la zona roja”. Pidieron, además, la no criminalización y la salud integral para todas sus compañeras.
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Claudia Córdova, una travesti peruana, fue condenada en La Plata a más de cinco años de cárcel por tenencia de cocaína. La justicia utilizó su nacionalidad como “agravante del delito” y justificó la sentencia diciendo que intentaba comercializar la droga: ella tenía apenas 1,6 gramos, una dosis mínima. “Es un fallo aleccionador y transfóbico”, dijo a Cosecha Roja Claudia Vázquez, directora de la Asociación Civil Otrans.

Córdova cumplía la prisión preventiva en su casa. Cuando terminó la audiencia, la trasladaron a la Comisaría 9 de La Plata. La defensa presentó un hábeas corpus para que vuelva al arresto domiciliario: ella todavía goza de la presunción de inocencia hasta que esté firme la condena. “La condenaron a cinco años sin argumentos. Vamos a trabajar muy fuerte para que revoquen la sentencia”, dijo a Cosecha Roja la abogada Josefina Rodrigo.

El juez Juan José Ruiz se basó en la Constitución Nacional para no aplicar la “igualdad ante la ley”. Usó frases del Preámbulo y del artículo 21 para sostener que su decisión de agravar el delito por la condición de extranjera no es xenófoba. Según citó el magistrado, “se podrá restringir, limitar, y gravar la entrada y permanencia de aquellos extranjeros que en vez de venir a labrar la tierra, esto es a trabajar, vengan robar; en vez de venir a mejorar las industrias, vengan a fabricar y traficar con el veneno (droga); en vez de venir a instruir y enseñar, vengan a asesinar y violar, porque con tales actos, no se afianza la justicia, no se consolida la paz interior ni la unión nacional”.

Para Vázquez Haro, el uso de la Constitución es “erróneo” y no alcanza para probar el delito. “Él cree que con eso se va a cubrir, pero vamos a hacer una denuncia y le va a costar un juicio político”, dijo la dirigente.

Claudia Córdova había llegado a La Plata cinco años atrás. Participaba con otras chicas peruanas de los encuentros de Otrans. Nunca terminó el secundario y, si hubiera conseguido un trabajo formal, hubiese dejado la prostitución. “Desde el inicio del procedimiento judicial, hubo una mirada prejuiciosa sobre las mujeres travestis, pobres y peruanas”, dijo a Cosecha Roja Rodrigo. La noche en que la detuvieron, llevaba 1,6 gramos de cocaína. Su abogada explicó que la dosis mínima indicaba que sólo era para consumo personal. “La policía dice que algunas chicas venden, pero no hay indicios de que Claudia sea una de ellas”, contó.

El colectivo Otrans y otras organizaciones que defienden la diversidad sexual se juntarán hoy en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata para tomar decisiones frente a esta medida. Luciana Sánchez, abogada e integrante del grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalizacion del Aborto, presentará el caso frente al Relator de las Naciones Unidas contra el Racismo y la Xenofobia, que visitará la Argentina la próxima semana. “Nos parece que este tipo de argumentos que da el juez son causal de remoción. No interpreta la Constitución, ni respeta el Tratado de Derechos Humanos incorporado en la reforma de 1994”, dijo a Cosecha Roja.

Sánchez comparó el desempeño de Ruiz con el de los jueces de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo. En 2015, le redujeron la pena a tres años y dos meses a un violador. El cambio de la calificación fue de “abuso sexual gravemente ultrajante” a “abuso sexual simple” y lo justificaron: el niño abusado tenía “conductas homosexuales”.

Foto: Diego Lereah