Fernando Argüello tenía 33 años. Lo detuvieron el 25 de octubre por un delito con una expectativa de pena baja: tenencia ilegal de estupefacientes para la venta. El 15 de noviembre los detenidos de la celda 1 de la comisaría 3a de Esteban Echeverría iniciaron un fuego a modo de protesta. La comisaría, que estaba clausurada para alojar detenidos desde 2011, no tenía red de prevención de incendios ni colchones ignífugos y los dos matafuegos que había tenían vencidas las cargas. El martes, después de pasar 26 días internado en el Hospital Eva Perón, Fernando se convirtió en el décimo preso muerto por el incendio.
La comisaría 3a de la localidad de Transradio, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, tenía siete clausuras: seis por orden judicial y una por resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia. Si hubiera estado habilitada como máximo podría haber alojado 10 detenidos. La madrugada del 15 de noviembre había 27: doce en la celda 1, donde se inició el fuego; nueve en la dos; cinco en un buzón de castigo y uno que había sido aprehendido el día anterior estaba en la cocina con un guardia.
Según la versión policial el fuego se inició después de que los guardias descubrieran un supuesto intento de fuga. Según contaron algunos sobrevivientes habría comenzado después de una discusión entre internos: los guardias amenazaron con cortar la luz y ellos respondieron quemando colchones.
El fiscal Fernando Semisa, de la UFI 4 de Esteban Echeverría, especializada en violencia institucional, puso el foco en los detenidos que habrían iniciado el fuego. “Hay que enfocarse en las condiciones materiales de detención, que es lo que determina que un suceso tenga este resultado -explicó a Cosecha Roja la directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque-. En la celda había doce personas en doce metros cuadrados (cuando no debería haber habido más de cuatro), dormían de a dos en cada colchón, no tenían provisión de agua de manera regular y algunos de ellos hacían sus necesidades en bolsas que después eran sacadas de la celda. Los colchones eran de goma espuma, un material prohibido por su alta combustibilidad y los matafuegos no estaban en condiciones.
El cuartel de Bomberos está junto a la comisaría. Eso permitió que pudieran intervenir rápido. Cuando lograron apagar el fuego había tres muertos: Eduardo Rogelio Ocampo, de 59 años; Jeremías Aaron Rodríguez, de 20, y Jorge Luis Ramírez, de 30. Juan Bautista Lavarda, de 60 años, murió unas horas después en el Hospital Santamarina de Monte Grande. En los días siguientes murieron otros cuatro presos que estaban internados.
A Carlos Ariel Corvera, de 25 años, lo habían detenido en julio cuando intentaba robar una cortadora de césped en un supermercado. Tres semanas antes del incendio lo habían trasladado a la comisaría 3a. Mientras estaba internado el Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Lomas de Zamora dictó su excarcelación. Crovera no volvió a pisar la calle: murió una semana después en el calabozo del Hospital Eurnekian de Ezeiza.
Solo dos de los doce detenidos de la celda lograron sobrevivir: Rodrigo Leonel Osuna, de 22 años, y Blas Javier Vera Martínez, de 18, que siguen con tratamientos ambulatorios por las quemaduras.
A partir de un pedido que hizo la Comisión Provincial por la Memoria, representante de las familias de varios de los presos fallecidos, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría la madrugada del incendio: el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco.
El lunes 10 de diciembre representantes de la CPM se reunieron con familiares de las víctimas en Esteban Echeverría.
José Luis Ramírez contó que nadie le avisó que unos días antes del incendio su hijo Jorge había sido trasladado a la comisaría. Se enteró de su muerte a través de los medios.
—Mi hijo estaba hacía nueve meses en esa comisaría esperando el cupo en otro lugar —contó Carina, la mamá de Jere Rodríguez—. Su condena fue la muerte.
—Mi hijo estaba desde hacía dos meses en Transradio esperando cupo en un penal. Yo quería que mi hijo saliera mejor de ahí, no peor. Y termino siendo asesinado —dijo la mamá de Elías Soto.
Según informó la CPM hay 4129 personas alojadas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, un 26 por ciento más que el año pasado. Durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la Gobernación las condiciones de detención en la provincia se agravaron: las detenciones en comisarías aumentaron un 121 por ciento. “De las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas. Pese a ello, se desobedecen las órdenes judiciales y administrativas de clausura y en 118 aún se siguen alojando detenidos de manera ilegal”, explicaron desde el organismo.
